06 Enero 2026
CONGRESO. Tras una extensa sesión marcada por intensas negociaciones, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto 2026. / ARCHIVO LA GACETA
La aprobación del Presupuesto 2026 marcó uno de los cierres legislativos más tensos del año pasado. Aunque el oficialismo logró imponer su proyecto en el Congreso, algunos artículos generaron un fuerte rechazo fuera del recinto.
Uno de esos puntos ya llegó a la Justicia. Dos estudiantes secundarios presentaron un amparo para frenar la entrada en vigencia de una norma que modifica el financiamiento de la educación técnica y del sistema científico.
La causa se tramita en la Ciudad de Buenos Aires, pero el debate excede lo judicial. El reclamo vuelve a poner en agenda el impacto de las decisiones presupuestarias sobre el acceso a la educación y el futuro de la formación técnica en el país.
Un amparo impulsado por estudiantes
El recurso fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 por dos adolescentes, con el patrocinio de un abogado. El pedido busca suspender el artículo 30 de la ley de Presupuesto 2026.
Uno de ello tiene 17 años y cursa la orientación Maestro Mayor de Obras en la Escuela N°36 Guillermo Brown. Mientras que una joven de 16, estudia en la Escuela Técnica Raggio. En la presentación se detalla que sus trayectorias familiares están vinculadas históricamente a la educación técnica y al trabajo en ese sector.
Según el escrito, el artículo cuestionado resulta inválido desde el punto de vista constitucional, ya que vulnera derechos reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Qué cambia el artículo 30 del Presupuesto 2026
El texto judicial sostiene que el artículo 30 eliminó disposiciones centrales sobre el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y de la Educación Técnico Profesional. Entre otros puntos, se derogó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba una inversión mínima del 6% del PBI para educación.
También se dejó sin efecto el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, una herramienta clave para sostener escuelas técnicas, equipamiento y programas de formación.
La presentación advierte que, en los últimos dos años, la educación técnica sufrió un recorte del 93% en términos reales. Para 2026 se asignaron alrededor de 11 mil millones de pesos, muy lejos de los 322 mil millones que surgirían del porcentaje previsto por la ley de ETP.
Los argumentos constitucionales del reclamo
Entre los fundamentos, el amparo señala que una ley de presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales, ya que su función es autorizar gastos e ingresos para un ejercicio determinado.
Además, se argumenta que el artículo viola el derecho a la educación consagrado en los artículos 14 y 75 de la Constitución Nacional, que incorporan tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El escrito sostiene que el Estado no puede retroceder en derechos que ya estaban garantizados. Desde esa perspectiva, la eliminación de los pisos mínimos de financiamiento implica un recorte deliberado sobre una política pública consolidada.
Para los denunciantes, sin recursos suficientes el derecho a la educación pierde efectividad y profundiza las desigualdades, ya que el acceso a la formación quedaría cada vez más condicionado a la capacidad económica de las familias.
Los jóvenes solicitaron habilitar la feria judicial para tratar el caso y se reservaron el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
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