17 Junio 2013
Poner las barbas en remojo
La condena al ex presidente Menem es un antes y un después de nuestra historia. El segundo antes y después. El primero, sin duda, fue el juicio a las Juntas Militares, que logró Alfonsín. Y los romanos, que hicieron de la síntesis de ideas un verdadero deporte, lo condensaron en la frase "Sic transit gloria mundi". Así pasa la gloria en este mundo. Esto debe llamar a la reflexión a aquellos que sueñan con la eternizción en el poder. Pero los españoles, que al fin y al cabo descienden de los romanos, acuñaron también sus refranes. Y viene al caso este: "cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar". Ambos, creo, son de aplicación en este episodio.
Melitón Saldaño
[email protected]
La concentración de poder
Que en la provincia de Tucumán existe un poder concentrado, nadie puede discutirlo. Un gobernador que maneja el PE y el presupuesto; que ha reformado la Constitución para su reelección; que también da órdenes al Poder Legislativo y que ha nombrado a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema, no se queda sólo en esto: maneja el Partido Justicialista y también todas las relaciones con el Gobierno Nacional. Tal concentración tiene, para muchos, sus ventajas. La democratización tucumana se ha resumido en pavimento y obras para todos; subsidios y financiamiento de la "política" para conformar una extraordinaria maquinaria electoral y aparición de funcionarios que han aprendido a hacer empresas a partir de la gestión de la cosa pública. Pero la realidad es porfiada: esa concentración también es responsable de desventajas que a diario vivimos, patentes en estos días de injusticia e inseguridad. Contrariamente a la opinión vertida por la Presidenta, lo que se debe "democratizar" en Tucumán es el poder político; mientras que la Justicia y la Seguridad deben ser independientes y profesionalizadas; descolonizadas del poder político concentrado que colocó mediocres o amigos, tal vez para nunca ser investigado. Estas son algunas propuestas presentadas hace años en la Legislatura: *Conformar el Ministerio Público Fiscal extra poder independiente del Poder Judicial. De haber existido, la conducción de la investigación criminal y la acción pública a cargo del Ministerio no se contaminaría y hasta se enfrentaría con el PE, los Juzgados o la propia Corte. *Creación de una Policía Judicial y llevar Investigaciones, Científica y Antecedentes al Ministerio Público Fiscal y eliminar intromisiones políticas o zonales de punteros o comisarios corruptos. * Profesionalización de esa policía Judicial; utilizando nuestras universidades con un régimen de ascensos y méritos por concurso de antecedentes y oposición. *Implementación del acuerdo legislativo para cualquier ascenso en los grados superiores de la policía (tanto la Judicial como la de Seguridad, que seguiría a cargo del PE) exigiendo a los oficiales superiores y comisarios lo mismo que exigimos a los jueces o fiscales. Y muchas propuestas más, que seguramente no serán escuchadas porque parece que estas cosas no les importan, hasta que nuevas Maritas, Paulinas u otros casos que no conocemos aún nos hagan exigir la democratización de la política y la profesionalización de la Justicia y la Seguridad.
José Ricardo Ascárate
[email protected]
EPAM
Como alumna de muchos años de la institución EPAM, dependiente de la UNT, deseo manifestar mi eterno agradecimiento: primero a Dios por ponernos un lugar maravilloso con la gran mayoría de la gente estupenda, mis amigos grandiosos, los mejores profesores del mundo; los administrativos, excelente; el bar, acogedor, y "la dire", súper contenedora especial para el adulto mayor; y lo que es mucho mejor es el precio, ya que casi todos los alumnos somos jubilados: pagamos $ 130 mensuales y hacemos cinco talleres. Segundo: al rector, quien se preocupó desde el año pasado para que los adultos mayores tengamos un lugar apropiado. Aunque falta mucho por hacer, tenemos nuestra casa propia. Y por último, a nuestra querida "dire", quien todos los días hará lo posible para que la casa funcione mejor. Amigos, nos pongamos la camiseta del EPAM y la defendamos a morir.
