06 Noviembre 2012
ARCHIVO LA GACETA
El intendente de la capital, Domingo Amaya, concurrió a declarar ante el fiscal de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila, en el marco de una denuncia por presunta estafa que habrían cometido dos inspectores de la Dipsa, en contra de una empresa privada y del municipio.
El jefe municipal recibió la citación judicial por la mañana y a la siesta del lunes se dirigió hacia los Tribunales de avenida Sarmiento al 400. Según informaron extroficialmente desde el Departamento Ejecutivo, Amaya se comprometió a brindar toda la documentación que sea requerida.
Días atrás, la Fiscalía de la Vª Nominación ordenó una serie de medidas judiciales relacionadas a la denuncia penal que un empresario realizó en contra de dos inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) y del gerente general de su propia distribuidora mayorista.
Los empleados municipales están sospechados de gestionar -presuntamente- el cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas municipales.
Según informaron fuentes judiciales, la Fiscalía ordenó el allanamiento de las viviendas particulares de los inspectores que fueron denunciados penalmente por el delito de estafa. El martes, Navarro Dávila había ordenado una requisa en las oficinas de la Dipsa en busca de material probatorio para la investigación, pero el resultado fue negativo. El funcionario judicial indaga si se cometió una estafa en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en una causa penal que involucraría al gerente general de una distribuidora mayorista y a los dos inspectores del área. Según la denuncia, los trabajadores habrían hecho de gestores para el pago de tributos.
Paralelamente, Navarro Dávila solicitó requisas en los domicilios legales de los agentes municipales, que no dieron resultados positivos, puesto que las viviendas allanadas correspondían a los domicilios paternos donde ya no residen los trabajadores sospechados. Por este motivo, la Fiscalía Vª le remitió oficios a la Dipsa para que consigne los domicilios reales de los dos inspectores. El fiscal también ordenó el cruce de llamados que habrían realizado entre sí los empleados y el gerente de la empresa mayorista, informaron extraoficialmente desde tribunales. Además, instruyó a sus colaboradores para que investiguen el patrimonio de los municipales denunciados.
En el marco de esa polémica, el concejal radical José Luis Avignone solicitó al intendente Amaya que envíe al Concejo Deliberante un cuadro de situación de la polémica. "Cómo es posible que recién la Municipalidad y el comerciante se hayan dado cuenta de esta situación irregular", se preguntó el edil opositor. Avignone le recordó a Amaya que el 13 de julio le había solicitado por escrito un informe sobre el estado procesal de los juicios que la Municipalidad mantiene con una docena de empresas. Sin embargo, hasta ahora no obtuvo ninguna respuesta. LA GACETA ©
El jefe municipal recibió la citación judicial por la mañana y a la siesta del lunes se dirigió hacia los Tribunales de avenida Sarmiento al 400. Según informaron extroficialmente desde el Departamento Ejecutivo, Amaya se comprometió a brindar toda la documentación que sea requerida.
Días atrás, la Fiscalía de la Vª Nominación ordenó una serie de medidas judiciales relacionadas a la denuncia penal que un empresario realizó en contra de dos inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) y del gerente general de su propia distribuidora mayorista.
Los empleados municipales están sospechados de gestionar -presuntamente- el cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas municipales.
Según informaron fuentes judiciales, la Fiscalía ordenó el allanamiento de las viviendas particulares de los inspectores que fueron denunciados penalmente por el delito de estafa. El martes, Navarro Dávila había ordenado una requisa en las oficinas de la Dipsa en busca de material probatorio para la investigación, pero el resultado fue negativo. El funcionario judicial indaga si se cometió una estafa en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en una causa penal que involucraría al gerente general de una distribuidora mayorista y a los dos inspectores del área. Según la denuncia, los trabajadores habrían hecho de gestores para el pago de tributos.
Paralelamente, Navarro Dávila solicitó requisas en los domicilios legales de los agentes municipales, que no dieron resultados positivos, puesto que las viviendas allanadas correspondían a los domicilios paternos donde ya no residen los trabajadores sospechados. Por este motivo, la Fiscalía Vª le remitió oficios a la Dipsa para que consigne los domicilios reales de los dos inspectores. El fiscal también ordenó el cruce de llamados que habrían realizado entre sí los empleados y el gerente de la empresa mayorista, informaron extraoficialmente desde tribunales. Además, instruyó a sus colaboradores para que investiguen el patrimonio de los municipales denunciados.
En el marco de esa polémica, el concejal radical José Luis Avignone solicitó al intendente Amaya que envíe al Concejo Deliberante un cuadro de situación de la polémica. "Cómo es posible que recién la Municipalidad y el comerciante se hayan dado cuenta de esta situación irregular", se preguntó el edil opositor. Avignone le recordó a Amaya que el 13 de julio le había solicitado por escrito un informe sobre el estado procesal de los juicios que la Municipalidad mantiene con una docena de empresas. Sin embargo, hasta ahora no obtuvo ninguna respuesta. LA GACETA ©
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