El cuidado del patrimonio en El Cadillal

Hace pocos días, en un juicio abreviado, el ex comisario Gustavo Beltrán, quien fuera jefe de la Unidad Regional Norte, fue condenado a tres años y un mes de prisión efectiva por haber empleado bienes estatales y haber usado a cuatro penados y empleados policiales para realizar trabajos de albañilería en su casa de El Cadillal, la cual, además, se encuentra en un predio de la provincia, dentro de los terrenos bajo investigación por ocupaciones irregulares.

Como se sabe, desde hace varios meses se lleva a cabo un estudio exhaustivo, dado que esa zona hubo un avance desmesurado de urbanizaciones irregulares, con aproximadamente 3.000 casas construidas ilegalmente en 300 hectáreas de tierras fiscales, incluyendo zonas de alto valor ambiental y arqueológico. De los 18 barrios en El Cadillal, se ha determinado que solamente dos cumplían con los requisitos básicos de urbanización, mientras están bajo investigación los papeles que poseen los propietarios. El gobierno provincial ha comenzado a desmantelar lotes ilegales, como en Los Guayacanes, y a investigar 150 viviendas en áreas críticas de riesgo como Villa del Lago y el barrio Torres Espeche.

En el marco de esta avanzada oficial en busca de regularizar la situación patrimonial de las tierras del Estado, se han recuperado propiedades de la Reserva Natural de La Angostura, en El Mollar. También se ha ordenado la creación de un registro de tierras fiscales que debe estar terminado en poco tiempo más, en junio, que se publicará en la página de Catastro y que será de libre acceso. Su consulta será obligatoria por parte de todos los organismos estatales que atienden trámites referidos a la venta e inscripción de inmuebles.

Por otra parte, hace poco se anunció que la Provincia podrá recuperar tierras fiscales usurpadas sin tener que recurrir a la Justicia. A través de la figura de la autotutela, el Gobierno pretende que funcionarios actúen en la protección de sus bienes.  Según la resolución, se decretó esta medida para ser utilizada en los inmuebles del Estado, ya sean urbanos o rurales destinados al uso general de la comunidad y aquellos utilizados para brindar servicios educativos, de seguridad, de salud y comunitarios o asistenciales. Los intendentes, delegados comunales, directores de escuelas, comisarios y responsables de CAPS y de centros comunitarios no serán responsables del cuidado de las tierras fiscales, sino que además deberán actuar cada vez que se detecte una usurpación.

Se trata de un protocolo de acción que da pautas para actuar y hace que los funcionarios tomen conciencia de sus responsabilidades con la sociedad. En ese sentido, resuenan –por oposición- las palabras del condenado ex jefe de la Unidad regional Norte, que al aceptar sun culpa en el juicio abreviado, dijo:  “Siempre trabajé para el bien de la comunidad, pero me equivoqué y me hago cargo de mi responsabilidad. Quiero pedirle perdón a mi familia y a la sociedad”. Conviene tener en cuenta lo que sucedió en este caso, que termina siendo una muestra de los niveles de abandono que había en El Cadillal, ya que no sólo cualquier persona podía actuar ante la falta de supervisión –según se ha visto por la cantidad de barrios irregulares- sino que había incluso autoridades como este comisario ahora arrepentido que se aprovechaban de este descontrol.