Detuvieron a dos comisarios imputados de irregularidades en los servicios adicionales

Víctor Lisandro y Manuel Sosa, ex jefe y subjefe de la Patrulla Urbana, quedaron detenidos por disposición del juez de Instrucción de la I° Nominación, Alejandro Tomas, acusados de cobrar indebidamente dinero de servicios adicionales y designar irregularmente a policías para que cubrieran esas guardias.

Los dos policías, que se encuentran en situación pasiva, fueron citados por el fiscal Guillermo Herrera el jueves al mediodía, y luego de leerles las pruebas en su contra ordenó que sean aprehendidos y le pidió al juez que ordene la detención de los sospechosos, quienes se encuentran alojados en el Departamento General de Bomberos de la Policía, según manifestaron fuentes tribunalicias.

La investigación había comenzado a principios de 2012, cuando el jefe de Policía Jorge Racedo recibió la información de que agentes de la Patrulla Urbana realizaban servicios adicionales en bancos y comercios del microcentro, en los horarios en que deberían haber estado recorriendo las calles de la ciudad.

La pesquisa administrativa que ordenó Racedo demandó dos meses. Se habría detectado que algunos policías figuraban en los registros con su horario de entrada y la esquina que tenían asignada como parada, pero no constaba su salida. Los testimonios recabados en la Policía indicaban que al menos tres policías reconocían la irregularidad, y señalaban a Lisandro y a Sosa como las personas que hacían los arreglos con las entidades privadas a custodiar.

Ante esto, los dos jefes de la Patrulla Urbana fueron desplazados y se realizó la denuncia en la Justicia penal. El fiscal Herrera citó a declarar a los distintos empleados que trabajaban en la Patrulla Urbana. Fueron más de 20 testimonios, y uno sólo de ellos mantuvo la acusación a los comisarios.

Archivo provisorio

Herrera había decidido archivar la causa, al considerar que las pruebas no eran suficientes. Más tarde, el jefe de Policía aportó nueva documentación y la causa fue reactivada.

El fiscal continuó con las rondas de testimonios de los empleados policiales. El jueves decidió imputar directamente a los ex comisarios y los llamó a su despacho.

Tras mostrarle las pruebas en su contra, Lisandro y Sosa habrían afirmado que la distribución que realizaban de los policías que cumplían servicios adicionales era dispuesta por la Jefatura de Policía.

Además, habrían sostenido que no existió ninguna irregularidad, y que los agentes que eran enviados a cumplir servicios adicionales estaban fuera de sus horarios de trabajo, y que la ausencia de policías en las paradas era producto de la falta de personal. Acompañados por sus abogados Ernesto Baaclini (por Lisandro) y Gustavo Mollerach (por Sosa), los policías habrían manifestado que fueron víctimas de la interna policial entre Racedo y el ex subjefe de Policía, Luis Pedraza.

Sin embargo, Herrera ordenó que sean aprehendidos. Luego solicitó la detención. Fuentes de tribunales penales comentaron que fueron varios jueces de Instrucción los que se inhibieron de resolver el pedido que realizó el fiscal de Instrucción de la X° Nominación.

Finalmente, hacia las 23, Alejandro Tomás firmó la resolución y transformó en detención la situación de los dos policías acusados. La situación será resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo penal, ya que los defensores de Lisandro y Sosa se opusieron a la decisión del fiscal, argumentando falta de pruebas para la imputación, según dijeron las fuentes.

Cada agente cobraba $ 6.000 por mes

En mayo de 2012, cuando estalló el escándalo, los policías cobraban entre $ 2.500 y $ 6.000 cada uno. Esas cifras dependían de la cantidad de horas comprendidas en los servicios adicionales y también en relación al convenio al que llegaban con la institución que debían custodiar.

El sistema de servicios adicionales se realiza por fuera del horario de trabajo. Los policías no están obligados a realizar esa custodia adicional. Si el trabajo se realiza mediante un acuerdo de la división Servicios Adicionales de la Policía (como sucede en los casos de eventos deportivos o recitales, o en dependencias públicas), un porcentaje del valor de la hora ingresa a las arcas policiales.

Oficialmente, los policías tienen dos días para descansar antes de volver a la rutina. Sin embargo, la mayoría de ellos continúa trabajando, realizando servicios adicionales para mejorar sus ingresos.

Bancos y comercios

Nadie sabe exactamente cuántos son los policías que custodian bajo este régimen las oficinas públicas, los bancos o los locales comerciales. Si bien existe una oficina específica dentro de la fuerza que realiza los convenios, en la mayoría de los casos son los propios efectivos que acuerdan el régimen.

Quienes acuerdan de manera individual no cuentan con la cobertura del seguro. En caso de ser heridos en un eventual robo, los gastos de sanatorio, por ejemplo, corren por su cuenta.

En el caso de Lisandro y Sosa, según el expediente interno, figuran más de 20 testimonios que certificarían los manejos espurios en el área de Patrulla Urbana.

Más de un centenar.- En mayo de 2012, en la Patrulla Urbana trabajan 160 policías, que tenían a su cargo la custodia de las calles del microcentro. La dependencia trabajaba principalmente en el área de las peatonales, y su presencia se intensificaba en fechas determinadas como las fiestas de Fin de Año, el Día de la Madre o del Padre. Solían tener paradas fijas dispuestas en distintas esquinas. Se trata de un plan de prevención que, este mes, volvió a ponerse en práctica.

Un escándalo.- El 25 de octubre de 2012, el fiscal Guillermo Herrera reactivó la causa judicial. En aquel momento, el fiscal citó a los comisarios Víctor Lisandro y Manuel Sosa en carácter de imputados en la causa. El escándalo había estallado por un relevamiento realizado por Operaciones Policiales, que detectó las irregularidades.

Las sospechas.- La presentación judicial fue impulsada por la Policía y el Ministerio de Seguridad a partir de las sospechas sobre extraños manejos con posibles irregulares dentro de la fuerza.