18 Enero 2013
LAS PRUEBAS. Allanaron la sede donde escondían los elementos incautados. FOTO GENTILEZA DE DIARIO EL TRIBUNO DE SALTA
SALTA.- Seis efectivos de la Policía Federal fueron detenidos, acusados de cometer robos en rutas y en terminales de ómnibus de esa provincia.
Las detenciones son producto de una investigación que comenzó el 26 de octubre pasado, tras una denuncia por robo realizada por una persona cuya identidad permanece reservada y que está protegida, por lo que se busca introducirla en un programa de protección de identidad.
El allanamiento fue ordenado por el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, y realizado en la delegación de la fuerza, situada en Santiago del Estero 950 de la capital salteña, y estuvo a cargo del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A lo largo de la investigación, se ordenó la intervención de cinco teléfonos celulares, reconociendo que el personal policial que prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones de la Delegación Salta de la Policía Federal organizaba operativos falsos de control de mercadería.
La metodología
Los uniformados abordaban el equipaje de personas que llegaban principalmente a la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, por la vía terrestre, en transporte público de pasajeros, trayendo mercadería que presumiblemente estaba en infracción aduanera, informaron fuentes judiciales.
Según los voceros, los investigados se apropiaban de toda o parte de esa mercadería, consistente en ropa, juguetes y CDs, entre otros elementos, y los acopiaban en un depósito de la misma sede policial y en el domicilio particular de uno de los involucrados, ubicado en el barrio Intersindical, al sur de la ciudad capital.
Posteriormente, los policías vendían lo incautado en forma ilegal en locales de venta al público, de los cuales algunos ya fueron identificados por los investigadores y los propietarios deberán declarar ante el magistrado.
Los delitos que se les imputa a los seis detenidos (cinco cabos y un subinspector) son asociación ilícita, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en forma reiterada.
Por estos delitos, les cabrían penas de entre cinco y 30 años para los cabecillas de la organización, y de entre cinco y 20 años para el resto de los participantes. (Télam)
Las detenciones son producto de una investigación que comenzó el 26 de octubre pasado, tras una denuncia por robo realizada por una persona cuya identidad permanece reservada y que está protegida, por lo que se busca introducirla en un programa de protección de identidad.
El allanamiento fue ordenado por el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, y realizado en la delegación de la fuerza, situada en Santiago del Estero 950 de la capital salteña, y estuvo a cargo del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A lo largo de la investigación, se ordenó la intervención de cinco teléfonos celulares, reconociendo que el personal policial que prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones de la Delegación Salta de la Policía Federal organizaba operativos falsos de control de mercadería.
La metodología
Los uniformados abordaban el equipaje de personas que llegaban principalmente a la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, por la vía terrestre, en transporte público de pasajeros, trayendo mercadería que presumiblemente estaba en infracción aduanera, informaron fuentes judiciales.
Según los voceros, los investigados se apropiaban de toda o parte de esa mercadería, consistente en ropa, juguetes y CDs, entre otros elementos, y los acopiaban en un depósito de la misma sede policial y en el domicilio particular de uno de los involucrados, ubicado en el barrio Intersindical, al sur de la ciudad capital.
Posteriormente, los policías vendían lo incautado en forma ilegal en locales de venta al público, de los cuales algunos ya fueron identificados por los investigadores y los propietarios deberán declarar ante el magistrado.
Los delitos que se les imputa a los seis detenidos (cinco cabos y un subinspector) son asociación ilícita, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en forma reiterada.
Por estos delitos, les cabrían penas de entre cinco y 30 años para los cabecillas de la organización, y de entre cinco y 20 años para el resto de los participantes. (Télam)
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