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El impacto de los precios en las góndolas.
Las estadísticas públicas argentinas volvieron al centro del debate internacional. En su último "staff report", el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una dura advertencia sobre la calidad de los datos locales. El organismo afirmó que la metodología para medir la inflación está desactualizada, que la canasta de consumo actual no representa la realidad y que es "urgente" sancionar una nueva ley que otorgue autarquía real al Indec.
A diferencia de la era kirchnerista, el Fondo no denuncia "falsificación", sino una obsolescencia técnica con trasfondo político. La polémica se remonta a febrero, cuando el binomio Milei-Caputo frenó el lanzamiento de un nuevo IPC que ya estaba listo.
Aquella decisión provocó la salida de Marco Lavagna y dejó al instituto en una crisis de recursos, evidenciada en la situación de su actual director técnico, Pedro Lines.
El nudo del conflicto es el peso de los servicios públicos. En la canasta nueva, las tarifas tienen mayor incidencia; dado que el Gobierno planea subas por encima de la inflación general para 2026, el nuevo índice arrojaría cifras más altas que el actual.
Ante este escenario, el Palacio de Hacienda confirmó que solo actualizará el indicador cuando la desinflación esté "firmemente consolidada", una fecha que sigue siendo una incógnita.
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