01 Febrero 2013
NUEVA YORK. Fachada de la Corte de Estados Unidos, donde los representantes de la Casa Rosada contestarán la demanda de los "fondos buitre". STORIESBYWILLIAMS.COM
BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino presentará hoy ante la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos la contestación al escrito elevado por holdouts, que reclaman el pago total de sus bonos en default.
Argentina mantendrá su posición de no aceptar el pedido de los acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, e insistiría en la posibilidad de ofrecer una nueva reapertura como opción para alcanzar un acuerdo.
Según el cronograma fijado por la Justicia de los Estados Unidos, tras la presentación de hoy, la próxima instancia se dará el 27 de este mes cuando ambas partes realicen una exposición oral de sus posturas.
Luego, y en un plazo que no está preestablecido, la Cámara de Apelaciones dará su sentencia final.
Los holdouts llegaron a esta instancia luego que el juez de primera instancia, Thomas Griesa, dictó un fallo en el que les reconoció derechos a este grupo. En esa posición, ordenó que se les abonen U$S 1.300 millones en un pago y en efectivo por juzgar que el país incumplió la cláusula que imponía igualdad de tratamiento a todos los acreedores (pari passu).
Argentina apeló esta medida ante la Cámara, que dejó en suspenso el pago hasta tanto resuelva sobre el reclamo original de los acreedores. Esto permitió a la Casa Rosada hacer frente a sus obligaciones de deuda.
Para responder a los fallos de Griesa, en una presentación realizada a fin de diciembre, el Gobierno dejó entrever que estaría dispuesta a una nueva apertura del canje, pero en condiciones más desfavorables que en las operaciones de 2005 y 2010. Esto implicaría que el Congreso Nacional debiera realizar una nueva modificación a la Ley Cerrojo, por la que se impedían las reaperturas, algo que ya sucedió en 2010.
El viernes pasado los querellantes rechazaron esta propuesta al considerar que los títulos no tienen cláusulas de acción colectiva, por lo cual no se les puede obligar a aceptar un swap, aunque el 98% lo haya suscripto.
La batalla legal por el incumplimiento de la deuda del país en 2002 se tornó más complicada pese a los últimos esfuerzos del Gobierno para llegar a un acuerdo con los inversores.
Los acreedores, llamados holdouts, han apuntado a los activos de Argentina con más agresividad, empeorando los problemas que obstaculizaron el acceso del país a los mercados internacionales de crédito desde el cese de pagos de una deuda récord de U$S 100.000 millones, hace ya nueve años.
Los acreedores dueños del 92% de la deuda impaga aceptaron pérdidas importantes en canjes con el Gobierno lanzados en 2005 y 2010, pero unos U$S 6.000 millones aún no están resueltos. El Gobierno hizo hincapié en que entre U$S 4.000 millones y U$S 4.500 millones están en manos de "fondos buitre", que se dedican a llegar a acuerdos por deuda incumplida.
El país lanzó un canje de deuda impaga por unos U$S 12.200 millones en junio. Lo reabrió en diciembre, en el que capturó otros U$S 156 millones. También canjeó unos U$S 267 millones en bonos Brady impagos, emitidos por mercados emergentes en la década de 1990, principalmente. (DyN-Reuters)
Argentina mantendrá su posición de no aceptar el pedido de los acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, e insistiría en la posibilidad de ofrecer una nueva reapertura como opción para alcanzar un acuerdo.
Según el cronograma fijado por la Justicia de los Estados Unidos, tras la presentación de hoy, la próxima instancia se dará el 27 de este mes cuando ambas partes realicen una exposición oral de sus posturas.
Luego, y en un plazo que no está preestablecido, la Cámara de Apelaciones dará su sentencia final.
Los holdouts llegaron a esta instancia luego que el juez de primera instancia, Thomas Griesa, dictó un fallo en el que les reconoció derechos a este grupo. En esa posición, ordenó que se les abonen U$S 1.300 millones en un pago y en efectivo por juzgar que el país incumplió la cláusula que imponía igualdad de tratamiento a todos los acreedores (pari passu).
Argentina apeló esta medida ante la Cámara, que dejó en suspenso el pago hasta tanto resuelva sobre el reclamo original de los acreedores. Esto permitió a la Casa Rosada hacer frente a sus obligaciones de deuda.
Para responder a los fallos de Griesa, en una presentación realizada a fin de diciembre, el Gobierno dejó entrever que estaría dispuesta a una nueva apertura del canje, pero en condiciones más desfavorables que en las operaciones de 2005 y 2010. Esto implicaría que el Congreso Nacional debiera realizar una nueva modificación a la Ley Cerrojo, por la que se impedían las reaperturas, algo que ya sucedió en 2010.
El viernes pasado los querellantes rechazaron esta propuesta al considerar que los títulos no tienen cláusulas de acción colectiva, por lo cual no se les puede obligar a aceptar un swap, aunque el 98% lo haya suscripto.
La batalla legal por el incumplimiento de la deuda del país en 2002 se tornó más complicada pese a los últimos esfuerzos del Gobierno para llegar a un acuerdo con los inversores.
Los acreedores, llamados holdouts, han apuntado a los activos de Argentina con más agresividad, empeorando los problemas que obstaculizaron el acceso del país a los mercados internacionales de crédito desde el cese de pagos de una deuda récord de U$S 100.000 millones, hace ya nueve años.
Los acreedores dueños del 92% de la deuda impaga aceptaron pérdidas importantes en canjes con el Gobierno lanzados en 2005 y 2010, pero unos U$S 6.000 millones aún no están resueltos. El Gobierno hizo hincapié en que entre U$S 4.000 millones y U$S 4.500 millones están en manos de "fondos buitre", que se dedican a llegar a acuerdos por deuda incumplida.
El país lanzó un canje de deuda impaga por unos U$S 12.200 millones en junio. Lo reabrió en diciembre, en el que capturó otros U$S 156 millones. También canjeó unos U$S 267 millones en bonos Brady impagos, emitidos por mercados emergentes en la década de 1990, principalmente. (DyN-Reuters)
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