Hace 21 Hs
El avance del narcotráfico y del narcomenudeo en Tucumán requiere una urgente atención de las autoridades nacionales y provinciales. Los tres poderes del Estado deben adaptarse a la nueva realidad que surge de los numerosos expedientes que se abren a diario en el NOA y en la provincia.
La disminución del secuestro de cocaína y el incremento del decomiso de marihuana hablan a las claras de que los narcotraficantes continúan modificando sus estrategias para seguir desarrollando la actividad ilícita. Mientras ello ocurre, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ponderó los resultados registrados en el Operativo Güemes. Si bien no dio a conocer su opinión sobre la situación actual, adelantó que la intención es ampliar el plan a otros lugares que podrían haberse convertido en puntos estratégicos del tráfico de estupefacientes.
Varios especialistas coinciden en que esa medida no es suficiente. Sostienen que existen múltiples factores que inciden en el avance del narcotráfico en el NOA. La sombra de la corrupción alcanza cada vez más a integrantes de las fuerzas de seguridad. Los últimos casos demuestran que hay varios casos de efectivos que no resisten la tentación de recibir dinero del narcotráfico. Las condiciones salariales y las deficiencias en las obras sociales que deberían cubrir su salud han generado un profundo malestar. Como nunca antes, familiares de uniformados comenzaron a organizarse para realizar reclamos.
El crecimiento del narcotráfico también tiene consecuencias en toda la región. En Salta, por ejemplo, es notorio el aumento de los homicidios. Según los últimos registros, se convirtió en la provincia más violenta del norte. Tucumán también sufre un grave problema social con el avance del narcomenudeo. En los tres primeros meses de 2026, en promedio, se detuvo a 12 personas por día acusadas de comercializar dosis de estupefacientes. Paralelamente, aumentaron las detenciones de personas que ingieren droga para transportarla. Los expertos consideran que los traficantes encontraron en la crisis económica y social un aliado para reclutar personas desesperanzadas para realizar estas tareas.
La falta de recursos, tanto en la Justicia provincial como en la federal, agrava el problema en Tucumán. Las vacantes en los tribunales nacionales impiden desarrollar investigaciones profundas que permitan desarticular organizaciones criminales. En el ámbito provincial, la persecución penal del narcomenudeo parece estar en crisis. Las dos fiscalías habilitadas -que podrían ser seis- se encuentran colapsadas por la cantidad de causas. La urgencia cotidiana les impide avanzar en investigaciones que permitan desmantelar las redes de comercialización.
Así las cosas, resulta necesario que las autoridades realicen un diagnóstico preciso de la situación para adoptar medidas urgentes y dar una respuesta más eficaz frente a las amplias y diversificadas actividades de los narcotraficantes.
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