05 Mayo 2006
Las defensorías del pueblo de Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba trabajan conjuntamente para controlar la contaminación en la cuenca del río Salí-Dulce, por la cual responsabilizan a las industrias que descargarían sus efluentes en ella, sin tratarlos.
Los tres distritos conformaron una comisión interjurisdiccional que ya realizó denuncias en los fueros federales santiagueño y tucumano, en las que acusan a los ingenios azucareros, los frigoríficos, papeleras, plantaciones de cítricos, industrias y otros emprendimientos por contaminación ambiental.
"Estamos monitoreando el estado de las aguas con estudios desde 2003 y la contaminación no ha parado de crecer", señaló a la agencia NA el defensor del pueblo de Santiago del Estero, Darío Alarcón, cuya provincia se ve particularmente afectada por la polución de la zona.
Alarcón destacó que se trabaja junto con Tucumán "porque en esa provincia hay una denuncia contra Minera Alumbrera y otra contra los infractores de la Ley de Medio Ambiente".
Según indicó el funcionario, el inicio en la descarga de efluentes contaminantes sobre la cuenca del río Salí-Dulce data de 1958, cuando comenzó la construcción del dique frontal en Las Termas de Río Hondo, un paredón de concreto que interrumpe el curso del río Salí y que se constituyó como obra de cabecera del complejo hidráulico del río Dulce. Esas aguas finalmente desembocan en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba, por lo que esta provincia también se ve afectada por la contaminación de las aguas.
"A Córdoba le afecta porque recibe las aguas, pero las causas de la contaminación están radicadas en Santiago y en Tucumán. La defensora del pueblo de Córdoba, Jessica Valentini, colabora con nosotros entregando informes técnicos a través de la Universidad de Córdoba", señaló Alarcón.
Agregó que la Justicia santiagueña está "atrasada respecto de la tucumana", y por ello ambos ombudsman intentan ponerse de acuerdo para que las dos causas no busquen a los mismos responsables, permitiendo que otros queden libres de culpa y cargo".
Los tres distritos conformaron una comisión interjurisdiccional que ya realizó denuncias en los fueros federales santiagueño y tucumano, en las que acusan a los ingenios azucareros, los frigoríficos, papeleras, plantaciones de cítricos, industrias y otros emprendimientos por contaminación ambiental.
"Estamos monitoreando el estado de las aguas con estudios desde 2003 y la contaminación no ha parado de crecer", señaló a la agencia NA el defensor del pueblo de Santiago del Estero, Darío Alarcón, cuya provincia se ve particularmente afectada por la polución de la zona.
Alarcón destacó que se trabaja junto con Tucumán "porque en esa provincia hay una denuncia contra Minera Alumbrera y otra contra los infractores de la Ley de Medio Ambiente".
Según indicó el funcionario, el inicio en la descarga de efluentes contaminantes sobre la cuenca del río Salí-Dulce data de 1958, cuando comenzó la construcción del dique frontal en Las Termas de Río Hondo, un paredón de concreto que interrumpe el curso del río Salí y que se constituyó como obra de cabecera del complejo hidráulico del río Dulce. Esas aguas finalmente desembocan en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba, por lo que esta provincia también se ve afectada por la contaminación de las aguas.
"A Córdoba le afecta porque recibe las aguas, pero las causas de la contaminación están radicadas en Santiago y en Tucumán. La defensora del pueblo de Córdoba, Jessica Valentini, colabora con nosotros entregando informes técnicos a través de la Universidad de Córdoba", señaló Alarcón.
Agregó que la Justicia santiagueña está "atrasada respecto de la tucumana", y por ello ambos ombudsman intentan ponerse de acuerdo para que las dos causas no busquen a los mismos responsables, permitiendo que otros queden libres de culpa y cargo".
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