ARCA admitió dificultades para retener personal técnico tras la reducción
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ARCA admitió este viernes ante el Ministerio de Economía dificultades para retener personal técnico especializado tras el despido y retiro de 3.000 empleados en todo el país.
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La situación se agravó por la reducción de sueldos directivos, el fin de la cuenta de jerarquización y un ecosistema digital obsoleto que impulsa la fuga de cuadros al sector privado.
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El Plan 2026 busca modernizar la tecnología estatal y capacitar áreas críticas para evitar una mayor pérdida de recaudación y eficiencia frente a los grandes estudios contables.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) admitió dificultades para sostener personal técnico especializado luego del proceso de reducción de estructura, que implicó la salida de unos 3.000 cuadros directivos entre retiros voluntarios, jubilaciones y despidos. La situación quedó reflejada en el Plan de Acción y Objetivos para 2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
El documento, incluido en la Resolución 695 firmada por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, destaca como una fortaleza institucional la creación de ARCA, aunque también enumera una serie de debilidades que afectan el funcionamiento del organismo.
Entre los principales problemas identificados aparece la existencia de un “ecosistema tecnológico obsoleto” y las dificultades para conservar profesionales especializados. El texto oficial menciona una “gestión del talento limitada”, debido a los obstáculos para atraer y retener perfiles técnicos vinculados al análisis de datos y áreas estratégicas, consignó el diario "Ámbito".
La problemática se da luego de los fuertes recortes salariales aplicados al organismo desde el inicio de la actual gestión. En ese momento, el gobierno de Javier Milei cuestionó los niveles salariales que percibían las autoridades de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En 2024, el cargo de director de AFIP tenía una remuneración cercana a los $32 millones, mientras que los directores cobraban alrededor de $17 millones. Posteriormente, esos ingresos fueron reducidos hasta ubicarse en niveles similares a los de ministros y secretarios de Estado, de no más de $4 millones.
Además, la administración libertaria eliminó gran parte de la denominada “Cuenta de Jerarquización”, mecanismo que distribuía entre cargos superiores un porcentaje de la recaudación fiscal. Ese concepto representaba el 0,60% de la recaudación, cuando anteriormente alcanzaba el 0,65%, y en distintos períodos llegó a tener mayor peso que el salario formal de muchos empleados.
Dentro del organismo advierten que la combinación de salarios más bajos y retiros voluntarios favoreció la salida de cuadros técnicos altamente capacitados hacia el sector privado, especialmente hacia grandes estudios contables vinculados a empresas de relevancia, donde el conocimiento adquirido en la administración tributaria resulta estratégico.
Frente a este escenario, el plan oficial contempla un programa de “Desarrollo de Capacidades”, orientado a fortalecer funciones técnicas, analíticas y de atención al ciudadano. El documento propone impulsar nuevas herramientas de formación y profesionalización para áreas consideradas críticas.
El informe también hace referencia a la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Según datos oficiales citados en el documento, los salarios públicos fueron los más afectados por la política de ajuste y acumularon una pérdida estimada del 35% en dos años.
En esa línea, un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que hacia febrero el poder de compra de los salarios había caído un 20% en el sector privado formal y un 34% en el sector público respecto de 2017. El estudio estima que un trabajador privado perdió el equivalente a 16 salarios mensuales de 2017 en los últimos ocho años, mientras que un empleado estatal resignó 21 sueldos.
En paralelo, ARCA prevé avanzar en una serie de inversiones vinculadas al área tecnológica. Entre las iniciativas incluidas en el plan figuran la implementación de un programa de tecnología de mediano plazo, la modernización de infraestructura informática, la incorporación de herramientas de analítica e inteligencia artificial, nuevas políticas de gobernanza de datos, la creación de un centro de contingencia y la actualización de los sistemas de seguridad informática.




















