El paro agropecuario ratifica el distanciamiento que existe entre el campo y el Estado nacional

La decisión de que el campo argentino vaya a un paro nacional a partir del domingo y durante varios días es una situación que ya se venía madurando en el ambiente agropecuario argentino. Esta medida adoptada por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y por la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otras a adherirse, muestra que el diálogo con el Estado nacional llegó a su fin, y que las conversaciones que hubo entre el Gobierno y los dirigentes del campo no tuvieron los resultados esperados.
La historia de esta pelea se remonta a varios años atrás, por innumerables factores que actuaron para llegar a esta ruptura con el Estado nacional y, en muchos casos, con los provinciales. Desde el Estado se dice que el campo sigue ganando mucha plata, por eso debe sostener muchos de los gastos del aparato estatal con los ingresos que las producciones agropecuarias generan. Por ello la presión fiscal es muy fuerte y constante para todos los vinculados con el sistema productivo rural del país.
Esa presión fiscal es permanente por las diferentes imposiciones tributarias y confiscatorias: Impuesto al Cheque, Sellos, Ingresos Brutos, las retenciones a las exportaciones, la renta presunta, el aumento de la tasación de los campos a valores insospechados, la suba indiscriminada de los costos de producción y otras acciones del Estado nacional y provincial, que van ahogando al productor. Y en esta encerrona tributaria, el hombre de campo no encuentra escapatoria ni se escuchan sus reclamos.
El Estado debe darse cuenta que esta situación es límite y que perjudica a todos. Que al no comercializar ganado, granos y productos de cualquier otra actividad, quedan inmovilizados muchos sectores y se dejan de generar los negocios necesarios para los sectores involucrados.
La pérdida de oportunidades de ventas de productos cárnicos, lácteos y granarios hicieron que al país no ingresen divisas por más de $ 2.000 millones, según una fuente de CRA, por las malas decisiones realizadas en la administración de Néstor Kirchner.
Lo peor es que no abastecer a los mercados internacionales que usualmente compran productos argentinos es un paso en falso, ya que la demanda es cubierta con productos de otros países que pasaron a ser competencia para la Argentina. Un caso es el de Uruguay, que llegó a vender sus carnes a valores impensados por los exportadores argentinos.
Estas peleas que protagonizan el Estado y los productores no conducen a nada. Pero, ¿quién tiene la culpa de todo esto? se preguntan muchos. Son los productores que quieren ganar más y con el menor esfuerzo, se escucha desde el gobierno. El Estado es el culpable, ya que lo único que quiere es recaudar más para cubrir su creciente gasto público, repiten los hombres de campo.
Este tire y afloje no conduce a nada, pero lo que sí está claro es que se llegó a un punto donde el sector agropecuario no da más y quiere que esta situación cambie. Cuando el sector tiene la oportunidad de vender sus productos a mejores precios internacionales -que sí fluctúan por la oferta y la demanda- el Estado nacional pone restricciones para que los precios internos no crezcan y generen inflación. Pero esto es poner piedras en el camino al crecimiento de uno de los motores de la economía argentina y no atacar a las causas que generan inflación.
El Estado debe entender que se está matando a la gallina de los huevos de oro con medidas desacertadas y con políticas de gestión agropecuaria a las que aún no se ven muy claras.