30 Abril 2004
El sector productivo tucumano necesita de soluciones urgentes a los graves problemas que padece y no sólo promesas incumplidas por parte de un Estado ausente. Es una constante que los gobernantes de los últimos tiempos pasen sus días prometiendo soluciones y políticas activas que nunca se llevan adelante. La desidia y pasividad de muchos funcionarios encrespan a los principales empresarios de la provincia, que ven pasar los días, los meses y los años y no observan ningún cambio positivo para el sector que más le aporta a la provincia en concepto de impuestos y de divisas.
Es notorio en las conversaciones con productores y empresarios tucumanos como la desilusión y el hartazgo aflora hacia los funcionarios provinciales, un sentimiento que cada día es mayor. Está claro que el campo es para las autoridades nacionales y provinciales una cuenta a donde pueden acudir para lograr dinero y no como un proyecto político para el crecimiento del país.
No existen
Desde que asumieron las nuevas autoridades nacionales y provinciales no se dictó ninguna medida a favor del campo y ni hablar de políticas agropecuarias. En pocas palabras, no existen.
Las retenciones a las exportaciones; el Impuesto a las transacciones bancarias; el pago del Impuesto a las Ganancias sin ajuste por inflación y la fuerte presión fiscal por parte de los gobiernos provinciales, entre los que Tucumán no se quedó atrás, representan las verdaderas anti-políticas agropecuarias oficiales. Lejos de alentar a la producción, la agobian. Y es tan así, que en las zonas rurales de la provincia se puede ver como quedan sólo los grandes productores o las grandes empresas agropecuarias que poseen capital de trabajo y financiación propia. Se nota, además, un creciente abandono de la actividad agraria entre los pequeños productores y la pérdida de activos humanos jóvenes ante la falta de motivaciones sobre el futuro en el agro local. La actual gestión oficial en todos los campos deja mucho que desear. Siempre va detrás de los problemas y no se anticipa a ellos. Los avances no se ven y las promesas son moneda corriente. Y pruebas al canto es lo que ocurre en la actividad citrícola, con la falta de gas, o la que padecerá la industria azucarera a partir de junio cuando sus trapiches comiencen a moler en forma interrumpida la caña que con tanto sacrificio fue producida.
Las carencias
En Tucumán los productores piden a gritos que se trabaje más seriamente en materia de políticas activas y en el postergado item referido a la infraestructura. No es nuevo decir que muchos zonas se encuentran aisladas del mundo ante la falta de obras. No tan sólo para producir, sino para que el hombre de campo pueda vivir dignamente.
La falta de caminos en buen estado, de luz eléctrica, de gas, de agua potable o de establecimientos educacionales (escuelas, bibliotecas), de complejos polideportivos o de centros asistenciales tornan inviable a muchas regiones del interior de la provincia. Gran parte de la agricultura tucumana está hoy estructuralmente obsoleta y descapitalizada, y necesita un plan de actuación integral. Y si la administración provincial no tiene claro esto, seguramente no llegarán muy lejos.
Es necesario redefinir el papel del Estado como garante de la producción. El Estado debe entender que en lugar de comprar más bienes superfluos como autos cero kilómetro, camionetas 4 x 4, o que se autorice la asignación de partidas reservadas para sus funcionarios, debería preocuparse más por destinar fondos a los proyectos de infraestructura, indispensables para cualquier acto productivo.
Hoy, la ausencia del Estado está agobiando a muchos empresarios locales que carecen de herramientas tan elementales como la falta de caminos para sacar las cosechas del campo o de la financiación para poder seguir produciendo en forma competitiva. Como siempre el Estado sigue haciendo oídos sordos a los reclamos. Los funcionarios tienen la última palabra.
Es notorio en las conversaciones con productores y empresarios tucumanos como la desilusión y el hartazgo aflora hacia los funcionarios provinciales, un sentimiento que cada día es mayor. Está claro que el campo es para las autoridades nacionales y provinciales una cuenta a donde pueden acudir para lograr dinero y no como un proyecto político para el crecimiento del país.
No existen
Desde que asumieron las nuevas autoridades nacionales y provinciales no se dictó ninguna medida a favor del campo y ni hablar de políticas agropecuarias. En pocas palabras, no existen.
Las retenciones a las exportaciones; el Impuesto a las transacciones bancarias; el pago del Impuesto a las Ganancias sin ajuste por inflación y la fuerte presión fiscal por parte de los gobiernos provinciales, entre los que Tucumán no se quedó atrás, representan las verdaderas anti-políticas agropecuarias oficiales. Lejos de alentar a la producción, la agobian. Y es tan así, que en las zonas rurales de la provincia se puede ver como quedan sólo los grandes productores o las grandes empresas agropecuarias que poseen capital de trabajo y financiación propia. Se nota, además, un creciente abandono de la actividad agraria entre los pequeños productores y la pérdida de activos humanos jóvenes ante la falta de motivaciones sobre el futuro en el agro local. La actual gestión oficial en todos los campos deja mucho que desear. Siempre va detrás de los problemas y no se anticipa a ellos. Los avances no se ven y las promesas son moneda corriente. Y pruebas al canto es lo que ocurre en la actividad citrícola, con la falta de gas, o la que padecerá la industria azucarera a partir de junio cuando sus trapiches comiencen a moler en forma interrumpida la caña que con tanto sacrificio fue producida.
Las carencias
En Tucumán los productores piden a gritos que se trabaje más seriamente en materia de políticas activas y en el postergado item referido a la infraestructura. No es nuevo decir que muchos zonas se encuentran aisladas del mundo ante la falta de obras. No tan sólo para producir, sino para que el hombre de campo pueda vivir dignamente.
La falta de caminos en buen estado, de luz eléctrica, de gas, de agua potable o de establecimientos educacionales (escuelas, bibliotecas), de complejos polideportivos o de centros asistenciales tornan inviable a muchas regiones del interior de la provincia. Gran parte de la agricultura tucumana está hoy estructuralmente obsoleta y descapitalizada, y necesita un plan de actuación integral. Y si la administración provincial no tiene claro esto, seguramente no llegarán muy lejos.
Es necesario redefinir el papel del Estado como garante de la producción. El Estado debe entender que en lugar de comprar más bienes superfluos como autos cero kilómetro, camionetas 4 x 4, o que se autorice la asignación de partidas reservadas para sus funcionarios, debería preocuparse más por destinar fondos a los proyectos de infraestructura, indispensables para cualquier acto productivo.
Hoy, la ausencia del Estado está agobiando a muchos empresarios locales que carecen de herramientas tan elementales como la falta de caminos para sacar las cosechas del campo o de la financiación para poder seguir produciendo en forma competitiva. Como siempre el Estado sigue haciendo oídos sordos a los reclamos. Los funcionarios tienen la última palabra.
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