Venezuela, en "estado de excepción": controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

Rige en Venezuela el denominado "estado de excepción", que ya comenzó a sentirse en las calles de Caracas y otras ciudades del país. El nuevo marco legal, dispuesto en medio de la crisis abierta tras la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro, trajo consigo un endurecimiento del control estatal, con puntos de control, detenciones preventivas y revisiones de teléfonos celulares como primeras señales visibles de su aplicación.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial con fecha 3 de enero, el mismo día en que Maduro fue capturado en Caracas luego de una serie de ataques estadounidenses contra instalaciones militares. La norma declara el estado de conmoción exterior por 90 días, prorrogables, y ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la militarización de infraestructuras críticas -incluidos los servicios públicos y la industria petroler- y la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo.

Entre esas atribuciones se encuentran la requisición de bienes, el cierre de fronteras, la restricción de la circulación y la posible suspensión de manifestaciones, en un país atravesado por una fuerte inestabilidad política e institucional.

La tensión escaló pasada la medianoche del lunes, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, difundió un video rodeado de agentes armados con fusiles de asalto y anunció el inicio de patrullajes intensivos en todo el territorio para “garantizar la paz”. En simultáneo, vecinos de Caracas reportaron el despliegue de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana y un control estricto de la movilidad urbana, una postal que profundizó el clima de incertidumbre.

Según testimonios recogidos en la capital venezolana, efectivos de seguridad detienen a peatones y conductores, los obligan a descender de los vehículos y revisan sus teléfonos celulares en busca de mensajes, audios o publicaciones que expresen apoyo a los ataques de Estados Unidos o a la captura y posterior extracción de Maduro. En ciudades como Maracaibo y Barquisimeto también se observó un refuerzo policial, aunque sin presencia de blindados.

Quiénes pueden ser detenidos

Bajo el nuevo régimen de excepción, el Estado queda habilitado a detener a quienes incumplan las restricciones de circulación, participen en concentraciones no autorizadas o sean considerados sospechosos de alterar el orden público o de afectar infraestructuras críticas ahora bajo control militar. El gobierno interino justificó la medida como una respuesta necesaria para “proteger los derechos de la población y el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas” frente a lo que definió como una agresión externa.

El decreto se apoya en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite declarar el estado de conmoción interior o exterior cuando un conflicto pone en riesgo la seguridad nacional. La normativa fija una duración inicial de hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por un período igual, y establece límites formales: no pueden suspenderse derechos intangibles como el derecho a la vida, el debido proceso, la prohibición de la incomunicación o la tortura y el derecho a la información.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron inconsistencias institucionales. La ONG Acceso a la Justicia señaló que el mismo día en que se firmó el decreto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. A pesar de ello, el texto del estado de conmoción exterior aparece suscripto por Maduro, lo que abre interrogantes sobre su validez formal.

Periodistas detenidos y expulsiones

Al clima de control reforzado se sumaron denuncias por detenciones de periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 14 trabajadores de medios fueron detenidos y luego liberados durante un operativo desplegado mientras se juramentaba la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Rodríguez asumía como presidenta interina.

Los arrestos ocurrieron en las inmediaciones del Palacio Legislativo y, según el gremio, entre los afectados había 11 corresponsales y colaboradores de medios internacionales. Los comunicadores fueron sometidos a interrogatorios y a la revisión forzada de sus teléfonos móviles. Aunque todos recuperaron la libertad horas después, uno fue deportado a Colombia.

El SNTP confirmó que los restantes se encontraban en buenas condiciones cerca de la medianoche del lunes y advirtió que, durante la cobertura, las fuerzas de seguridad impusieron una prohibición estricta de transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías. El sindicato recordó además que 23 periodistas permanecen detenidos de forma prolongada en Venezuela.

En paralelo, el periodista italiano Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN, fue detenido y expulsado del país al arribar el lunes al aeropuerto de Caracas. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia ANSA, Pozzebon permaneció retenido durante varias horas antes de ser embarcado en un vuelo hacia Colombia, pese a contar con permiso de residencia en Venezuela, donde había trabajado previamente en diciembre.