La reducción de gastos provocó una crisis interna en el Concejo

Además de ser el bastión donde menos votos cosechó el alperovichismo, el municipio de Yerba Buena presenta otra particularidad: ninguno de los 10 concejales logró la reelección. Y si bien el cuerpo deliberativo de esa ciudad se pobló de caras nuevas, las diferencias entre pares no tardaron en llegar. La guerra entre oficialistas y opositores fue declarada el martes, cuando los primeros lograron reducir, a través de una ordenanza aprobada en una sesión especial, el número de empleados que cada concejal podrá contratar.

De esta manera, cada representante vecinal no podrá emplear a más de dos colaboradores, cuando en la gestión anterior podían contar con siete trabajadores.

Enfurecidos, los opositores responsabilizaron al propio intendente Daniel Toledo como el responsable de la maniobra política. "Es una vergüenza, Toledo bajó una orden para perjudicarnos. Es una verdadera extorsión. Que linda manera de recibirnos en esta nueva gestión", se quejó el radical Mariano Campero. El edil fue más allá: afirmó que el jefe municipal "habría arreglado con los oficialistas para que sus empleados sean absorbidos por el Departamento Ejecutivo". "Es inconcebible que con todas las cooperativas de trabajo que hay en el municipio, el intendente necesite sumar más personal a la intendencia. Si pretende un verdadero ahorro que comience con sus secretarios y directores", fustigó Campero.

En igual sentido opinó Pablo Berarducci, quien llegó al Concejo Deliberante por el partido municipal Por Yerba Buena. "El reglamento establece que cada concejal dispondrá de un cupo de siete cargos. El proyecto impuesto desde el Departamento Ejecutivo reducía este cupo a solo dos cargos. Los falaces e inconsistentes argumentos respecto del ahorro que producirá con esta medida no fueron suficientes para explicar una sumatoria de irregularidades cometidas por el oficialismo en su sesión inaugural", afirmó Berarducci, quien explicó que el proyecto de modificación del reglamento interno fue aprobado sobre tablas, sin dictamen de comisión. "Es decir que no sólo se aprobó una norma que no podía ser tratada en esa sesión, sino que lo hizo sin dictamen válido y a pesar del pedido de reconsideración el oficialismo impuso su mayoría por seis a cuatro", se quejó el edil. Finalmente, Berarducci anunció que acudirá a la Justicia para denunciar el hecho. "Lo acontecido es una clara muestra de la falta de institucionalidad, del avasallamiento del Concejo Deliberante para convertirlo en una escribanía de registro de las órdenes emanadas del Departamento Ejecutivo. Lo ocurrido nos obliga a la instancia judicial para pedir la nulidad absoluta de todo lo actuado y se declare inexistente la norma supuestamente sancionada", adelantó.

"Reducimos el gasto"
Si bien la medida fue duramente criticada por los opositores, desde el oficialismo respaldaron la iniciativa. El vicepresidente segundo del cuerpo, Luciano Villegas sostuvo que la reducción de personal cumple con la demanda de los vecinos: achicar el gasto público. "Con esta merma de personal vamos a ahorrar $ 1,9 millón al año. Y si 18.000 vecinos votaron por esta gestión, lo menos que podemos hacer es devolverle a la gente la confianza depositada con este tipo de gestos", explicó el edil.