06 Enero 2026
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). FOTO TOMADA DE PAGINA12.COM.AR
Un grupo de dirigentes políticos y exfuncionarios acudió a la Justicia para impugnar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) introdujo modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional. La acción de amparo presentada solicita, además, la suspensión inmediata de la norma y deja abierta la posibilidad de acudir directamente a la Corte Suprema nacional a través del mecanismo excepcional del per saltum.
La demanda fue presentada ante el fuero contencioso administrativo federal por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido y otros ex legisladores, quienes cuestionaron la constitucionalidad del decreto al considerar que amplía de manera indebida las facultades de los organismos de inteligencia y afecta derechos fundamentales.
Según el planteo, el DNU habilita tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo, apoyándose en conceptos definidos como “amplios y vagos”, entre ellos las nociones de “influencia” e “injerencia”.
Para los demandantes, la vigencia de la norma genera un riesgo concreto de vigilancia estatal sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales protegidas por la Constitución. En ese sentido, sostienen que el decreto compromete derechos como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, la participación política y la protección de los datos personales, consignó el diario "Ámbito".
El escrito también advierte que la reforma consolida un esquema de inteligencia calificado como “opaco”, al establecer el carácter encubierto de todas las actividades del sistema, lo que, a criterio de los accionantes, limita de forma severa el control ciudadano y parlamentario.
Otro de los ejes del reclamo apunta al uso del DNU como herramienta legislativa. Los firmantes sostienen que no existió una situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate en el Congreso y subrayan que se trata de una reforma estructural y permanente, incompatible con el carácter excepcional de los decretos previsto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución.
Como parte del planteo, solicitaron la habilitación de la feria judicial y el dictado de una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos incorporados y modificados por el decreto. Argumentaron que una intromisión ilegítima en la esfera privada de las personas produce un daño “irreversible o de muy difícil reparación”.
"Per saltum" a la Corte
El escrito deja expresamente planteada la reserva del caso federal y la eventual utilización del per saltum, al considerar que se trata de una cuestión de “gravedad institucional” vinculada con la división de poderes y la afectación actual de derechos fundamentales de incidencia colectiva.
La causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Martín Cormick, que deberá resolver en primer término el pedido de medida cautelar. El debate reabre la discusión sobre los límites constitucionales del uso de los DNU y el alcance del control judicial sobre las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
La presentación se suma a otra acción judicial promovida el día anterior por los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulon y Mónica Frade.
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