Por Luis Duarte
Hace 1 Hs
Azúcar. ARCHIVO
Después de casi 12 años, volvió a activarse en los últimos días la disputa por el mosto de uva que, en su momento, enfrentó a la región de Cuyo y a la industria vitivinícola con el complejo sucroalcoholero y las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, donde el azúcar es un motor esencial de la economía.
El nuevo foco de tensión se encendió la semana pasada, cuando se conoció que Mendoza había propuesto al gobierno de Javier Milei que los productos agrícolas dulces sin azúcar agregada queden exentos de impuestos. El planteo apunta a fortalecer la producción regional de jugos naturales, mostos concentrados y otros derivados de origen local.
El ministro de Producción de la provincia cuyana, Rodolfo Vargas Arizu, confirmó que la iniciativa se enmarca en una reformulación del esquema fiscal y del régimen de endulzantes, lo que aseguraría el ingreso del jugo dulce de uva a ese mercado y la suba impositiva para el azúcar. “La ley de edulcoración es una ley muy vieja que le da preferencia a la sacarosa y a la melaza de maíz, pagando impuestos menores a los que pagamos nosotros”, señaló el ministro, referencias publicadas por el sitio “El Editor Mendoza”.
La respuesta del sector azucarero no se hizo esperar. El presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, envió este martes 20 una nota dirigida al titular del área de Producción mendocina en la que rechazó in limine la iniciativa oficial vinculada a una modificación del esquema tributario sobre el azúcar.
El planteo del gobierno mendocino no es novedoso. Es que “bajo distintos formatos, se han promovido iniciativas legislativas destinadas a otorgar ventajas competitivas artificiales al mosto, concentrado en el mercado de endulzantes”, expuso en la nota del directivo.
“Esas iniciativas comparten un denominador común: la utilización del instrumento tributario como mecanismo de intervención económica, ya sea mediante el incremento de la carga impositiva sobre productos competidores o la concesión de tratamientos fiscales diferenciales en favor del mosto, alterando así las condiciones de competencia y vulnerando principios básicos de neutralidad tributaria y libre concurrencia”, añadió.
El fundamento sanitario
El argumento vinculado a la salud también fue utilizado por el ministro de Producción. Según expresó, “el gobierno de Estados Unidos pateó un poco el tablero en materia sanitaria respecto del consumo de azúcar agregada, y eso beneficia a quienes elaboramos productos naturales”. Asimismo, consideró que el azúcar refinado no es natural.
Ante esa declaración Feijóo respondió: “De acuerdo con lo publicado por el medio citado, usted sostiene que ‘endulzar con mosto concentrado o mediante procesos que utilizan azúcares naturales representa una alternativa más saludable que la azúcar refinada’. Al respecto, corresponde efectuar dos precisiones relevantes”. Y continuó: “En primer lugar, en términos objetivos y técnicos, el azúcar es un producto natural. En segundo lugar, si la motivación invocada es la protección de la salud pública -preocupación legítima y compartida-, resulta jurídicamente inconsistente excluir de dicho análisis al vino, producto cuya materia prima es el mismo mosto y cuyo consumo es causa directa del alcoholismo”.
Feijóo, en el cierre de la nota enviada al ministro mendocino, expresó su rechazo “in limine” a la nueva posición, al considerar que “carece de sustento técnico, sanitario y jurídico suficiente”. Además, invitó al sector a competir en el mercado de endulzantes naturales “en condiciones de igualdad, sin recurrir a la intervención del Estado para encarecer, vía impositiva, a los productos competidores”.
El principal antecedente
En 2014, durante la gestión del entonces gobernador Francisco Pérez, el gobierno de Mendoza y sus legisladores nacionales avalaron, junto con San Juan, un proyecto presentado en el Congreso conocido como “Ley de Uso de Jugos Naturales”. La iniciativa buscaba habilitar el ingreso de jugos naturales, como los de uva y manzana, al mercado de endulzantes para bebidas sin alcohol, tanto gaseosas como no gaseosas.
La agroindustria azucarera se mantuvo en alerta durante todo ese año, hasta que finalmente se confirmó el no tratamiento del texto en el Parlamento. En medio de la disputa política, el gobernador José Alperovich había advertido que iba a “hacer nuestro planteo para defender a la industria azucarera con respecto de esta ley que quieren imponer en Diputados para que se endulce con el mosto”.
El proyecto proponía modificar un artículo de la Ley Nacional de Impuestos Internos para elevar del 8% al 28% el tributo aplicado a las bebidas analcohólicas, gaseosas o no, entre ellas las elaboradas con azúcar; y una reducción (4% a 2,8%) para las elaboradas con 10%, como mínimo, de jugos o zumos de frutas -filtrados o no- o su equivalente en jugos concentrados. Luego, hubo una modificación en el texto inicial y se elevó de 8% a 18% la tasa cuando se incremente a un 75% la utilización de azúcar, con 9% de jugo.
Según advertencias realizadas en ese momento por el Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), la medida habría dejado sin mercado entre 50.000 y 100.000 toneladas de azúcar, lo que equivalía a que uno o dos ingenios pequeños perdieran su destino comercial como consecuencia de la iniciativa.
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