Por Álvaro José Aurane
08 Junio 2013
Es inocultable. Porque es monstruoso. Tanto, que quedó expuesto durante esta semana en que la tormenta de sucesos políticos podría haber inundado cualquier acontecimiento. Menos ese. A ese infierno no hay cómo taparlo. Ni con qué.
Ni siquiera el terremoto electoral del alperovichismo pudo disimular aquella revelación maldita. Y eso que fue tremendo sacudón. El gobernador del régimen que proclamó el antidemocrático "vamos por todo", irá por nada en octubre. El mandatario que en mayo repetía que, si hacía falta, se postularía a diputado, tembló ante las encuestas. Con el sismo se arrugaron desde la lista hasta los planes para la campaña.
De entre las ruinas de los sondeos de opinión pública rescataron una excusa. Encontraron un "Breve" en un matutino porteño, según el cual la Presidenta no quiere "testimoniales", y decidieron que es palabra santa. Ahora, Clarín no miente. Y José Alperovich reescribió el pasado: "Sería una burla a la gente ir por una testimonial. A los tucumanos no se les puede mentir. El que piense eso, está loco", declaró. Deben haberse sentido estupendos los ministros Osvaldo Jaldo, Silvia Rojkés y Beatriz Mirkin, legisladores electos que nunca se desempeñaron como tales. Qué decirr de Beatriz Rojkés, doctrinaria del "No me asusta ni me avergüenza la palabra testimonial".
Pero el sentido del humor del gobernador es inagotable. Así que el mismo lunes en que se indignaba contra las "testimoniales", mandó a encuestar el eventual rendimiento electoral de Juan Manzur. Esa sí es una tomada de pelo: que la semana termine con el alperovichismo rumoreando que Juan Manzur, patrono provincial de la testimonialidad, puede encabezar la lista de diputados. Él, que desde la gestión anterior es vicegobernador de mentiritas, y se hizo reelegir en ese cargo para seguir de ministro de Salud de la Nación.
Dicho sea de paso: con el sueño de otra enmienda constitucional más muerto que vivo, ¿cuántos (y cuales) intendentes, comisionados, legisladores y ediles sin reelección posible en 2015 trabajarán por el candidato en vez de "guardarse" los recursos?
La promesa
Debe ser difícil para el gobernador admitir que tuvo que "bajarse" porque "los números no dan". De hecho, le prometió a la Presidenta un triunfo en las urnas, pero no aclaró qué es lo que hay que contar: si diputados electos o votos conseguidos.
Alperovich desensilló ante su entorno el viernes. Y ahora hay una sorda caza de brujas en la Casa de Gobierno, para saber quién le dijo al senador radical José Cano que el gobernador se retiraba de la partida. Porque el opositor le dijo el sábado a LA GACETA (tal como se publicó el domingo) que si el mandatario se postulaba a diputado, él lo enfrentaría. Alperovich dio marcha atrás públicamente el lunes y su contrincante ganó el duelo sin siquiera desenfundar.
Cano mostró que es hábil para el tiempo político. Lo había probado en 2009, cuando se instaló en la escena amagando un acuerdo electoral con Fernando Juri, que finalmente descartó. Se sabe quién salió ganando.
La chanza
Pero ni siquiera esta exhibición de torpeza política oficialista, ni siquiera esta pública y notoria confesión de que los votos ya no acompañan como antes, pudo maquillar lo trascendente de esta provincia. Lo espantoso de Tucumán. Tan alarmante que ni la visita proselitista de Cristina Fernández pudo disimularlo. A pesar, incluso, de la movilización de 15.000 personas, que sirvió -sobre todo- para tener en el acto más público que familiares del matrimonio gobernante.
