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El Gobierno busca eliminar la ley de etiquetado frontal: cuáles son los argumentos y por qué se generó la polémica
El gobierno de Javier Milei impulsa la eliminación de la ley de etiquetado frontal y de los octógonos negros en los envases de alimentos. La propuesta abrió una fuerte polémica entre quienes consideran que la norma protege la salud pública y quienes sostienen que perjudica a la industria y genera confusión en los consumidores.
El gobierno de Javier Milei impulsa una fuerte modificación sobre una de las normativas alimentarias más debatidas de los últimos años: la ley de etiquetado frontal. La iniciativa propone eliminar los octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías en los alimentos industrializados.
La discusión volvió a instalarse con fuerza luego de que sectores oficialistas y aliados presentaran proyectos para derogar la norma sancionada en 2021. Mientras algunos dirigentes sostienen que el sistema actual perjudica a la industria y confunde a los consumidores, especialistas en salud y referentes que impulsaron la ley advierten sobre un retroceso en materia de derechos y salud pública.
Qué es la ley de etiquetado frontal
La ley de etiquetado frontal fue aprobada en Argentina con el objetivo de que los consumidores puedan identificar de manera rápida y sencilla cuándo un alimento contiene cantidades elevadas de nutrientes considerados perjudiciales para la salud.
El sistema funciona mediante octógonos negros ubicados en la parte delantera de los envases con frases como “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio” o “Exceso en grasas saturadas”.
Además, la normativa incluyó restricciones publicitarias destinadas a proteger a niños y adolescentes. Entre ellas, se prohibió el uso de dibujos animados, personajes famosos, celebridades o figuras deportivas en productos que tengan sellos de advertencia.
La ley también limitó la promoción de este tipo de alimentos dentro de escuelas.
Por qué el Gobierno quiere eliminar los octógonos
Uno de los principales argumentos del oficialismo es que el sistema actual perdió efectividad porque demasiados productos tienen sellos.
La diputada Daiana Fernández Molero, que impulsa la derogación de la normativa, afirmó que “cuando casi todo tiene octógonos, el etiquetado deja de llamar la atención y se convierte en parte del paisaje”.
Según explicó, el perfil nutricional elegido en Argentina hace que cerca del 85% de los productos exhiba advertencias, algo que —desde su visión— genera más confusión que información útil para el consumidor.
Desde el Gobierno también sostienen que la ley no logró incentivar a las empresas a mejorar la composición de sus productos.
El Gobierno busca eliminar la ley de etiquetado frontal: cuáles son los argumentos y por qué se generó la polémica
El argumento económico y las críticas al Mercosur
Otro de los puntos centrales del debate tiene que ver con el impacto económico sobre la industria alimentaria.
Los sectores que buscan derogar la ley aseguran que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan mayores costos para adaptar sus envases a las exigencias argentinas.
Además, argumentan que la normativa nacional no coincide con los sistemas utilizados en otros países del Mercosur, lo que dificulta exportaciones y operaciones comerciales.
Fernández Molero sostuvo que Argentina terminó adoptando un modelo distinto al de la mayoría de los países de la región y que eso representa un obstáculo para las empresas que venden productos al exterior.
Según explicó, las grandes compañías tienen más capacidad para absorber esos costos, pero las pymes enfrentan mayores dificultades.
La postura de quienes defienden la ley
La posible eliminación del etiquetado frontal generó un fuerte rechazo entre especialistas en nutrición, organizaciones vinculadas a la salud y dirigentes que impulsaron la norma.
Una de las voces más críticas fue la de la exdiputada Brenda Austin, autora de la ley, quien calificó la iniciativa como “una decisión equivocada”.
Austin remarcó que el principal objetivo de la normativa es garantizar el derecho a la información de los consumidores y proteger la salud pública.
“Cuando una persona está frente a una góndola necesita saber de manera clara qué está consumiendo”, explicó.
La exlegisladora también señaló que Argentina registra altos índices de obesidad infantil y sobrepeso, situación que fue uno de los factores determinantes para avanzar con la ley.
El problema de la obesidad infantil
Uno de los ejes centrales del debate está vinculado a la salud de niños y adolescentes.
Según los datos utilizados durante la discusión parlamentaria de la ley, alrededor del 36% de los menores en Argentina presenta problemas de sobrepeso u obesidad.
Desde los sectores que respaldan el etiquetado frontal sostienen que el consumo excesivo de productos ultraprocesados puede generar enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas crónicos a largo plazo.
Por ese motivo, consideran que eliminar los octógonos implicaría reducir herramientas de prevención sanitaria.
La polémica por la publicidad dirigida a niños
Otro de los aspectos más discutidos es la restricción de publicidad infantil.
La ley prohíbe utilizar personajes animados, juguetes, influencers infantiles o figuras deportivas para promocionar alimentos que tengan sellos de advertencia.
Para Brenda Austin, esta parte de la normativa es fundamental porque evita que los niños sean influenciados por campañas de marketing diseñadas para fomentar el consumo de productos poco saludables.
Sin embargo, desde los sectores que cuestionan la ley consideran que estas limitaciones son excesivas y afectan estrategias comerciales legítimas de las empresas.
¿Qué puede pasar ahora?
El debate recién comienza y promete generar una fuerte discusión política y social en el Congreso.
Por un lado, el Gobierno y dirigentes aliados sostienen que la ley actual perjudica a la industria, genera sobrecostos y no cumple adecuadamente su objetivo informativo.
Por el otro, organizaciones sanitarias y especialistas advierten que eliminar los octógonos podría significar un retroceso en materia de salud pública y transparencia para los consumidores.
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