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Revés judicial para el municipio: la Corte confirmó que la expropiación de escuela Mistral fue inconstitucional
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La Corte Suprema de Tucumán declaró inconstitucional la expropiación de la Escuela Gabriela Mistral por parte de San Miguel de Tucumán, por falta de facultades legales municipales.
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El fallo rechazó el recurso municipal, ratificando que solo la Legislatura puede declarar utilidad pública. Los ediles Cobos y Canelada ya habían advertido sobre este error jurídico.
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El revés judicial obliga al municipio a buscar soluciones legales para la continuidad escolar. Se exige una mesa de trabajo para evitar que el conflicto afecte a la comunidad educativa.
Los concejales Gustavo Cobos y José María Canelada, en plena sesión.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso punto final a la controversia por la expropiación de los inmuebles de la Escuela Gabriela Mistral al declarar la inconstitucionalidad del procedimiento impulsado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El fallo rechazó el recurso de casación del Ejecutivo municipal y ratificó que el municipio carece de atribuciones autónomas para declarar la utilidad pública con fines expropiatorios, una facultad reservada por la Constitución a la Legislatura provincial.
Tras conocerse la sentencia, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos recordaron que fueron los únicos que se opusieron a la ordenanza original. “Advertimos en el recinto que la educación pública se defiende con legalidad, no con procedimientos equivocados que terminan en la Justicia”, señaló Cobos.
“Nosotros dijimos en la sesión que la expropiación no podía hacerse de cualquier manera. La educación pública se defiende con seriedad, con planificación y respetando la Constitución. Lo que no se puede hacer es usar una causa noble para justificar un procedimiento jurídicamente equivocado”, insistió Cobos.
Por su parte, Canelada subrayó que el fallo es una lección de institucionalidad. “La legalidad no es una formalidad, es la garantía de que las decisiones públicas sean sostenibles. Gobernar exige reconocer límites”, afirmó.
Ante el nuevo escenario, los ediles exigieron al municipio abandonar la “improvisación” y convocar a una mesa de trabajo que garantice la continuidad pedagógica y la seguridad de la comunidad educativa, evitando nuevos conflictos legales que perjudiquen a alumnos y docentes.
“Este fallo demuestra que no todo se resuelve con anuncios. La ciudad necesita menos épica de ocasión y más responsabilidad institucional. Cuando una política pública nace mal, quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos”, concluyeron en un comunicado.
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