Y eso que la hora y media que la Presidenta le dedicó al subtrópico tuvo pasajes inolvidables. Empezando por el curioso hecho de que la Presidenta de la Argentina y el gobernador de Tucumán se prodigaran mutuas felicitaciones por un hospital que se hizo con plata de España y que se demoraron más de una década en construir. De hecho, es más que revelador el rumor acerca de la ausencia de autoridades de la península en la ceremonia: la especie pretende que desistieron de cualquier acto de presencia porque no había ninguna participación de importancia prevista en la agenda para los europeos que hicieron posible que el Hospital Eva Perón sea realidad.
El prevaricato
Lo que siguió tuvo ribetes memorables. Como cuando la primera mandataria, que es abogada, esclareció "que el país necesita de mecánicos y no de abogados". O como cuando Lucio Tamburo, titular del Enohsa, declaró que la inversión de $ 820 millones en cañerías, de 2003 a la fecha, "contribuyó a disminuir los índices de mortalidad infantil". Porque durante el mirandismo, los chicos no se morían de hambre sino de falta de cloacas. Prevaricar la historia, que le dicen.
Para el cierre, un contraste: terminaron de entregar las 5.000 casas Lomas de Tafí, que costaron $ 890 millones, y anunciaron que el emprendimiento Altos de El Manantial costará casi la misma plata ($ 700 millones), pero alcanzará para hacer la mitad de las viviendas: 2.500. Como la inflación oficial es sólo del 0,7% mensual, es claro que se tratará de una barrio de 2.500 chalets.
Pero esa maleza de incoherencias, barbaridades y falacias tampoco alcanzó para encubrir lo infernal. Lo aberrante quedó plasmado en el informe del abogado Bernardo Lobo Bougeau sobre el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. En esa investigación encargada por el Gobierno nacional kirchnerista al ex secretario de Derechos Humanos del alperovichismo, se oficializó lo que Alberto Lebbos no se cansa de denunciar: en el territorio de esta provincia no rige la ley. Sólo la voluntad de un puñado de poderosos. Ya sea porque tienen dinero, en el caso de los civiles, o porque tienen armas, en el caso de los policías. Y entonces lo infame se torna imposible de camuflar por su condición de totalidad. Tucumán es, acabadamente, un Estado fracasado.
El espanto
En el documento que elaboró para el Ministerio de Justicia de la Nación, Lobo Bugeau advierte que en la causa abierta tras la muerte por estrangulamiento manual de Paulina (empleada municipal y estudiante de periodismo) se construyó, con una siniestra serie documental, un laberinto de papel sólo para ocultar la verdad. Ocho líneas investigativas se desplegaron. Una de ellas refería a "los hijos del poder". Y hoy, respecto del crimen del 26 de febrero de 2006, ni siquiera hay un imputado.
El único funcionario del alperovichismo que renunció junto con Lebbos luego del asesinato de la tucumana de 26 años, madre de una niña, escupe en su texto que no es cierto que la complejidad de los hechos impidan esclarecer el crimen. Denuncia que no por azar confluyeron fuerzas y poderes que convirtieron todo en un caso confuso. Grita que la Justicia ha sido reprimida y censurada en beneficio de los intereses de los que tienen poder real de acción o coacción. De esos que carecen de cualquier respeto por las personas y las leyes.
Si asusta la conceptualización del Estado fracasado de Tucumán, la descripción de su accionar da pavor. Cuando apareció el cuerpo de Paulina, el 11 de marzo de hace siete años, los agentes que intervinieron dieron aviso al fiscal cuatro horas después. El acta del procedimiento, además, dice que los uniformados encontraron el cadáver, cuando en realidad lo hallaron dos baqueanos.
"No sólo mintieron sobre eso: movieron el cuerpo de Paulina, desbarataron el lugar del hecho, escondieron las primeras fotos tomadas en el sitio, sacaron otras tras cambiar la escena, adulteraron las actas, falsificaron firmas y amenazaron a los testigos y a los chicos que encontraron a mi hija", repite Alberto Lebbos.
