21 Julio 2008
La causa de María de los Angeles "Marita" Verón, la joven tucumana que se encuentra desaparecida desde hace más de seis años y que supuestamente está en manos de una red de trata de personas, llegó la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La fiscala Adriana Reynoso Cuello cerró la instrucción en 2004; desde entonces, la querella reclama que se reabra la investigación. También pide que los 25 procesados sean llevados a juicio, en vez de 13 (10 pedidos por la Fiscalía y tres agregados por el juez).
Otro punto de discrepancia es que sólo se acusó por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y por promoción de la prostitución, pero no por asociación ilícita. "Nosotros presentamos un recurso de apelación", explicó el abogado de la familia Verón, Carlos Garmendia.
"Pero tanto la Cámara de Apelación Penal como la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sucesivamente, rechazaron nuestro planteo. Entendemos que se está violando el derecho del querellante a ser escuchado, por eso hemos elevado el requerimiento a la Corte de la Nación", justificó.
"Esperamos que ahora se resuelva de manera favorable nuestra solicitud. La querella quiere, fundamentalmente, que se reabra la investigación porque Marita no apareció. Pedimos también que se acuse a los 25 implicados", añadió el letrado, en diálogo con LA GACETA.com.
En consonancia con las declaraciones de su abogado, Susana Trimarco se mostró esperanzada con la llegada del planteo a esa instancia. "No se puede cerrar la causa porque mi hija todavía no apareció. Doy gracias a Dios porque la Corte nos hizo lugar. Nunca perdí las esperanzas y voy a seguir luchando", expresó la madre de Verón.
La mujer anticipó que el próximo viernes se realizará la inauguración en la provincia de un albergue para las mujeres que fueron víctimas de redes de prostitución y que buscan rehacer sus vidas. La vivienda contará con 16 camas, aunque en un principio serán seis las jóvenes a las que se refugiará ahí.
La Embajada de los Estados Unidos y el Gobierno nacional aportaron los fondos para la compra del hogar, y un banco de capitales extranjeros donó el dinero para la adquisición de los muebles. "El domicilio se mantendrá en reserva y los alrededores serán custodiados permanentemente por personal de Gendarmería", concluyó Trimarco. LA GACETA.com ©
La fiscala Adriana Reynoso Cuello cerró la instrucción en 2004; desde entonces, la querella reclama que se reabra la investigación. También pide que los 25 procesados sean llevados a juicio, en vez de 13 (10 pedidos por la Fiscalía y tres agregados por el juez).
Otro punto de discrepancia es que sólo se acusó por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y por promoción de la prostitución, pero no por asociación ilícita. "Nosotros presentamos un recurso de apelación", explicó el abogado de la familia Verón, Carlos Garmendia.
"Pero tanto la Cámara de Apelación Penal como la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sucesivamente, rechazaron nuestro planteo. Entendemos que se está violando el derecho del querellante a ser escuchado, por eso hemos elevado el requerimiento a la Corte de la Nación", justificó.
"Esperamos que ahora se resuelva de manera favorable nuestra solicitud. La querella quiere, fundamentalmente, que se reabra la investigación porque Marita no apareció. Pedimos también que se acuse a los 25 implicados", añadió el letrado, en diálogo con LA GACETA.com.
En consonancia con las declaraciones de su abogado, Susana Trimarco se mostró esperanzada con la llegada del planteo a esa instancia. "No se puede cerrar la causa porque mi hija todavía no apareció. Doy gracias a Dios porque la Corte nos hizo lugar. Nunca perdí las esperanzas y voy a seguir luchando", expresó la madre de Verón.
La mujer anticipó que el próximo viernes se realizará la inauguración en la provincia de un albergue para las mujeres que fueron víctimas de redes de prostitución y que buscan rehacer sus vidas. La vivienda contará con 16 camas, aunque en un principio serán seis las jóvenes a las que se refugiará ahí.
La Embajada de los Estados Unidos y el Gobierno nacional aportaron los fondos para la compra del hogar, y un banco de capitales extranjeros donó el dinero para la adquisición de los muebles. "El domicilio se mantendrá en reserva y los alrededores serán custodiados permanentemente por personal de Gendarmería", concluyó Trimarco. LA GACETA.com ©
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