En Monteros también objetan el plan de la Corte

En los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros, donde la puesta en marcha del plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para modificar la investigación penal preparatoria sigue suspendida, los abogados continúan formulando objeciones contra los mecanismos que utilizó el alto tribunal para diseñar los cambios.

En esta ocasión, el letrado Eduardo Alberto Monteros interpuso una acción de amparo, que recayó en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en contra de las resoluciones emanadas del alto tribunal para la redistribución de oficinas y de funciones, a modo de prueba, en Concepción -donde el programa debía aplicarse hace ocho días, pero quedó trunco por decisión de la CSJT- y en Monteros.

"(Las acordadas cuestionadas) resultan un acto administrativo que, de forma inminente, lesionan y alteran con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías explícita e implícitamente reconocidos por las Constituciones nacional y provincial", destacó el abogado en el escrito.

Así, ya son tres los planteos judiciales que buscan frenar el plan piloto impulsado por Antonio Estofán, presidente de la CSJT. El primero había sido redactado por el penalista Nicolás Brito (cercano a dirigentes peronistas); el segundo, en tanto, había surgido del interior del Poder Judicial. Los defensores oficiales Carolina Ballesteros -que había sido designada por la Corte para tener un rol clave en este programa- y Ricardo Alderete también advirtieron sobre la necesidad de sustentar los cambios en una norma. Pero Estofán considera que no es necesaria una ley para avanzar, y advirtió que les solicitaría a los operadores del plan piloto que "jugaran", aun sin que la Legislatura toque el tema en el recinto.

El PE intenta tomar distancia de ese clima de tensión entre el presidente de la CSJT y los referentes oficialistas del parlamento. Ayer, LA GACETA le preguntó al ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, sobre al plan piloto. "Estaba al tanto del proyecto del Poder Judicial, pero no conocía las acordadas que dictó para poder instrumentarlo. Sin embargo, considero que, si necesitaban que se hiciera una ley, la hubieran pedido. Pero desconocía que lo estaban armando por medio de acordadas", afirmó "Pirincho". A la vez, aclaró que esta "esta posible reforma es competencia del Poder Judicial", y no del PE. "En caso de que se solicite una ley, acompañaremos la iniciativa", sostuvo. Y lanzó una frase que podría repercutir en la bancada del PJ. "No creo que la Corte Suprema se haya excedido en sus atribuciones. De igual modo, esto sólo es una prueba piloto. Cuando se evalúen los resultados recién se analizará la posibilidad de avanzar con una reforma", explicó Jiménez.

En el sur, los abogados ya alzaron contra la propuesta de Estofán. "No sólo las acordadas se equivocan en cuanto a la creación de una ley para modificar el sistema procesal vigente; el contenido del texto se ocupa de desnaturalizar todos los derechos y garantías instituidos en nuestra Carta Magna", redactó Monteros.

Desde 2012, Estofán impulsa este programa, diseñado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con el fin de agilizar y mejorar los resultados de las investigaciones penales. Pero, más allá de los objetivos, cada vez surgen más cuestionamientos respecto a los medios que escogió el alto tribunal.