Por Gustavo Rodríguez
21 Marzo 2026
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IMAGEN HISTÓRICA. Felipe “El Militar” Sosa es controlado por policías en la puerta de la sala de audiencias en febrero de 2018.
Militar de carrera. Integrante de la Legión Extranjera (grupo de elite de las fuerzas armadas de Francia). Responsable del área de seguridad de importantes empresas de Tucumán. Titular de una compañía del rubro. Supuesto vendedor de drogas sintéticas. Ahora surgió que Felipe “El Militar” Sosa, acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez registrado en enero pasado, trabajó como guardaespaldas de Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia que fue condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos.
IMAGEN HISTÓRICA. Felipe “El Militar” Sosa es controlado por policías en la puerta de la sala de audiencias en febrero de 2018. cdsvcsdmcsbdamsda
El fotoperiodista Jorge Olmos Sgrosso, que realizó una cobertura especial durante todo el segundo debate oral, descubrió una escena curiosa: “El Militar” siendo revisado por los efectivos policiales en la puerta de la sala de audiencias en febrero de 2018. “Él estuvo siempre en las audiencias. Protegía a Di Lella”, indicó Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada en febrero de 2006.
A ocho años del inicio de ese debate oral -el más largo de la historia judicial-, se supo que el acusado del crimen y ahora investigado por drogas es pariente de Di Lella. Incluso, su empresa Seguridad Objetiva fue habilitada, según los registros a los que tuvo acceso LA GACETA, en junio de 2012, cuando el condenado por el caso Lebbos ocupaba el cargo durante el gobierno de José Jorge Alperovich, que también debería haber sido investigado por el caso.
“Esto es una trama mafiosa. Ahora surge que este señor protegía a la persona que debía haberlo controlado y que estaría vinculado al tráfico de droga. Encima tenía vínculos con el Gobierno”, sostuvo el hombre que sigue luchando para que se esclarezca el crimen de su hija. La empresa del “Militar” brindaba servicios al municipio de Yerba Buena -se rescindió el contrato cuando estalló el escándalo- y podría haber hecho lo mismo en los centros asistenciales del este de la provincia.
Esta es la primera conexión confirmada del acusado del femicidio de Érika con el poder. “Ustedes no saben en qué se están metiendo. Él tiene muchos contactos en todos lados y van a tener problemas”, le advirtió una mujer a los policías que realizaron un allanamiento cuando lo buscaban por el femicidio. Al parecer, Sosa estaba relacionado con empresarios y personas ligadas a dirigentes políticos. Incluso, trascendió que habría participado de reuniones con funcionarios judiciales. Pero sólo fueron versiones: no hubo ninguna confirmación.
Complicado
Hasta el momento, Sosa sólo está procesado en una causa de drogas. Es un expediente que se abrió en junio de 2023 cuando, en una medida ordenada por el fuero civil, en su casa de Santo Domingo y Bascary, en Yerba Buena, la Policía encontró un centro de producción de marihuana. Él dijo que tenía autorización para cultivar para él y para otras dos personas.
En abril de 2025, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó su sobreseimiento al entender que no se había demostrado la comercialización del cannabis que producía. El fiscal federal Agustín Chit apeló la resolución. La Cámara Federal de Apelaciones aceptó el planteo y ordenó que “El Militar” sea procesado por tenencia de estupefacientes.
El crimen de Érika complicó su situación. Dos acusados de encubrimiento señalaron que estaba vinculado a la comercialización de drogas sintéticas. Los familiares de la víctima señalaron que la joven les había contado que en la casa de ese hombre “con cara de malo” había visto bolsas con pastillas, pero que ella nunca las había tomado.
Justina Gordillo, empleada judicial y pareja de Sosa en el momento del hecho, declaró que él le había comentado que comercializaba éxtasis en fiestas electrónicas, pero que había dejado de hacerlo hace unos dos años.
Nicolás Navarro Flores, otro de los imputados por encubrimiento, fue el que aportó datos mucho más actuales. Dijo que el miércoles 7 de enero, “El Militar” le entregó una piedra de cocaína -los especialistas sostienen que no debe haber pesado menos de 200 gramos- y una caja de herramientas donde había escondido drogas sintéticas que él arrojó por el inodoro.
Otra presentación
Carlos Garmendia, representante legal de la familia de Érika, decidió realizar una presentación ante el fiscal Chit para pedirle oficialmente que investigue los vínculos narcos y el tráfico de estupefacientes. “A lo largo del expediente surgieron algunos indicios para analizar. También se puede investigar su participación en esta actividad ilícita”, añadió el profesional.
El querellante no sabía que José Sanjuán había enviado algunos informes sobre los vínculos del “Militar” con la venta de éxtasis en fiestas electrónicas. Su par, Pedro Gallo, que investiga únicamente el femicidio de Érika, haría lo mismo en las próximas horas.
Sosa, según confiaron fuentes judiciales, estaría señalado en una causa como el proveedor de pastillas y otras sustancias que se comercializaban en fiestas electrónicas clandestinas. Esta actividad, según explicaron fuentes judiciales, la habría desarrollado a partir de 2022. Marcelo Cosiansia y Nicolás Flores negaron que el imputado por el crimen haya tenido que ver con la comercialización de drogas.
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