Cristina Chaya
Santiago del Estero 558
San Miguel de Tucumán
Atropelladas por una rastra
El 13/06 se produjo en La Florida, Cruz Alta, un terrible accidente con una rastra cañera que se salió de control, subió a la vereda y agarró a una nena que iba con su abuela. Mi pregunta es por qué estos camiones de gran porte circulan por la zona urbana de La Florida y Delfin Gallo, si hay caminos alterntivos. Pedimos que no circulen más por nuestras calles.
Miguel Godoy
[email protected]
La presión del agua en Monteros
En el barrio Mutual de Monteros, las calles están anegadas por roturas en la red de agua y aumentan las roturas en las instalaciones domiciliarias. Cuando la SAT se hizo cargo cambiaron la bomba y la presión aumentó muchísimo, causando las roturas. Reclamamos por teléfono, mails, notas, etcétera, sin solución. Parece que había un desagüe para el exceso de agua y dicen que la SAT lo clausuró. ¿Podrían venir a constatar esto?
Víctor H Medina
[email protected]
Comer y aprender
El fenómeno social que se presenta en las Comunidades Educativas rurales, producto de la movilidad e inclusión impulsada por el gobierno, está provocando situaciones de crisis en las escuelas, a raíz de la existencia del comedor escolar, que obstaculiza el trabajo cotidiano tendiente a mejorar un rendimiento pedagógico que acompañe ese fenómeno en la medida adecuada. La necesidad de participación que se descubre en las comunidades rurales no está enmarcada en el concepto de participación responsable y proactiva. Cuando las escuelas rurales (que ya es tiempo) intentan desplazar el comedor hacia la pertinencia pedagógica, chocan con una resistencia, que, de acuerdo a las características de las distintas comunidades, asume modalidades diferentes. Sí. Hay que enseñar y dar de comer en las escuelas. Sí. Pero es momento de pensar que en la tremenda realidad actual, cambiante, acelerada, con actores cuya resistencia se opone esencialmente al establecimiento de límites y pretende avasallar la institución educativa (con todas sus fallas, que son muchas), y no acompañar el comedor escolar es una carga demasiado pesada. Es tiempo de reconocer que la exigencia de excelencia pedagógica, que se hace indispensable, no es compatible con el manejo de los comedores desde las escuelas.
Hilda Cristina Ponce
[email protected]
LEY 26.130
Tengo 32 años; curso un embarazo de 35 semanas y es de alto riesgo. Será mi tercer hijo, por lo cual quiero que sea el último, dadas las circunstancias económicas. Concurrí a mi obra social buscando una solución, pero me dijeron que las obras sociales no cubren ligaduras; ellos se hacen cargo de la internación y las cesáreas. De mi bolsillo tengo que pagarle al médico una suma determinada de dinero para que él me ligue las trompas. ¿Por qué tengo que pagar? Supuestamente hay una ley que garantiza que las ligaduras y las vasectomías son gratis en hospitales públicos, obras sociales y prepagas. Así como yo, hay muchas mujeres que tienen embarazos de alto riesgo y no pueden ligarse las trompas porque es costoso. Ojalá alguien lea mi pedido, vea por nosotras y haga regir esta ley que está en vigencia hace más de un año.
