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EN PROBLEMAS. La AFA tiene unos días para justificar los números presentados en los últimos balances.
La AFAquedó bajo una lupa cada vez más intensa de la Inspección General de Justicia (IGJ), que investiga posibles irregularidades en la presentación de sus balances contables por cifras que, en conjunto, superarían los U$S 450 millones. El expediente, que se convirtió en uno de los frentes judiciales más sensibles para la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia, avanza ahora hacia una etapa decisiva, según publicó el diario Clarín.
El organismo que conduce Daniel Vítolo ya había advertido que las inconsistencias detectadas no eran menores. Según la documentación oficial, los estados financieros observados corresponden tanto a la AFA como a la Superliga y abarcan montos cercanos a los U$S 111 millones en un caso y a los 340 millones en el otro. Desde la IGJ remarcaron que se trata de una asociación civil sin fines de lucro, lo que eleva aún más la exigencia de transparencia sobre gastos, inversiones y movimientos patrimoniales.
El foco de la investigación no está puesto únicamente en demoras formales o fallas administrativas, sino en la falta de explicaciones claras sobre partidas de enorme volumen. En varios balances aparecen rubros amplios y poco específicos, como “otros gastos” o “varios”, sin el nivel de detalle que exige la normativa para este tipo de entidades. Para la IGJ, esa vaguedad impide reconstruir con precisión de dónde provienen los fondos y hacia dónde se dirigieron.
Con ese telón de fondo, esta semana comenzarán a desfilar los profesionales que tuvieron a su cargo la certificación de esos estados contables. Para el miércoles fue citado Fernando Dubois, auditor de la Superliga, quien deberá explicar cómo validó los balances correspondientes al período 2020/2024. Un día después, será el turno de los contadores de la AFA: Claudia Carraro (ejercicio 2017), Umberto Mucelli (2018 a 2021) y Claudio Bisurgi (2022 a 2024).
Todos ellos deberán detallar qué controles aplicaron, qué respaldo documental evaluaron y cómo se ponderaron los riesgos vinculados al manejo de grandes sumas y a la prevención de lavado de activos. La fecha límite para que se presenten las respuestas es el 20 de enero.
La IGJ podría designar veedores para la AFA
Si las explicaciones no resultan satisfactorias, la IGJ no descarta dar un paso más fuerte: la designación de veedores que permitan al Estado acceder de manera directa a los libros y a la administración de la AFA. Para el organismo de control, la responsabilidad no se agota en la dirigencia: también alcanza a quienes certificaron que esos balances reflejaban una situación patrimonial confiable.
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