Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

Los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala impugnaron formalmente ante la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán la candidatura del rector Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo y reclamaron que se rechace su oficialización por considerar que viola de manera expresa el Estatuto reformado de la casa de estudios.

La nueva presentación profundiza la disputa institucional y judicial que desde hace semanas atraviesa a la UNT y que ya llegó tanto a la Justicia Federal como a los órganos electorales universitarios. Esta vez, con la candidatura de Pagani ya inscripta dentro del cronograma electoral, los decanos -patrocinados por el abogado Manuel Gonzalo Casas- sostuvieron que el conflicto dejó definitivamente de ser hipotético y pasó a constituir un caso concreto de presunta violación estatutaria.

En el escrito presentado ante la Junta Electoral, los impugnantes afirman que el actual rector “pretende acceder a un tercer mandato consecutivo en abierta contradicción con el Estatuto de la UNT y con la voluntad soberana de la Asamblea Universitaria”. Sobre esa base solicitaron que la candidatura sea rechazada antes de la oficialización definitiva de las fórmulas.

Uno de los ejes centrales del planteo vuelve a ser la interpretación de los artículos 17 y 190 del Estatuto aprobado en 2024. Según los decanos, la reforma estableció de manera inequívoca un límite de dos períodos consecutivos para las máximas autoridades universitarias. “La Asamblea Universitaria decidió expresamente impedir un tercer mandato consecutivo”, remarcaron en la impugnación, donde además sostienen que cualquier interpretación distinta implicaría “desnaturalizar el sentido mismo de la reforma”.

La presentación también apunta contra la posibilidad de que la Junta Electoral adopte una interpretación amplia o flexible de las cláusulas estatutarias. “No existe margen para interpretaciones extensivas que contradigan el texto claro del Estatuto”, afirmaron los candidatos opositores, quienes además invocaron el principio jurídico “in claris non fit interpretatio” para sostener que, cuando una norma es clara, no corresponde reinterpretarla.

En otro tramo del escrito, Cabrera y Abdala sostuvieron que permitir la candidatura de Pagani implicaría una afectación directa al principio republicano dentro de la universidad y a las reglas de alternancia institucional. Según expusieron, las limitaciones a la reelección fueron incorporadas precisamente para “evitar la concentración prolongada del poder” y garantizar la renovación periódica de las autoridades universitarias.

La controversia se arrastra desde comienzos de año, cuando los decanos promovieron una acción declarativa de certeza ante el juez federal Guillermo Díaz Martínez para que se definiera judicialmente si el actual rector podía competir nuevamente. La UNT, representada por su apoderado Jorge Chehín, rechazó desde el inicio la existencia de un conflicto actual y sostuvo que no había candidatura oficializada ni lesión concreta que habilitara la intervención judicial. Esa postura fue acompañada luego por el dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

Finalmente, Díaz Martínez desestimó la demanda y declaró la falta de legitimación activa de los actores, al entender que el planteo se apoyaba en una hipótesis futura y no en un acto concreto. Sin embargo, apenas conocido el fallo, Pagani formalizó su candidatura y los decanos apelaron la resolución ante la Cámara Federal, argumentando que el “caso” cuya inexistencia había señalado el juez ahora se encontraba plenamente configurado.

Mientras esa apelación continúa en trámite, la disputa se trasladó nuevamente al plano electoral interno con esta impugnación presentada ante la Junta Electoral universitaria. El objetivo inmediato de los decanos es impedir que la candidatura quede oficializada antes de que exista una definición judicial o institucional sobre la interpretación del Estatuto.

Pedido al juez

En paralelo, y también ante el juez Díaz Martínez, el abogado Gonzalo Casas presentó un pedido de habilitación de días y horas inhábiles para acelerar el tratamiento de los recursos pendientes. En ese escrito sostuvo que la inscripción de Pagani ya concretó “el acto que vuestra sentencia solicitaba para existencia de caso” y advirtió que la medida cautelar debe resolverse antes del 14 de mayo, fecha prevista para la oficialización de fórmulas. Luego lo hizo directamente ante la Cámara Federal, con el mismo planteo.

El letrado cuestionó además que pedidos similares hayan sido formulados “en cinco oportunidades previas” sin respuesta expresa del tribunal y afirmó que esa falta de resolución compromete la tutela judicial efectiva. “Solo con la habilitación de días y horas inhábiles se podrá evitar el daño irreparable para mis mandantes y para la UNT”, señaló en la presentación, en la que insistió en la necesidad de una definición urgente antes de que avance definitivamente el proceso electoral universitario.