04 Junio 2004
En busca de aclarar el impacto de la Ley de Bioterrorismo sancionada en 2002 por los Estados Unidos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) preparó un trabajo para evaluar la incidencia que la medida tendrá sobre el comercio agroalimentario argentino y que fue publicado por el Infocampo.com.ar.
En principio, el estudio de la oficina argentina del organismo recordó que el mercado norteamericano genera U$S 10.500 millones de PBI y, "no obstante las barreras conocidas, crea expectativas y posibilidades extraordinarias". Haciendo un racconto de cómo se llegó a esta medida, el IICA señala que antes del ataque del 11 de setiembre, "el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los EEUU (CDC) ya había desarrollado un plan estratégico contra el terrorismo biológico y químico". Es decir, el temor ya estaba allí.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido que "la contaminación intencional de alimentos con fines terroristas es una amenaza real y presente".
Sospechosos
En este escenario, todos, absolutamente todos pasan a la categoría de sospechosos. Así fue que el 12 de junio de 2002, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Seguridad Pública, Prevención y Respuesta contra el Bioterrorismo, en respuesta a la preocupación por la posibilidad de que ocurran atentados bioterroristas. La norma entró en vigor el 12 de diciembre de 2003.
La ley consta de cinco títulos: 1.- Preparación nacional contra el bioterrorismo y otras emergencias de salud pública; 2.- Mejoramiento de los controles sobre agentes biológicos peligrosos y toxinas; 3.- Protección de la seguridad alimentaria y del abastecimiento de medicamentos; 4.- Seguridad del agua potable; 5.- Previsiones adicionales.
El estudio del IICA afirma que los requisitos de la ley que afectan en mayor medida al sector exportador argentino es el punto tres. Dicho capítulo contiene las normas para el control de importaciones de géneros alimentarios y bebidas en los Estados Unidos, estando su ejecución bajo la responsabilidad de la Food & Drug Administration (FDA).
En principio, el estudio de la oficina argentina del organismo recordó que el mercado norteamericano genera U$S 10.500 millones de PBI y, "no obstante las barreras conocidas, crea expectativas y posibilidades extraordinarias". Haciendo un racconto de cómo se llegó a esta medida, el IICA señala que antes del ataque del 11 de setiembre, "el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los EEUU (CDC) ya había desarrollado un plan estratégico contra el terrorismo biológico y químico". Es decir, el temor ya estaba allí.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido que "la contaminación intencional de alimentos con fines terroristas es una amenaza real y presente".
Sospechosos
En este escenario, todos, absolutamente todos pasan a la categoría de sospechosos. Así fue que el 12 de junio de 2002, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Seguridad Pública, Prevención y Respuesta contra el Bioterrorismo, en respuesta a la preocupación por la posibilidad de que ocurran atentados bioterroristas. La norma entró en vigor el 12 de diciembre de 2003.
La ley consta de cinco títulos: 1.- Preparación nacional contra el bioterrorismo y otras emergencias de salud pública; 2.- Mejoramiento de los controles sobre agentes biológicos peligrosos y toxinas; 3.- Protección de la seguridad alimentaria y del abastecimiento de medicamentos; 4.- Seguridad del agua potable; 5.- Previsiones adicionales.
El estudio del IICA afirma que los requisitos de la ley que afectan en mayor medida al sector exportador argentino es el punto tres. Dicho capítulo contiene las normas para el control de importaciones de géneros alimentarios y bebidas en los Estados Unidos, estando su ejecución bajo la responsabilidad de la Food & Drug Administration (FDA).
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