La presión fiscal desalienta la legalidad

Algunas encuestas privadas revelan que más del 60% de los productos frutihortícolas que se comercializan en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) se realizan bajo una economía informal. Esto significa que gran parte de las ventas son en negro y otro porcentaje inferior se sub-factura, con montos que no llegan ni siquiera al 50% del valor real.Esto, que es un secreto a voces, provocó en los últimos años que las grandes empresas frutihortícolas argentinas se conviertan en anticompetitivas en el difícil e informal mercado interno argentino. La situación se debe a que sencillamente los controles del Estado no funcionan, ni siquiera en los grandes centros comercializadores, como en el MCBA, y menos aún en los mercados periféricos del Gran Buenos Aires o de los concentradores que se localizan en el interior del país. RealidadSi observamos qué es lo que pasa con el limón de Tucumán, encontramos que la mayoría de los grandes productores y exportadores del sector se retiraron desde hace varios años de la comercialización en el mercado interno, porque, sencillamente, no pueden competir contra muchos de los pequeños y medianos productores y empacadores que llevan adelante sus actividades económicas al margen de la ley. Lo mismo ocurre con los productores de papa o de cualquier otra actividad hortícola del interior del país. Pero no hay que echarles toda la culpa al sector productivo, que ya demasiado riesgo asume al dedicarse a producir en un país sin reglas claras de juego. La realidad es que la brutal evasión que existe en el sector frutihortícola argentino se debe prioritariamente a la excesiva presión fiscal a las empresas que quieren trabajar seriamente.Es decir, contra las grandes empresas nacionales. Basta con mirar alrededor y observar qué hacen las grandes empresas citrícolas durante el verano tucumano. Las que poseen una infraestructura articulada, con todo su personal en regla (en blanco), con sus empresas proveedoras debidamente inscriptas reciben una gran presión del Estado, con inspectores que ejercen su labor en forma permanente dentro de esas empresas y trabajan directamente sobre sus cuentas (cajas). Esto llevó a que muchas de ellas dejen de comercializar sus producciones por no ser competitivas frente a firmas que no tienen controles por no estar blanqueadas. Así planteadas la cosas, cumplir con la ley deja de ser negocio. Sencillamente es imposible y provoca grandes pérdidas económicas en las empresas del agro. El único que gana en esta ecuación, finalmente, es el Estado. En cambio, la mayoría de las PyME frutihortícolas que trabajan durante el verano con su personal en negro compran insumos en negro, contratan el flete a los centros de distribución en negro y además, en complicidad con sus consignatarios, venden toda la producción en negro o subfacturada. Esto les posibilita salir adelante y subsistir. Es nuestra realidad. Y son los Estados los que ejercen una presión fiscal grosera sobre el sector productivo formal, imponiéndo tributos nacionales y provinciales elevados, que conducen a que sólo se pueda comercializar al margen de la ley, ya que de lo contrario sería imposible cumplir. IrrecuperableCon un IVA diferencial del 21% para la compra de insumos agropecuarios y con un IVA del 10,5% para la venta de las producciones no se puede competir (Lavagna mediante). Esto genera en el productor un crédito fiscal que nunca podrá recuperar o equilibrar. Y menos aún, si en la declaración de sus ventas se blanquean todas las operaciones, ya que una mayor facturación en la Argentina no significa mayores ganancias, puesto que se traduce en imposiciones más elevadas, tanto de Ganancias, del Impuesto a los Cheques, de Ingresos Brutos y de una serie de gavelas provinciales que sólo provocan vergüenza y desconcierto entre los hombres de campo. Llegó la hora de que el Estado tome cartas en el asunto y asuma la responsabilidad que le toca de bajar las cargas tributarias; de incentivar a los actos productivos; dictar políticas claras y estables y, sobre todo, dejar de perseguir a las empresas serias, si es que se propone como objetivo que la economía frutihortícola se convierta en una actividad íntegramente formal. Para el bien de todos.(Por Ernesto José Caram, sección rural)