07 Junio 2013
La pretensión de enviar a Buenos Aires la causa penal abierta contra Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador de Tucumán (con licencia), chocó contra la oposición tenaz del funcionario público investigado. José Agustín Ferrari, defensor de Manzur, exigió a Daniel Bejas, juez federal N°1, que rechace el pedido de declaración de incompetencia territorial que formuló el fiscal federal Carlos Brito e insistió en que su cliente debe ser sobreseído.
En la contestación a la vista del dictamen de Brito, Ferrari reprochó que este no se haya expedido sobre el sobreseimiento que pidió el 26 de diciembre pasado, luego de que Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), concluyese que estaba justificada la evolución del patrimonio de Manzur durante los períodos 2009 y 2010. "Cabe destacar que no existen impugnaciones a los análisis técnicos del perito de la CSJN. Sostenemos de manera irrefutable que todo ciudadano tiene derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como, asimismo, a obtener un pronunciamiento judicial que haga cesar el estado de incertidumbre. Más aun en el caso de un funcionario público, sobre quien las actuales variables políticas, sin ingresar en los contenidos ideológicos, imponen mantos de sospechas y prejuzgamiento en el ámbito mediático sólo con la simple denuncia", dijo Ferrari.
Respecto del planteo de incompetencia territorial, Ferrari manifestó: "cabe preguntarnos, luego de transcurridos casi tres años de proceso y habiendo demostrado el funcionario que su domicilio real está en la provincia de Tucumán, por qué debería proceder dicho planteo. Advierta señor juez que la apertura de los sobres con las declaraciones juradas (ddjj) fue realizada a fines del 2011 y principios de 2012 por lo que el fiscal contaba hace tiempo con pleno conocimiento de los elementos con los que hoy pretende fundar la incompetencia territorial que rechazamos".
Brito solicitó la declaración de incompetencia alegando que el expediente debía tramitar en los Tribunales del lugar de la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y que este se habría perfeccionado en Buenos Aires, donde tiene asiento la Oficina Anticorrupción (recibe las ddjj) y el Ministerio de Salud de la Nación. Bejas debe resolver si sobresee o no a Manzur y si acepta o no la petición de Brito.
Al comienzo de la investigación judicial (abierta como consecuencia de una denuncia de Oscar López, abogado y peronista disidente), Ferrari planteó que debían intervenir los Tribunales provinciales. Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la competencia de Bejas respecto de la etapa que comenzó en julio de 2009, cuando Manzur asumió su cargo en la Nación. El patrimonio en cuestión creció al menos 22 veces entre 2003 y 2011: pasó de $ 370.000 a $ 8,2 millones.
En la contestación a la vista del dictamen de Brito, Ferrari reprochó que este no se haya expedido sobre el sobreseimiento que pidió el 26 de diciembre pasado, luego de que Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), concluyese que estaba justificada la evolución del patrimonio de Manzur durante los períodos 2009 y 2010. "Cabe destacar que no existen impugnaciones a los análisis técnicos del perito de la CSJN. Sostenemos de manera irrefutable que todo ciudadano tiene derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como, asimismo, a obtener un pronunciamiento judicial que haga cesar el estado de incertidumbre. Más aun en el caso de un funcionario público, sobre quien las actuales variables políticas, sin ingresar en los contenidos ideológicos, imponen mantos de sospechas y prejuzgamiento en el ámbito mediático sólo con la simple denuncia", dijo Ferrari.
Respecto del planteo de incompetencia territorial, Ferrari manifestó: "cabe preguntarnos, luego de transcurridos casi tres años de proceso y habiendo demostrado el funcionario que su domicilio real está en la provincia de Tucumán, por qué debería proceder dicho planteo. Advierta señor juez que la apertura de los sobres con las declaraciones juradas (ddjj) fue realizada a fines del 2011 y principios de 2012 por lo que el fiscal contaba hace tiempo con pleno conocimiento de los elementos con los que hoy pretende fundar la incompetencia territorial que rechazamos".
Brito solicitó la declaración de incompetencia alegando que el expediente debía tramitar en los Tribunales del lugar de la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y que este se habría perfeccionado en Buenos Aires, donde tiene asiento la Oficina Anticorrupción (recibe las ddjj) y el Ministerio de Salud de la Nación. Bejas debe resolver si sobresee o no a Manzur y si acepta o no la petición de Brito.
Al comienzo de la investigación judicial (abierta como consecuencia de una denuncia de Oscar López, abogado y peronista disidente), Ferrari planteó que debían intervenir los Tribunales provinciales. Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la competencia de Bejas respecto de la etapa que comenzó en julio de 2009, cuando Manzur asumió su cargo en la Nación. El patrimonio en cuestión creció al menos 22 veces entre 2003 y 2011: pasó de $ 370.000 a $ 8,2 millones.
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