Claro que fue gente de otras provincias la que determinó todo esto: Gendarmería y la Federal. Gracias a ello, se inició una causa penal contra los policías de la comisaría de Raco por "Falsificación de instrumento público". Lo que sigue es conocido: un comisario se presentó, admitió los entuertos, se interrumpió la declaración y quedó detenido. Un ex subjefe de Policía lo visitó en la celda. El comisario, después, se negó a volver a declarar. Y, al rato, la causa se quedó sin fiscal: Alejandro Noguera fue apartado del expediente luego de que LA GACETA lo sorprendiera reunido con Alperovich, en la residencia del mandatario, la noche del 19 de abril del mefistofélico 2006. "Necesito ayuda para investigar", explicó el funcionario judicial.
El pedido
No es sólo el caso Lebbos. Durante el mismo y ominoso 2006 en que el poder político se afanaba en mejorar la vida de los tucumanos mediante la reforma de la Constitución, el kirchnerismo mandaba un informe revelador a la Justicia local sobre otra tragedia. Luis Alberto Bordón, como coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad, planteó que la Policía tucumana no debía intervenir en la investigación sobre el secuestro y la desaparición de María de los Ángeles Verón. Alegaba que esa Policía había colaborado con los secuestros por acción u omisión; o, si era inocente, no era ajena a los autores del crimen. Argumentaba que la participación de la fuerza provincial sólo dificultaría la búsqueda de Marita. Que sus métodos sólo harían fracasar su hallazgo.
Pero la Provincia no oyó a la Nación y la Policía local siguió a cargo. Seis años después, en diciembre de 2012, los jueces de la Sala II de la Cámara Penal absolvieron a los 13 imputados del Caso Verón: adujeron que de la instrucción hecha por la Policía no surgían pruebas para condenar a nadie por los delitos que estaban juzgando. Pero la culpa es de los magistrados y hay que echarlos. Ninguna responsabilidad cabe a los poderosos (ni a su Policía), que piden que los sigan votando.
El jueves, la Presidenta pidió a cuidar a los gobiernos que construyen hospitales. Fue una pena que no pidiera a los constructores que cuidaran de los tucumanos. ¿Qué hospital sanará el descuido de los gobernantes? ¿Qué obra pública compensará los encubrimientos del Estado fracasado?
Ni siquiera el terremoto electoral del alperovichismo pudo disimular aquella revelación maldita. Y eso que fue tremendo sacudón. El gobernador del régimen que proclamó el antidemocrático "vamos por todo", irá por nada en octubre. El mandatario que en mayo repetía que, si hacía falta, se postularía a diputado, tembló ante las encuestas. Con el sismo se arrugaron desde la lista hasta los planes para la campaña.
De entre las ruinas de los sondeos de opinión pública rescataron una excusa. Encontraron un "Breve" en un matutino porteño, según el cual la Presidenta no quiere "testimoniales", y decidieron que es palabra santa. Ahora, Clarín no miente. Y José Alperovich reescribió el pasado: "Sería una burla a la gente ir por una testimonial. A los tucumanos no se les puede mentir. El que piense eso, está loco", declaró. Deben haberse sentido estupendos los ministros Osvaldo Jaldo, Silvia Rojkés y Beatriz Mirkin, legisladores electos que nunca se desempeñaron como tales. Qué decirr de Beatriz Rojkés, doctrinaria del "No me asusta ni me avergüenza la palabra testimonial".
Pero el sentido del humor del gobernador es inagotable. Así que el mismo lunes en que se indignaba contra las "testimoniales", mandó a encuestar el eventual rendimiento electoral de Juan Manzur. Esa sí es una tomada de pelo: que la semana termine con el alperovichismo rumoreando que Juan Manzur, patrono provincial de la testimonialidad, puede encabezar la lista de diputados. Él, que desde la gestión anterior es vicegobernador de mentiritas, y se hizo reelegir en ese cargo para seguir de ministro de Salud de la Nación.
Dicho sea de paso: con el sueño de otra enmienda constitucional más muerto que vivo, ¿cuántos (y cuales) intendentes, comisionados, legisladores y ediles sin reelección posible en 2015 trabajarán por el candidato en vez de "guardarse" los recursos?