Mariana Flavia Pistán
Colonia 5 de Nueva Baviera
Famaillá-Tucumán
Democratizar la Justicia
El verbo "democratizar" se ha convertido por estos días en un verdadero ejemplo de polisemia: para algunos democratizar la Justicia es "agilizarla", para otros, hacerla más "accesible", "transparente", "participativa", "legítima", etcétera. Sobre la herencia del modelo continental europeo hemos construido un poder judicial altamente burocrático, corporativo, endogámico, nepotista, estrechamente asociado (cuando no subordinado) al poder político y que se expresa en un lenguaje técnico generalmente incomprensible para los ciudadanos, el cual es traducido por un sector profesional de iniciados (los abogados). Esta situación ha socavado una enorme brecha entre la Justicia y la sociedad. Desde el discurso político se justifica la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación mediante elección popular directa para "garantizar la efectiva participación de la comunidad en la toma de decisiones" y en "el establecimiento de mecanismos… que expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democráticas". A contrapelo de las declamadas intenciones, la iniciativa conduce a una nueva forma de intermediación política paternalista que desplaza a los titulares de la soberanía y de la voluntad popular y los aleja de la posibilidad de integrar directamente la administración de justicia. La Constitución Nacional de 1853 ordenó el establecimiento del juicio por jurados en tres artículos: el 24, el 67, inc. 11 (75, inc. 12) y el 102 (118), que la reforma de 1994 ha mantenido en su redacción original. A partir de los 80 volvió a debatirse la necesidad de cumplir con el mandato constitucional largamente desoído y se presentaron varios proyectos de ley de juicio por jurados, incluso uno elaborado por la senadora Fernández de Kirchner en 2006. El jurado popular no debe ser visto solamente como una institución judicial. Por el contrario, hoy se perfila como la posibilidad más seria que tenemos para implementar una verdadera democratización de la justicia, porque el jurado -como afirmaba Toqueville- es una institución eminentemente republicana, "consecuencia tan directa y tan extrema del dogma de la soberanía del pueblo como el voto universal". Desde el lugar del ciudadano común, el jurado no sólo es la posibilidad de integrar responsablemente el lejano y temido Poder Judicial; también es una garantía para la defensa de sus propios derechos porque exige juicios orales, públicos, transparentes, controlables por la sociedad y por ello, no manipulables por fiscales y jueces corruptos. Establecer el juicio por jurados implica la desaparición definitiva del expediente escrito, y con éste, de los justificativos de la morosidad judicial. Cuando los ciudadanos integran jurados populares participan directamente del gobierno judicial, sin intermediarios que buscan convertirse en los "intérpretes" de su soberana voluntad.
Carlos Díaz Lannes
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La condena al ex presidente Menem es un antes y un después de nuestra historia. El segundo antes y después. El primero, sin duda, fue el juicio a las Juntas Militares, que logró Alfonsín. Y los romanos, que hicieron de la síntesis de ideas un verdadero deporte, lo condensaron en la frase "Sic transit gloria mundi". Así pasa la gloria en este mundo. Esto debe llamar a la reflexión a aquellos que sueñan con la eternizción en el poder. Pero los españoles, que al fin y al cabo descienden de los romanos, acuñaron también sus refranes. Y viene al caso este: "cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar". Ambos, creo, son de aplicación en este episodio.
