14 Diciembre 2012
EN LA EX JEFATURA. El testigo habría robado documentación del CCD. LA GACETA / ARCHIVO
"Lo mío fue un intento de supervivencia. Entré pensando que era boleta". Así explicó el testigo Juan CarlosClemente cómo habría vivido su paso, de ser un secuestrado a uno de los policías que trabajó en la Jefatura, según sus dichos. Ayer declaró durante varias horas en el Tribunal Oral Federal (TOF) en el marco de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". En 2010, cuando prestó declaración en "Jefatura I", remeció la causa al aportar documentación clave sobre el destino que habían tenido detenidos que pasaron por el Centro Clandestino de Detención (CCD).
En esta oportunidad, volvió a describir cómo robó esos listados de la Jefatura en medio de un proceso de "desmantelamiento" del Centro que habría sido -según afirmó- dirigido por el imputado Luis Ocaranza. El ex militar, en tanto, negó luego rotundamente las acusaciones. Mientras, Clemente también detalló que todas las decisiones en la dependencia policial eran tomadas por Roberto "El Tuerto" Albornoz. Clemente también había nombrado al acusado Mario D'Ursi como quien sucedió a Ocaranza. D'Ursi pidió hacer uso de la palabra y defenestró al testigo, a quien calificó como "entregador". Durante toda su declaración, Clemente brindó detalles acerca de cómo funcionaba el CCD y sobre todo, las patotas que secuestraban y torturaban. Precisó que estaban conformadas por policías y que, en ocasiones, vio camionetas cargadas con muebles en el playón de la Jefatura.
Durante la mañana, había aportado sus conocimientos Susana Chiarotti, especialista en violencia de género en el contexto del terrorismo de Estado. Explicó que los casos como los denunciados en la causa son delitos de lesa humanidad. "Contra los hombres era para humillar y, contra las mujeres, para disciplinar", dijo.
Durante uno de los intervalos se generó un revuelo. Querellantes denunciaron que el imputado Hugo Figueroa amenazó, mediante señas, a familiares de desaparecidos.
Críticas
La audiencia de ayer fue presenciada por miembros de la "Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia". Se trata de una agrupación de letrados que efectúa un seguimiento de los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en el país. Eduardo Bieule, uno de los miembros, cuestionó al Congreso y a la Corte por "volver a juzgar a los militares y reabrir así una Caja de Pandora". Relató que en Tucumán se reunieron con miembros de la Justicia y con defensores de imputados.
"Obtuvimos información muy grave. Dos de los fiscales que llevan adelante la acusación son ad hoc, pero no reemplazan a nadie. Son funcionarios de la fiscalía designados por el Poder Ejecutivo. Implicaría la nulidad de los procesos", opinó. Cabe recordar que el TOF resolvió no hacer lugar a un planteo de la defensa en relación a los fiscales. Por otro lado, criticó las condiciones de detención de los imputados que se encuentran en el penal de Villa Urquiza. "No pueden estar en la cárcel cuando superan los 70 años. No es apropiado para su edad, están en celdas en donde tienen un agujero en el piso para hacer sus necesidades", rechazó. Bieule también repudió lo ocurrido con el abogado Facundo Maggio. "Fue separado de su cargo (en el Estado) por asumir una defensa. Es un hecho aberrante y muy preocupante", consideró. Maggio dejó su cargo en la Fiscalía de Estado luego de que trascendió que defendía al sacerdote imputado José Mijalchyk.
En esta oportunidad, volvió a describir cómo robó esos listados de la Jefatura en medio de un proceso de "desmantelamiento" del Centro que habría sido -según afirmó- dirigido por el imputado Luis Ocaranza. El ex militar, en tanto, negó luego rotundamente las acusaciones. Mientras, Clemente también detalló que todas las decisiones en la dependencia policial eran tomadas por Roberto "El Tuerto" Albornoz. Clemente también había nombrado al acusado Mario D'Ursi como quien sucedió a Ocaranza. D'Ursi pidió hacer uso de la palabra y defenestró al testigo, a quien calificó como "entregador". Durante toda su declaración, Clemente brindó detalles acerca de cómo funcionaba el CCD y sobre todo, las patotas que secuestraban y torturaban. Precisó que estaban conformadas por policías y que, en ocasiones, vio camionetas cargadas con muebles en el playón de la Jefatura.
Durante la mañana, había aportado sus conocimientos Susana Chiarotti, especialista en violencia de género en el contexto del terrorismo de Estado. Explicó que los casos como los denunciados en la causa son delitos de lesa humanidad. "Contra los hombres era para humillar y, contra las mujeres, para disciplinar", dijo.
Durante uno de los intervalos se generó un revuelo. Querellantes denunciaron que el imputado Hugo Figueroa amenazó, mediante señas, a familiares de desaparecidos.
Críticas
La audiencia de ayer fue presenciada por miembros de la "Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia". Se trata de una agrupación de letrados que efectúa un seguimiento de los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en el país. Eduardo Bieule, uno de los miembros, cuestionó al Congreso y a la Corte por "volver a juzgar a los militares y reabrir así una Caja de Pandora". Relató que en Tucumán se reunieron con miembros de la Justicia y con defensores de imputados.
"Obtuvimos información muy grave. Dos de los fiscales que llevan adelante la acusación son ad hoc, pero no reemplazan a nadie. Son funcionarios de la fiscalía designados por el Poder Ejecutivo. Implicaría la nulidad de los procesos", opinó. Cabe recordar que el TOF resolvió no hacer lugar a un planteo de la defensa en relación a los fiscales. Por otro lado, criticó las condiciones de detención de los imputados que se encuentran en el penal de Villa Urquiza. "No pueden estar en la cárcel cuando superan los 70 años. No es apropiado para su edad, están en celdas en donde tienen un agujero en el piso para hacer sus necesidades", rechazó. Bieule también repudió lo ocurrido con el abogado Facundo Maggio. "Fue separado de su cargo (en el Estado) por asumir una defensa. Es un hecho aberrante y muy preocupante", consideró. Maggio dejó su cargo en la Fiscalía de Estado luego de que trascendió que defendía al sacerdote imputado José Mijalchyk.
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