Cinco claves para entender la Ley de Ficha Limpia que aprobará la Legislatura de Tucumán
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La Legislatura de Tucumán sancionará este jueves la Ley de Ficha Limpia para vetar a condenados en segunda instancia de cargos públicos, buscando garantizar integridad institucional.
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Con apoyo opositor, el dictamen unifica seis proyectos y aplica a delitos dolosos graves. Incluye un registro público y la presentación obligatoria de declaraciones juradas.
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La ley marcará un precedente para los comicios de 2027, exigiendo autoridad moral y confianza ciudadana mediante el control estricto de los futuros representantes del pueblo.
RUMBO AL RECINTO. Foto de archivo
Pese a las diferencias con un sector de la oposición, el PJ reúne los votos para sancionar este jueves la Ley de Ficha Limpia, un sistema que veta el acceso de personas condenadas en segunda instancia por delitos penales a cargos jerárquicos en el Estado provincial, incluyendo tanto candidaturas como designaciones.
De todos modos, todavía están bajo discusión algunos aspectos del dictamen de mayoría elaborado por la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la peronista Carolina Vargas Aignasse. Así, permanece abierto el interrogante respecto al texto definitivo que enviará la Legislatura al Poder Ejecutivo (PE). Es que, de concretarse la promulgación y puesta en vigencia de esta ley, será una de las principales novedades a nivel normativo de cara a las elecciones de 2027.
Ejes centrales
El dictamen de mayoría fue elaborado sobre la base de seis proyectos. A la vez, se someterá a votación un despacho de minoría, que lleva la firma del radical Agustín Romano Norri.
En principio, la propuesta que llega al recinto puede dividirse en cinco ejes.
1) El objetivo de la norma es impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos (es decir, no se incluyen los culposos, como los accidentes de tránsito) accedan o permanezcan en puestos jerárquicos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, alcanzando incluso municipios y comunas rurales.
2) El dictamen incluye 15 apartados con figuras inhabilitantes. Aparecen delitos graves, como los cometidos contra la Administración Pública; tráfico de estupefacientes; contra la integridad sexual; contra el medio ambiente; trata de personas; y delitos de lesa humanidad, entre otros. Están alcanzados además los deudores alimentarios que aparezca en los registros oficiales. A la vez, en el último inciso se amplía el alcance de la Ficha Limpia a “otros delitos dolosos previstos en el Código Penal con penas superiores a tres años”.
3) En cuanto al criterio de aplicación, se adopta la “segunda instancia” como etapa procesal con condena adversa para la exclusión del cargo o el impedimento para la candidatura o designación, sin importar si la persona todavía cuenta con la posibilidad de recursos ante un tribunal superior.
4) El Registro Público de Ficha Limpia y la presentación de declaraciones juradas (DDJJ) son dos de las novedades que contempla la norma. El primer apartado todavía está siendo analizado por el cuerpo colegiado. En principio, la idea es que esta base de datos dependa del Ministerio de Gobierno y Justicia y sea actualizada “permanentemente” con información del Poder Judicial. En cuanto a la DDJJ, será un requisito previo para los aspirantes a cargos públicos electivos y de designación.
5) El Recurso de Impugnación es la quinta clave del proyecto de Ficha Limpia. Es que la iniciativa prevé que tanto ciudadanos como entidades puedan objetar las candidaturas o designaciones ante la autoridad electoral o administrativa, presentando pruebas del incumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa. El criterio del dictamen de minoría es que la activación de la Ficha Limpia debe ser “automática”.
Control de los representantes
La legisladora Vargas Aignasse tendrá la misión de defender el dictamen de mayoría en el recinto. “La decisión del presidente de la Legislatura Miguel Acevedo y del bloque mayoritario junto a los demás bloques políticos de impulsar y sancionar Ficha Limpia se debe a que la política debe garantizar autoridad moral, transparencia y confianza ciudadana”, indicó la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales a LA GACETA. En ese marco, aseveró que “quienes aspiren a representar al pueblo o ejercer funciones públicas deben cumplir un estándar de integridad”. “No se puede pedir confianza a la sociedad cuando pesan condenas por delitos graves contra la Administración, la fe pública o los intereses de los ciudadanos. Ficha Limpia implica una democracia más sana, instituciones más creíbles y una mayor participación ciudadana en el control de sus representantes”, dijo la legisladora del bloque Justicialista.
"Llegamos a una buena ley"
El vicegobernador Acevedo destacó en una entrevista con “Síntesis Play” (LG Play) que se tuvieron en cuenta seis proyectos de ley para avanzar con el dictamen de Ficha Limpia, que será tratado hoy en el recinto de la Legislatura. “Se debatió en comisión (de Asuntos Constitucionales), y se llegó a un consenso. No se puede satisfacer a todos, pero sí a la gran parte. Y una mayoría (de los bloques) que ha aceptado llevar esto al recinto, que seguramente va a ser aprobado”, indicó el titular de la Cámara legislativa. En ese sentido, aclaró que todavía hay “algunas especificaciones técnicas que todavía generan dudas” entre los expertos que integran los cuerpos de asesores. “Pero creo que llegamos a una buena ley; y en todo caso, si tiene alguna modificación, estamos dispuestos a escuchar, como lo venimos haciendo siempre”, insistió Acevedo.
A la vez, la comisión de Labor Parlamentaria, que se reunió al inicio de la semana, incluyó otros asuntos en el orden del día, como la modificación del Código Tributario Provincial para aliviar el impacto de las alícuotas aplicadas a las escrituras; y la prórroga del estado de emergencia del servicio público de transporte automotor de jurisdicción provincial. El temario contiene además proyectos de resolución con una fuerte carga política, entre ellos, el repudio a decisiones del Gobierno nacional, como los despidos en el INTI, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, la baja del programa Volver al Trabajo y la restricción del acceso de periodistas a la Rosada.




