Melitón Saldaño
[email protected]
La concentración de poder
Que en la provincia de Tucumán existe un poder concentrado, nadie puede discutirlo. Un gobernador que maneja el PE y el presupuesto; que ha reformado la Constitución para su reelección; que también da órdenes al Poder Legislativo y que ha nombrado a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema, no se queda sólo en esto: maneja el Partido Justicialista y también todas las relaciones con el Gobierno Nacional. Tal concentración tiene, para muchos, sus ventajas. La democratización tucumana se ha resumido en pavimento y obras para todos; subsidios y financiamiento de la "política" para conformar una extraordinaria maquinaria electoral y aparición de funcionarios que han aprendido a hacer empresas a partir de la gestión de la cosa pública. Pero la realidad es porfiada: esa concentración también es responsable de desventajas que a diario vivimos, patentes en estos días de injusticia e inseguridad. Contrariamente a la opinión vertida por la Presidenta, lo que se debe "democratizar" en Tucumán es el poder político; mientras que la Justicia y la Seguridad deben ser independientes y profesionalizadas; descolonizadas del poder político concentrado que colocó mediocres o amigos, tal vez para nunca ser investigado. Estas son algunas propuestas presentadas hace años en la Legislatura: *Conformar el Ministerio Público Fiscal extra poder independiente del Poder Judicial. De haber existido, la conducción de la investigación criminal y la acción pública a cargo del Ministerio no se contaminaría y hasta se enfrentaría con el PE, los Juzgados o la propia Corte. *Creación de una Policía Judicial y llevar Investigaciones, Científica y Antecedentes al Ministerio Público Fiscal y eliminar intromisiones políticas o zonales de punteros o comisarios corruptos. * Profesionalización de esa policía Judicial; utilizando nuestras universidades con un régimen de ascensos y méritos por concurso de antecedentes y oposición. *Implementación del acuerdo legislativo para cualquier ascenso en los grados superiores de la policía (tanto la Judicial como la de Seguridad, que seguiría a cargo del PE) exigiendo a los oficiales superiores y comisarios lo mismo que exigimos a los jueces o fiscales. Y muchas propuestas más, que seguramente no serán escuchadas porque parece que estas cosas no les importan, hasta que nuevas Maritas, Paulinas u otros casos que no conocemos aún nos hagan exigir la democratización de la política y la profesionalización de la Justicia y la Seguridad.
José Ricardo Ascárate
[email protected]
EPAM
Como alumna de muchos años de la institución EPAM, dependiente de la UNT, deseo manifestar mi eterno agradecimiento: primero a Dios por ponernos un lugar maravilloso con la gran mayoría de la gente estupenda, mis amigos grandiosos, los mejores profesores del mundo; los administrativos, excelente; el bar, acogedor, y "la dire", súper contenedora especial para el adulto mayor; y lo que es mucho mejor es el precio, ya que casi todos los alumnos somos jubilados: pagamos $ 130 mensuales y hacemos cinco talleres. Segundo: al rector, quien se preocupó desde el año pasado para que los adultos mayores tengamos un lugar apropiado. Aunque falta mucho por hacer, tenemos nuestra casa propia. Y por último, a nuestra querida "dire", quien todos los días hará lo posible para que la casa funcione mejor. Amigos, nos pongamos la camiseta del EPAM y la defendamos a morir.
Cristina Chaya
Santiago del Estero 558
San Miguel de Tucumán
Atropelladas por una rastra
El 13/06 se produjo en La Florida, Cruz Alta, un terrible accidente con una rastra cañera que se salió de control, subió a la vereda y agarró a una nena que iba con su abuela. Mi pregunta es por qué estos camiones de gran porte circulan por la zona urbana de La Florida y Delfin Gallo, si hay caminos alterntivos. Pedimos que no circulen más por nuestras calles.
Miguel Godoy
[email protected]
La presión del agua en Monteros
En el barrio Mutual de Monteros, las calles están anegadas por roturas en la red de agua y aumentan las roturas en las instalaciones domiciliarias. Cuando la SAT se hizo cargo cambiaron la bomba y la presión aumentó muchísimo, causando las roturas. Reclamamos por teléfono, mails, notas, etcétera, sin solución. Parece que había un desagüe para el exceso de agua y dicen que la SAT lo clausuró. ¿Podrían venir a constatar esto?
Víctor H Medina
[email protected]
Comer y aprender
El fenómeno social que se presenta en las Comunidades Educativas rurales, producto de la movilidad e inclusión impulsada por el gobierno, está provocando situaciones de crisis en las escuelas, a raíz de la existencia del comedor escolar, que obstaculiza el trabajo cotidiano tendiente a mejorar un rendimiento pedagógico que acompañe ese fenómeno en la medida adecuada. La necesidad de participación que se descubre en las comunidades rurales no está enmarcada en el concepto de participación responsable y proactiva. Cuando las escuelas rurales (que ya es tiempo) intentan desplazar el comedor hacia la pertinencia pedagógica, chocan con una resistencia, que, de acuerdo a las características de las distintas comunidades, asume modalidades diferentes. Sí. Hay que enseñar y dar de comer en las escuelas. Sí. Pero es momento de pensar que en la tremenda realidad actual, cambiante, acelerada, con actores cuya resistencia se opone esencialmente al establecimiento de límites y pretende avasallar la institución educativa (con todas sus fallas, que son muchas), y no acompañar el comedor escolar es una carga demasiado pesada. Es tiempo de reconocer que la exigencia de excelencia pedagógica, que se hace indispensable, no es compatible con el manejo de los comedores desde las escuelas.
