No dudará en acusarlos

30 Abril 2011
Juana Prieto de Sólimo - Fiscala de Cámara.

No le temblará el pulso para señalar a los principales imputados, Ema Gómez y Darío Pérez, como los homicidas del juez Aráoz. Esa fue la postura que mantuvo durante el juicio (optó por no hablar con LA GACETA). Se basará en las pericias balísticas y en el dermotest que complican a Pérez, y en los exámenes de ADN que involucran a Gómez. La gran incógnita es si creyó en la versión del móvil pasional, sostenida por el fiscal de Instrucción, Guillermo Herrera. Durante el debate, ella insistió en las sospechosas relaciones policiales. Además, en sus primeras intervenciones, dijo que podría agravar la acusación contra algunos de los ex policías de Banda del Río Salí, imputados hoy de encubrimiento.

La teoría de la mafia policial

Benjamín Frías Alurralde - Representante de la querella junto ala Abogado Dante Ibañez.

Los letrados sostendrán que Ema Hortensia Gómez y Alejandro Darío Pérez, junto a otras personas que no fueron identificadas, acabaron con la vida de Aráoz. Y dirán que el móvil del crimen no fue pasional. "Aráoz se enteró de algo que ellos quisieron callar", afirmó Frías Alurralde. La actuación de los policías de Banda del Río Salí será remarcada por los abogados. En las conclusiones finales afirmarán que Andrés Fabersani tuvo una participación activa en el crimen, y que Rodolfo Domínguez y Rubén Albornoz sabían perfectamente qué había pasado con Aráoz cuando salieron de la comisaría de Banda del Río Salí.

La cuestión del arma homicida

Dolores Leone Cervera - Repreaentante de la Acción Civil por la familia Aráoz.

La abogada marcará los puntos de la demanda civil contra los imputados y contra el Estado Provincial. Se basará en las pericias oficiales (desestimará las del perito de parte de Darío Pérez y las de la Policía Federal, esta última porque fue realizada seis años después del crimen). Así, sostendrá que el arma utilizada para cometer el homicidio fue la que el Estado le proveyó a Pérez, pues el imputado trabajaba como oficial de Policía. La demanda asciende a $ 6,7 millones. La letrada explicó que el monto se calculó teniendo en cuenta varios aspectos, como el daño moral hacia sus hijos; el daño emergente; y el valor vida.

Críticas a las pericias balísticas

Rodolfo Baza - Representante legal del Estado provincial.

El letrado argumentará sobre los contenidos de las pericias balísticas, y no sobre las conclusiones. Adelantó que cuestionará las descripciones realizadas por los peritos, que -según él- versan directamente sobre las coincidencias que habría entre las vainas encontradas en el lugar del crimen y las que generaban el arma en cuestión. Si el tribunal llegara a considerar que aquella fue el arma homicida, Baza realizará una explicación de cómo debe computarse el monto que debería resarcir el Estado y en la distribución de la culpa que le corresponde a todos los involucrados en el crimen (tanto los imputados como la víctima).

Un as bajo la manga para Ema

Mario Mirra - Defensor de Ema Hortensia Gómez.
La tarde del crimen, nadie la vio en la casa del juez, situada en Yerba Buena. Los informes de las empresas de telefonía celular indican que estuvo en San Miguel de Tucumán cada vez que realizó llamadas con su celular. Esa será la base de los argumentos que Mirra esbozará defender a Ema Hortensia Gómez.

También hará foco en dos cuestiones importantes: la supuesta extracción irregular de las muestras para los cotejos de ADN; y un as en la manga sobre el dermotest (que no adelantó). "Mi alegato no durará más de media hora. Lo interesante será escuchar a las otras partes describir cómo piensan que Ema Gómez mató a Aráoz", ironizó el letrado.

Atacará a la polémica acusada

Gustavo Morales - Defensor de Darío Pérez y de Andréz Fabersani.
"Se van a llevar una sorpresa en los alegatos", adelantó el letrado. La primera media hora de su intervención estará centrada en defender a Fabersani: dirá que acató órdenes de su ex jefe, Rodolfo Domínguez; y que no hubo encubrimiento tras el crimen de Aráoz. Luego, le dedicará una hora a Pérez. Criticará los estudios balísticos que complican a su cliente; cuestionará cómo aprehendieron al ex oficial y secuestraron su arma; y tratará de probar que Pérez estuvo trabajando ese día en su remise. Finalmente, atacará a Ema Gómez y hablará de la supuesta participación de funcionarios judiciales en el crimen.

Sobre leyes e irregularidades

Cergio Morfil - Codefensor junto a Álvaro Zelarayán de Rodolfo Domínguez.

Primero, Morfil analizará el reglamento policial y afirmará que le correspondía a Domínguez desplazarse desde Banda del Río Salí hasta la casa del juez. Luego, Zelarayán hará alusión a la actuación de su cliente ese día. "No hay ninguna prueba en toda la causa que permita acusar a Domínguez de encubrimiento", dijo.

La desaparición del acta que redactaron los policías de Banda del Río Salí, como así también las supuestas irregularidades que existieron en el inicio de las actuaciones, impulsarán a los abogados a pedir que se investigue a otros policías por presunto incumplimiento en sus funciones.

Obediencia a sus superiores

Nilda González de Escobedo - Defensora Oficial de Rubén Albornoz.
Rubén Albornoz no podía desobedecer las órdenes de sus superiores, pues se trataba de un mero escribiente. Ese será el principal argumento que esbozará la defensora oficial. Además, tiene varios elementos a considerar como favorables a su cliente. Él nunca ingresó a la escena del crimen; su función se limitó a custodiar a la aprehendida Ema Hortensia Gómez en la camioneta; y luego redactó el acta policial de acuerdo a las indicaciones del oficial de guardia, Andrés Fabersani y de su superior, Rodolfo Domínguez. Por otra parte, la propia Ema Gómez aseguró que no lo había visto en su vida hasta ese día.

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