La promesa
Debe ser difícil para el gobernador admitir que tuvo que "bajarse" porque "los números no dan". De hecho, le prometió a la Presidenta un triunfo en las urnas, pero no aclaró qué es lo que hay que contar: si diputados electos o votos conseguidos.
Alperovich desensilló ante su entorno el viernes. Y ahora hay una sorda caza de brujas en la Casa de Gobierno, para saber quién le dijo al senador radical José Cano que el gobernador se retiraba de la partida. Porque el opositor le dijo el sábado a LA GACETA (tal como se publicó el domingo) que si el mandatario se postulaba a diputado, él lo enfrentaría. Alperovich dio marcha atrás públicamente el lunes y su contrincante ganó el duelo sin siquiera desenfundar.
Cano mostró que es hábil para el tiempo político. Lo había probado en 2009, cuando se instaló en la escena amagando un acuerdo electoral con Fernando Juri, que finalmente descartó. Se sabe quién salió ganando.
La chanza
Pero ni siquiera esta exhibición de torpeza política oficialista, ni siquiera esta pública y notoria confesión de que los votos ya no acompañan como antes, pudo maquillar lo trascendente de esta provincia. Lo espantoso de Tucumán. Tan alarmante que ni la visita proselitista de Cristina Fernández pudo disimularlo. A pesar, incluso, de la movilización de 15.000 personas, que sirvió -sobre todo- para tener en el acto más público que familiares del matrimonio gobernante.
Y eso que la hora y media que la Presidenta le dedicó al subtrópico tuvo pasajes inolvidables. Empezando por el curioso hecho de que la Presidenta de la Argentina y el gobernador de Tucumán se prodigaran mutuas felicitaciones por un hospital que se hizo con plata de España y que se demoraron más de una década en construir. De hecho, es más que revelador el rumor acerca de la ausencia de autoridades de la península en la ceremonia: la especie pretende que desistieron de cualquier acto de presencia porque no había ninguna participación de importancia prevista en la agenda para los europeos que hicieron posible que el Hospital Eva Perón sea realidad.
El prevaricato
Lo que siguió tuvo ribetes memorables. Como cuando la primera mandataria, que es abogada, esclareció "que el país necesita de mecánicos y no de abogados". O como cuando Lucio Tamburo, titular del Enohsa, declaró que la inversión de $ 820 millones en cañerías, de 2003 a la fecha, "contribuyó a disminuir los índices de mortalidad infantil". Porque durante el mirandismo, los chicos no se morían de hambre sino de falta de cloacas. Prevaricar la historia, que le dicen.
Para el cierre, un contraste: terminaron de entregar las 5.000 casas Lomas de Tafí, que costaron $ 890 millones, y anunciaron que el emprendimiento Altos de El Manantial costará casi la misma plata ($ 700 millones), pero alcanzará para hacer la mitad de las viviendas: 2.500. Como la inflación oficial es sólo del 0,7% mensual, es claro que se tratará de una barrio de 2.500 chalets.
Pero esa maleza de incoherencias, barbaridades y falacias tampoco alcanzó para encubrir lo infernal. Lo aberrante quedó plasmado en el informe del abogado Bernardo Lobo Bougeau sobre el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. En esa investigación encargada por el Gobierno nacional kirchnerista al ex secretario de Derechos Humanos del alperovichismo, se oficializó lo que Alberto Lebbos no se cansa de denunciar: en el territorio de esta provincia no rige la ley. Sólo la voluntad de un puñado de poderosos. Ya sea porque tienen dinero, en el caso de los civiles, o porque tienen armas, en el caso de los policías. Y entonces lo infame se torna imposible de camuflar por su condición de totalidad. Tucumán es, acabadamente, un Estado fracasado.
