07 Mayo 2012
FUNCIONES. El Ciadi es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas internacionales. CLARIN.COM
BUENOS AIRES.- El grupo petrolero español Repsol demandará a la Argentina en los próximos días ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), de Washington, por la expropiación de YPF. Los abogados de la firma española ultiman los detalles para poner en marcha cuanto antes la avanzada judicial contra el país para conseguir el pago de unos U$S 10.500 millones, lo que la compañía ibérica considera como "un precio justo" por la empresa YPF. Los prestigiosos servicios jurídicos de la compañía española contratados en Madrid, Nueva York y Buenos Aires se preparan para poner en marcha su ofensiva legal, en la que también reclamarán "indemnizaciones adicionales".
El Congreso argentino aprobó el jueves, por marcada mayoría, el proyecto kirchnerista de ley que autorizó la expropiación del 51% de las acciones totales de YPF, que estaban en manos del grupo ibérico. Repsol evocará ante el Ciadi el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) firmado en 1991 entre Argentina y España. En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamos, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales.
El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no sólo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados. El Gobierno argentino sugirió que no pagará la cifra que pretende Repsol, esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado. Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamos. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control. Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso. (NA)
El Congreso argentino aprobó el jueves, por marcada mayoría, el proyecto kirchnerista de ley que autorizó la expropiación del 51% de las acciones totales de YPF, que estaban en manos del grupo ibérico. Repsol evocará ante el Ciadi el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) firmado en 1991 entre Argentina y España. En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamos, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales.
El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no sólo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados. El Gobierno argentino sugirió que no pagará la cifra que pretende Repsol, esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado. Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamos. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control. Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso. (NA)
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