El Gobierno se comprometió a reunirse con las universidades tras la marcha y defendió el control sobre los fondos
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El Gobierno nacional recibirá a rectores universitarios tras la marcha federal de mañana para discutir fondos hospitalarios y defender la auditoría del gasto en educación superior.
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Capital Humano cuestionó la ley de financiamiento y la falta de datos del CIN. Impulsan una comisión de hospitales y una web de transparencia para controlar el destino de recursos.
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El conflicto escala ante la movilización opositora. El Ejecutivo busca imponer criterios de eficiencia y cobro a extranjeros, redefiniendo la relación con las universidades públicas.
En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, el Gobierno nacional aseguró que abrirá una instancia de diálogo con rectores de universidades públicas para discutir el reparto de fondos destinados a hospitales universitarios y volvió a defender su política de control y revisión sobre el sistema educativo superior.
La administración de Javier Milei ratificó además que no puede aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso el año pasado, al considerar que presenta irregularidades legales y presupuestarias.
Las definiciones surgieron durante un encuentro de prensa en el que expusieron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, según publicó Infobae.
Allí se explicó que el Ejecutivo trabaja en la creación de una comisión integrada por rectores de universidades que cuentan con hospitales educativos para consensuar nuevos criterios de distribución de recursos que, hasta ahora, se otorgaban de manera discrecional.
La iniciativa forma parte de una batería de medidas que Capital Humano tiene en carpeta y que incluye también la creación de una página web específica para que cualquier ciudadano pueda consultar el destino de los recursos asignados al sistema universitario.
“Muchos de estos datos no los tiene casi nadie porque la administración del Sistema de Información Universitaria está en manos exclusivamente del CIN”, cuestionó Álvarez en referencia al Consejo Interuniversitario Nacional.
El funcionario sostuvo además que durante años “se hacía muy difícil la publicación de datos” y remarcó que el sistema “funcionaba sin depurarse”.
El debate por el costo universitario
Durante la exposición, el subsecretario aseguró que desde hace mucho tiempo no se analizaban indicadores como el costo por alumno y por graduado. “Son indicadores necesarios para saber en el estado en que están realmente”, planteó.
En la misma línea, Pettovello defendió la postura oficial y negó que exista una intención de ir contra la universidad pública. “Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad”, afirmó la ministra.
Además, el Gobierno cuestionó el trasfondo político de la movilización convocada para este martes y consideró que sectores opositores intentan modificar el eje de la discusión.
“Se va a ver mañana en la marcha, donde van a estar todos los partidos políticos opositores participando”, sostuvo Álvarez.
La discusión por la ley de financiamiento
El funcionario también rechazó el reclamo universitario para que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por Milei, cuya constitucionalidad se debate actualmente en la Justicia.
“La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto”, argumentó.
Según explicó, el amparo judicial que actualmente analiza la Corte Suprema se refiere únicamente a los artículos vinculados a becas y salarios docentes. Álvarez señaló que el incremento salarial previsto implicaría “un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar”. También remarcó que, incluso antes de aprobarse el Presupuesto, la norma “incumplía la Ley de Administración Financiera”, debido a que no precisaba de dónde saldrían los recursos para financiar el gasto adicional.
Los datos oficiales sobre estudiantes y egresados
De acuerdo con cifras difundidas por el Ejecutivo, actualmente existen 1.980.136 alumnos en universidades de todo el país. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que menos de la mitad posee condición de “regular”, es decir, aprueba dos o más materias por año. El resto tendría un rendimiento inferior o solamente se habría inscripto sin cursar materias.
En cuanto al gasto por graduado, el oficialismo difundió datos que muestran fuertes diferencias entre universidades. Según esos registros, la Universidad de las Artes encabeza el ranking, con un costo de $423.830.487 por egresado a lo largo de toda la carrera. Le sigue la Universidad de Tierra del Fuego, con un gasto de $176.202.583.
Otro de los puntos planteados por el Gobierno estuvo vinculado con los estudiantes extranjeros. Álvarez cuestionó que, pese a la habilitación legal existente, las universidades todavía no hayan comenzado a cobrar matrícula a quienes no sean argentinos ni residentes.
“¿A ustedes les parece que no es relevante el 50% de la matrícula de la Facultad de Medicina de La Plata, que pertenece a extranjeros? Cincuenta por ciento. Siendo una de las carreras más caras”, sostuvo el subsecretario.
Incluso aseguró que autoridades universitarias le transmitieron que hubo reclamos para que determinadas cátedras se dictaran en portugués.




















