Hace 14 Hs
Durante décadas, Tucumán vivió en una suerte de “ficción inmobiliaria”. Mientras el mercado operaba en dólares y a valores de capitales europeas, las valuaciones fiscales (la base imponible para el Impuesto de Sellos), permanecían ancladas en cifras irrisorias, representando apenas entre un 5% y un 15% del valor real de las propiedades. Esta brecha abismal permitía que, operaciones de cientos de miles de dólares, tributaran por montos marginales, un privilegio del que no goza, por ejemplo, quien compra un auto usado, donde la base fiscal roza el 90% del precio de mercado. Hoy, con la creación del Observatorio del Mercado Inmobiliario (Omituc) y el revalúo de 2026, el Estado busca llevar esa base a un terreno más realista (entre el 50% y 70% del valor comercial). La reacción corporativa de las inmobiliarias no se hizo esperar, denunciando un “impuestazo” que frena la actividad. Sin embargo, lo que omiten es que la “crisis” actual no nace de una alícuota nueva, sino del fin de una subvaluación histórica que funcionó como un subsidio encubierto para un sector cada día más concentrado en la Provincia, no solo en la Capital, sino en cada ciudad y pueblo del resto del territorio provincial (somos pocos y nos conocemos mucho, diría mi abuela). El debate de fondo no es la presión tributaria en sí, sino por qué se pretende sostener un sistema donde el valor de una mansión en Yerba Buena equivale, para el fisco, al de un ciclomotor. Es hora de que el mercado inmobiliario empiece a tributar sobre el mundo real y no sobre el de fantasía, más aún cuando se trate de inversiones inmobiliarias para la renta y no de vivienda única familiar, nicho de mercado al que el Estado debe cuidar; proyectar y subsidiar.
Javier Ernesto Guardia Bosñak
javierucr1970@gmail.com
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