04 Abril 2012
El aborto es un tema complejo, de interminable debate. Pero el Ejecutivo provincial, tras la sentencia de la Corte de la Nación que permite interrumpir embarazos en casos de abuso sexual, tiene que adoptar una postura. Y a eso se refirió ayer el gobernador, José Alperovich. "Hay confusión sobre el tema, y hay que aclarar que el Gobierno, en general, está a favor de la vida. Por otro lado, también es cierto que el Gobierno tiene que apoyar el fallo judicial. No podemos desobedecer lo que dice la Justicia", explicó el mandatario.
De esta manera, Tucumán se sumó a la lista de provincias que decidieron aceptar la sentencia del máximo tribunal. Adriana Álvarez, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), relató cómo interviene el Estado en los casos producidos en esta jurisdicción. "La Corte, con el fallo, nos dijo a los médicos que dejemos de judicializar temas que no deberían estarlo, porque están incluidos en el Código Penal", remarcó. La especialista se refería al artículo 86 (incisos 1 y 2), que disponen que el aborto no es punible en dos circunstancias: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; y cuando el embarazo proviene "de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
El 13 de marzo, el máximo tribunal dictó sentencia en un caso, y recordó la legislación mencionada por Álvarez. A la vez, exhortó a la Nación y a las provincias a implementar protocolos hospitalarios para la atención de esos casos, y campañas de información. En ese sentido, Alperovich manifestó cuál es la postura oficial. "La Justicia dice que por violación o cuando la madre puede perder la vida, en esos dos casos la Justicia avala el aborto. El fallo es claro. Si no lo respetáramos viviríamos en una anarquía (sic). No se trata de que estamos de acuerdo o no", dijo.
La legisladora radical, Silvia Elías de Pérez, presentó un proyecto de ley para evitar que se implemente el protocolo de la Corte. "No se puede proponer la muerte como programa de gobierno", dijo.
De esta manera, Tucumán se sumó a la lista de provincias que decidieron aceptar la sentencia del máximo tribunal. Adriana Álvarez, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), relató cómo interviene el Estado en los casos producidos en esta jurisdicción. "La Corte, con el fallo, nos dijo a los médicos que dejemos de judicializar temas que no deberían estarlo, porque están incluidos en el Código Penal", remarcó. La especialista se refería al artículo 86 (incisos 1 y 2), que disponen que el aborto no es punible en dos circunstancias: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; y cuando el embarazo proviene "de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
El 13 de marzo, el máximo tribunal dictó sentencia en un caso, y recordó la legislación mencionada por Álvarez. A la vez, exhortó a la Nación y a las provincias a implementar protocolos hospitalarios para la atención de esos casos, y campañas de información. En ese sentido, Alperovich manifestó cuál es la postura oficial. "La Justicia dice que por violación o cuando la madre puede perder la vida, en esos dos casos la Justicia avala el aborto. El fallo es claro. Si no lo respetáramos viviríamos en una anarquía (sic). No se trata de que estamos de acuerdo o no", dijo.
La legisladora radical, Silvia Elías de Pérez, presentó un proyecto de ley para evitar que se implemente el protocolo de la Corte. "No se puede proponer la muerte como programa de gobierno", dijo.
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