Las leyes "de primas", y "machete", y el cierre de los ingenios

"La actividad azucarera argentina fue, desde su transformación en agroindustria tecnológicamente avanzada a fines del siglo XIX, muy dependiente de los poderes públicos. Entre 1880 y 1895 en que se produjo un salto productivo, fue clave el rol del recién consolidado Estado central, ya que además de un sustancial apoyo financiero, garantizó tarifas aduaneras que posibilitaron al azúcar tucumano conquistar el mercado doméstico, desplazando a los similares extranjeros; invirtió en la infraestructura ferroviaria que conectó la provincia con el mercado del litoral; subsidió tarifas y eximió de impuestos a la importación de maquinaria. Cuando sobrevino la primera crisis de sobreproducción (1896) y los precios se desplomaron, el Estado nacional subsidió las exportaciones con una "ley de primas" votada en 1897; cuando hubo que abandonar este esquema, a raíz de los acuerdos de la Convención de Bruselas, a instancias del gobernador Lucas Córdoba, la Legislatura votó en 1902 y 1903 las primeras leyes regulatorias (las denominadas "leyes machete"), para evitar la acumulación progresiva de stocks y posibilitar la tonificación de los precios". Así sintetizó Daniel Campi, investigador principal del Conicet y profesor titular de Historia Económica de la UNT, los primeros pasos de la actividad azucarera, y explica que un cuarto de siglo después, bajo gobiernos radicales, y también en un contexto de saturación del producto, otra vez fue necesaria la intervención estatal, aunque esta vez, para establecer un mecanismo ("Laudo Alvear" de 1928) que determinó "precio justo". "Ello devolvió a la provincia la paz alterada por un violento conflicto entre industriales y cañeros independientes", añadió. Campi consigna que a partir de entonces y hasta los años 90, el Estado intervino en el mercado azucarero con fórmulas de diverso tipo, que incluyeron (bajo la dictadura de Onganía) el cierre compulsivo de más de una decena de ingenios, desencadenando la más aguda crisis social que sacudió a Tucumán en toda su historia.

- ¿Cuál es la razón de estas iniciativas intervencionistas?
- En las particularidades de un producto caracterizado por una demanda inelástica y las de un mercado en el que el comportamiento de los actores, ha demostrado ser, en épocas de sobreoferta y en un contexto de libre juego de la oferta y la demanda, poco racional. En la coyuntura actual del negocio azucarero la búsqueda del beneficio individual a corto plazo no es compatible con el interés general. 

- Uno de los argumentos fuertes del Ejecutivo para elaborar una ley del azúcar, fue la caída de la rentabilidad.
- Efectivamente. Y si se profundiza, los efectos van a ser perniciosos, principalmente sobre los eslabones más débiles de la cadena: asalariados y pequeños cañeros, afectando, además, a un amplio espectro de actividades. Por ello fue más que comprensible que desde el poder político se haya promovido la Ley del Azúcar que la Legislatura tucumana acaba de aprobar.

-¿Qué expectativas tiene sobre la nueva ley?
- Si la violación de sus cláusulas ofrece posibilidades de realizar pingües ganancias, el incentivo para burlarlas será muy fuerte. La pregunta es si el Estado provincial podrá garantizar controles efectivos que no transformen la ley en papel mojado.