El espanto
En el documento que elaboró para el Ministerio de Justicia de la Nación, Lobo Bugeau advierte que en la causa abierta tras la muerte por estrangulamiento manual de Paulina (empleada municipal y estudiante de periodismo) se construyó, con una siniestra serie documental, un laberinto de papel sólo para ocultar la verdad. Ocho líneas investigativas se desplegaron. Una de ellas refería a "los hijos del poder". Y hoy, respecto del crimen del 26 de febrero de 2006, ni siquiera hay un imputado.
El único funcionario del alperovichismo que renunció junto con Lebbos luego del asesinato de la tucumana de 26 años, madre de una niña, escupe en su texto que no es cierto que la complejidad de los hechos impidan esclarecer el crimen. Denuncia que no por azar confluyeron fuerzas y poderes que convirtieron todo en un caso confuso. Grita que la Justicia ha sido reprimida y censurada en beneficio de los intereses de los que tienen poder real de acción o coacción. De esos que carecen de cualquier respeto por las personas y las leyes.
Si asusta la conceptualización del Estado fracasado de Tucumán, la descripción de su accionar da pavor. Cuando apareció el cuerpo de Paulina, el 11 de marzo de hace siete años, los agentes que intervinieron dieron aviso al fiscal cuatro horas después. El acta del procedimiento, además, dice que los uniformados encontraron el cadáver, cuando en realidad lo hallaron dos baqueanos.
"No sólo mintieron sobre eso: movieron el cuerpo de Paulina, desbarataron el lugar del hecho, escondieron las primeras fotos tomadas en el sitio, sacaron otras tras cambiar la escena, adulteraron las actas, falsificaron firmas y amenazaron a los testigos y a los chicos que encontraron a mi hija", repite Alberto Lebbos.
Claro que fue gente de otras provincias la que determinó todo esto: Gendarmería y la Federal. Gracias a ello, se inició una causa penal contra los policías de la comisaría de Raco por "Falsificación de instrumento público". Lo que sigue es conocido: un comisario se presentó, admitió los entuertos, se interrumpió la declaración y quedó detenido. Un ex subjefe de Policía lo visitó en la celda. El comisario, después, se negó a volver a declarar. Y, al rato, la causa se quedó sin fiscal: Alejandro Noguera fue apartado del expediente luego de que LA GACETA lo sorprendiera reunido con Alperovich, en la residencia del mandatario, la noche del 19 de abril del mefistofélico 2006. "Necesito ayuda para investigar", explicó el funcionario judicial.
El pedido
No es sólo el caso Lebbos. Durante el mismo y ominoso 2006 en que el poder político se afanaba en mejorar la vida de los tucumanos mediante la reforma de la Constitución, el kirchnerismo mandaba un informe revelador a la Justicia local sobre otra tragedia. Luis Alberto Bordón, como coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad, planteó que la Policía tucumana no debía intervenir en la investigación sobre el secuestro y la desaparición de María de los Ángeles Verón. Alegaba que esa Policía había colaborado con los secuestros por acción u omisión; o, si era inocente, no era ajena a los autores del crimen. Argumentaba que la participación de la fuerza provincial sólo dificultaría la búsqueda de Marita. Que sus métodos sólo harían fracasar su hallazgo.
Pero la Provincia no oyó a la Nación y la Policía local siguió a cargo. Seis años después, en diciembre de 2012, los jueces de la Sala II de la Cámara Penal absolvieron a los 13 imputados del Caso Verón: adujeron que de la instrucción hecha por la Policía no surgían pruebas para condenar a nadie por los delitos que estaban juzgando. Pero la culpa es de los magistrados y hay que echarlos. Ninguna responsabilidad cabe a los poderosos (ni a su Policía), que piden que los sigan votando.
El jueves, la Presidenta pidió a cuidar a los gobiernos que construyen hospitales. Fue una pena que no pidiera a los constructores que cuidaran de los tucumanos. ¿Qué hospital sanará el descuido de los gobernantes? ¿Qué obra pública compensará los encubrimientos del Estado fracasado?
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