Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Poder. Adicciones. Trata de personas. Impunidad. Esa es la lista de indicios que surgieron en la investigación del femicidio de Érika Antonella Álvarez. Un caso que movilizó a los tucumanos y que, semana tras semana, deja al descubierto polémicos vínculos. Por esa razón, nadie puede asegurar cuál será el final de esta investigación.

A Érika la asesinaron a golpes en la madrugada del 7 de enero en una casa de Yerba Buena. Una vivienda en la que se realizaban encuentros sexuales grupales o se disputaban partidas de pool y se consumían drogas que, según los testigos, habría comercializado Felipe “El Militar” Sosa, único acusado por el crimen de la joven. Justina Gordillo, funcionaria judicial y pareja del imputado cuando ocurrió el hecho; Nicolás Navarro Flores, comerciante y amigo del principal sospechoso; y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de las empresas del acusado; fueron procesados por encubrimiento. ¿Qué intentaron ocultar? ¿Por qué lo hicieron?

Las dudas se terminarán de despejar cuando se sepa cuál fue el móvil del crimen. Por el momento, sólo hay indicios de que Sosa se habría dedicado a la comercialización de drogas y que ese femicidio podría dejar al descubierto las actividades ilícitas que podría haber desarrollado y los vínculos que mantenía, algo que, de hecho, ya está ocurriendo. Se está avanzando en la línea narco del caso, pero podría haber mucho más. Patricio Char, defensor de Navarro Flores, dijo que no debería descartarse la trata de personas, entendiendo que este delito se refiere “a cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano”.

Érika sufría severos problemas de adicción y mantenía relaciones con el acusado a cambio de droga. Navarro Flores, en una declaración considerada como una cuasi confesión, reconoció que sólo volvió a la escena del crimen para consumir cocaína con “El Militar”. También dijo que, antes de marcharse con los elementos que le entregó el imputado para que los eliminara, le “regaló” una piedra de “merca”. Gordillo, según surge del expediente, fue víctima de todo tipo de violencia -menos física- por parte de Sosa.

Polémicos vínculos

Sosa, en la audiencia en la que se le dictó la prisión preventiva, dijo que perteneció al Ejército Argentino y que pidió la baja por el destrato y las humillaciones del kirchnerismo hacia las Fuerzas Armadas. Luego se incorporó a la Legión Extranjera, un regimiento francés integrado por hombres de distintas partes del mundo. Desertó por amor. Volvió a la provincia de vacaciones y decidió no regresar para casarse con la que reconoció como la “mujer de su vida”, pese a que años después su ex esposa lo denunciaría por violencia de género.

Sosa se dedicó a brindar servicios de seguridad. Creó su propia empresa con un militar retirado que fue mencionado en la causa en la que se investigó la venta de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo. Lo hizo cuando su pariente Eduardo Di Lella era secretario de Seguridad de la provincia. Cuentan que tenían un vínculo tan cercano que el procesado por femicidio fue su guardaespaldas durante el segundo juicio por el crimen de Paulina Lebbos. El funcionario fue condenado por encubrimiento en ese debate.

Sus amigos más cercanos coincidieron en señalar que Sosa era un especialista en “relaciones públicas”. Con el correr de los años fue tejiendo amistades que le abrieron puertas. Ese hombre, que llegó a brindar servicios en el municipio de Yerba Buena y, posiblemente, en el Estado provincial, se jactaba de tener muchas influencias. Algunos aseguran que se movía con soltura en el mundo empresario, en el poder político y en los pasillos de tribunales, donde compartía asados con empleados judiciales.

Navarro Flores declaró que el acusado sabía manejarse en las situaciones más difíciles. “Le llevé un sándwich de milanesa al encargado de la comisaría de Yerba Buena para que me dejara verlo fuera del horario de visita”, indicó ante el fiscal Pedro Gallo. Él y su ex pareja habrían afirmado que Sosa, pese a haber estado en un calabozo, se las arreglaba para consumir cocaína que alguien le entregaba cuando estuvo detenido por violencia de género.

La caída

Aún queda mucho camino por recorrer para que Sosa sea condenado. Es más, hasta puede ser declarado inocente, pero nada será igual en su vida. El crimen de Érika dejó al descubierto que fue absuelto de manera polémica en una causa por violencia de género y que un expediente por amenazas contra su ex cuñado está paralizado desde hace meses. La Cámara Federal de Apelaciones anuló el sobreseimiento que había conseguido en una causa que se inició porque en su casa encontraron un centro de producción de marihuana.

Los familiares de la joven asesinada, Navarro Flores y Gordillo lo señalaron como vendedor de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, encuentros que fueron prohibidos durante un tiempo en Tucumán. “El Militar” habría colaborado en la creación de un protocolo para que se levantara la sanción. Uno de los puntos acordados fue que los encargados de brindar la seguridad en el interior de las reuniones debían ser hombres de empresas privadas. “Con el diario del lunes no podemos descartar que todo haya sido un plan para asegurarse la venta de éxtasis”, sostuvo un investigador.

Marcelo Cosiansi y Nicolás Flores, defensores de Sosa, niegan rotundamente que su asistido esté vinculado al tráfico o a la comercialización de estupefacientes. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en otros expedientes. Por ejemplo, podría haber sido el proveedor de drogas de una organización que realizaba fiestas clandestinas en las que se vendía este tipo de sustancias.

Presente

El representante legal de la familia de la joven pretende que la Justicia Federal investigue la línea narco del caso. Si su planteo prospera, podría transformarse en la cuarta causa que se abre por comercialización de éxtasis en Tucumán. Sólo una de ellas sigue abierta y es en la que aparece mencionado Sosa. Las otras, en las que estuvieron mencionadas personas vinculadas al poder económico de la provincia y a un nieto de una vocal del máximo tribunal de Justicia de Jujuy, quedaron en la nada.

Este caso también develó lo que está pasando en provincia. La causa de Érika está atravesada por una línea narco. Joaquín Ibarra fue asesinado de un disparo en Alderetes durante un robo registrado en enero. Los acusados, menores de 18 años, formaban parte de un grupo que se dedicaba a delinquir para consumir estupefacientes. Uno de ellos habría intentado quitarse la vida en el penal de Benjamín Paz después de haber sufrido una crisis de abstinencia. Juan José Brito, que vivía en situación de calle por los severos problemas de adicción que padecía, fue linchado por un grupo de vecinos en Villa 9 de Julio.

Al viejo eslogan “la droga mata” ya no alcanza con repetirlo. En Tucumán, como en el resto del país y del mundo, la droga no sólo mata: organiza, financia, protege y corrompe. Aparece en los márgenes, pero también en el centro del poder, en las relaciones que nadie quiere explicar y en los silencios que se repiten causa tras causa. El crimen de Érika no es un hecho aislado. Es una señal. Una más. Y la pregunta ya no es qué pasó esa madrugada, sino cuántas cosas más siguen sucediendo sin que salgan a la luz.