El costado social de la inseguridad

Es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esa es la definición de violencia acuñada por la Organización Mundial de la Salud. Es la consecuencia, pero también el origen de la inseguridad más que preocupante que cotidianamente padecemos los tucumanos. La delincuencia se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad en la última década. Ciudadanos de cualquier edad pueden sufrir un asalto en la vía pública, incluso en pleno centro, donde se supone que hay mayor presencia policial.

En un acto, efectuado en la Jefatura de Policía, el gobernador admitió su preocupación por la seguridad y anunció que se lanzó una licitación pública para la adquisición de 50 camionetas que serán destinadas al personal que trabajará en el sistema telefónico 911, con el que se intentará dar respuesta a las denuncias que haga la comunidad. Destacó la compra de equipamiento con nuevas tecnologías para desarrollar investigaciones de homicidios, entre otros delitos. "Sé que nos falta mucho en seguridad, pero tenemos que seguir trabajando fuerte con más policías en la calle, con más fuerza para tratar de combatir esto que golpea en todos los sectores de la sociedad".

No hace mucho tiempo, en octubre de 2011, el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato di Tella, cuyo objetivo es medir el delito en la Argentina, divulgó un estudio que mostró a Tucumán entre las provincias más inseguras del país. De acuerdo con la investigación efectuada a través de encuestas telefónicas mensuales, el 42,5% de los hogares de San Miguel de Tucumán había sufrido un delito en los últimos 12 meses, hubiese sido denunciado el hecho o no. El delito ocasiona significativos costos económicos en términos de destrucción de la propiedad, gastos de salud, en seguridad pública y privada, falta de incentivos a la inversión, reducción del turismo.

En buena hora que se reconozca públicamente la existencia del problema en su real dimensión y no se tienda a minimizarlo. Difícilmente, el delito se erradique con mayor presencia policial, sino con una política integral que se aplique en su conjunto y simultáneamente. La tendencia ha sido combatir el delito desde el ámbito policial, incorporando cámaras de seguridad y más agentes. Un mapa del delito permitiría concentrar las acciones sociales y de seguridad en las zonas de mayor riesgo y trabajar en la prevención.

Hace ya un tiempo, un experto en el tema y que integró este gobierno, expuso una serie de acciones puntuales para combatir la delincuencia. Propuso la movilización comunitaria, la prevención contra grupos violentos, el fortalecimiento de mentores barriales, programas de recreación luego del horario escolar y de visitas a familias desprotegidas y con niños, planes de educación preescolar que involucren a padres, prevención de la violencia familiar y acciones adecuadas en la Justicia Penal, recuperación de desertores del sistema escolar, capacitación a docentes para afrontar los problemas de origen social en las aulas, fortalecimiento de patrullas dirigidas a lugares conflictivos, entre otros puntos. ¿Qué hará falta para poner en práctica estas ideas en forma coordinada?

La droga, la marginalidad, la violencia, el escaso valor por la vida son el resultado de una crisis social profunda, marcada por la inequidad, el analfabetismo, la desocupación, la falta de contención social. Si no se apunta a la raíz, los problemas estarán lejos de solucionarse.