"Existe la sospecha de algún hecho de corrupción", aseguró D'Antona

Presuntas amenazas a testigos en pleno juicio. Interrogatorios supuestamente hostiles contra víctimas de trata que prestaron declaración. Versiones sobre un hecho de corrupción. Estos son los motivos por los que Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, denunció ayer a los vocales de la sala II de la Cámara Penal ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Así, la candidata al premio Nobel de la Paz ha dado el primer paso -a través de sus abogados- para conseguir la destitución de los magistrados.

Cerca de las 11.15, los representantes Trimarco llevaron a mesa de entradas de la Cámara la demanda contra los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. En pocos minutos, tres alperovichistas que integran la comisión de Juicio Político, Sisto Terán Nougués (presidente), Guillermo Gassenbauer (vice) y Carlos "Alito" Assán (vocal), leyeron y firmaron el documento con la acusación, y se lo enviaron al prosecretario de la Cámara, Jorge Elías. Este, a su vez, debe remitirle la notificación a Trimarco, quien debe rectificar, ratificar o ampliar la denuncia contra los magistrados. Según fuentes de la comisión, la idea era tener encaminado el proceso de destitución antes de que termine el año. Pero, por la suspensión de la conformación del Jury de Enjuiciamiento, no habrá mayores novedades hasta febrero.

El 11 de diciembre, Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano absolvieron a 13 imputados en el caso Verón por falta de pruebas. Desde ese día, Trimarco y sus abogados atacaron el desempeño del tribunal durante el proceso. Ayer, hicieron formal la queja.

La madre de Marita sufre una enfermedad respiratoria, y aunque el cuadro no es grave, su médico le aconsejó reposo. Por eso, los encargados de llevar la demanda fueron los letrados Carlos Garmendia y José D'Antona.

Los representantes de la candidata al Nobel de la Paz explicaron que el eje del reclamo se centra en supuestas conductas reprochables de los magistrados. "Por ejemplo, se permitió que la imputada Daniela Milhein amenazara a dos testigos, madre e hija, y les entregara una nota manuscrita en la que les indicaba qué debían declarar. Pero no se hizo nada con esto", dijo Garmendia, en diálogo con este diario.

D'Antona aseguró que "esto no es una respuesta al fallo" absolutorio. "Es por el cúmulo de irregularidades, ilícitos y omisiones en las que incurrieron cada uno de los jueces durante los 10 meses de audiencia. No lo dijimos antes porque eso iba a implicar la suspensión del juicio y otros 10 años de espera", indicó el cordobés. Y aseguró que hubo amenazas a los testigos y a los abogados de la querella, y una excesiva permisividad para que los defensores "hostigaran a las testigos víctimas sin que hubiese sanciones". "También está la sospecha de algún acto de corrupción por la denuncia que en su momento hizo Susana", añadió D'Antona.

El planteo, que también incluye las pruebas de la acusación, fue recibido por la comisión de Juicio Político de la Cámara, que integran los oficialistas Terán Nougués, Gassenbauer, Assán, Manuel Fernández, Roque Álvarez, Beatriz Bordinaro, Gregorio García Biagosch, Víctor Lossi, José Orellana, Iván Llorens Dip y Alfredo Quinteros, y el opositor Ricardo Bussi.

Si las dos terceras partes de la comisión consideran que la demanda es válida, el expediente pasará al Jury de Enjuiciamiento. Sin embargo, este grupo de trabajo se adherirá a la feria judicial, tal como lo indica la ley. Por eso, no habrá novedades hasta febrero.