Hilda Cristina Ponce
[email protected]
LEY 26.130
Tengo 32 años; curso un embarazo de 35 semanas y es de alto riesgo. Será mi tercer hijo, por lo cual quiero que sea el último, dadas las circunstancias económicas. Concurrí a mi obra social buscando una solución, pero me dijeron que las obras sociales no cubren ligaduras; ellos se hacen cargo de la internación y las cesáreas. De mi bolsillo tengo que pagarle al médico una suma determinada de dinero para que él me ligue las trompas. ¿Por qué tengo que pagar? Supuestamente hay una ley que garantiza que las ligaduras y las vasectomías son gratis en hospitales públicos, obras sociales y prepagas. Así como yo, hay muchas mujeres que tienen embarazos de alto riesgo y no pueden ligarse las trompas porque es costoso. Ojalá alguien lea mi pedido, vea por nosotras y haga regir esta ley que está en vigencia hace más de un año.
Mariana Flavia Pistán
Colonia 5 de Nueva Baviera
Famaillá-Tucumán
Democratizar la Justicia
El verbo "democratizar" se ha convertido por estos días en un verdadero ejemplo de polisemia: para algunos democratizar la Justicia es "agilizarla", para otros, hacerla más "accesible", "transparente", "participativa", "legítima", etcétera. Sobre la herencia del modelo continental europeo hemos construido un poder judicial altamente burocrático, corporativo, endogámico, nepotista, estrechamente asociado (cuando no subordinado) al poder político y que se expresa en un lenguaje técnico generalmente incomprensible para los ciudadanos, el cual es traducido por un sector profesional de iniciados (los abogados). Esta situación ha socavado una enorme brecha entre la Justicia y la sociedad. Desde el discurso político se justifica la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación mediante elección popular directa para "garantizar la efectiva participación de la comunidad en la toma de decisiones" y en "el establecimiento de mecanismos… que expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democráticas". A contrapelo de las declamadas intenciones, la iniciativa conduce a una nueva forma de intermediación política paternalista que desplaza a los titulares de la soberanía y de la voluntad popular y los aleja de la posibilidad de integrar directamente la administración de justicia. La Constitución Nacional de 1853 ordenó el establecimiento del juicio por jurados en tres artículos: el 24, el 67, inc. 11 (75, inc. 12) y el 102 (118), que la reforma de 1994 ha mantenido en su redacción original. A partir de los 80 volvió a debatirse la necesidad de cumplir con el mandato constitucional largamente desoído y se presentaron varios proyectos de ley de juicio por jurados, incluso uno elaborado por la senadora Fernández de Kirchner en 2006. El jurado popular no debe ser visto solamente como una institución judicial. Por el contrario, hoy se perfila como la posibilidad más seria que tenemos para implementar una verdadera democratización de la justicia, porque el jurado -como afirmaba Toqueville- es una institución eminentemente republicana, "consecuencia tan directa y tan extrema del dogma de la soberanía del pueblo como el voto universal". Desde el lugar del ciudadano común, el jurado no sólo es la posibilidad de integrar responsablemente el lejano y temido Poder Judicial; también es una garantía para la defensa de sus propios derechos porque exige juicios orales, públicos, transparentes, controlables por la sociedad y por ello, no manipulables por fiscales y jueces corruptos. Establecer el juicio por jurados implica la desaparición definitiva del expediente escrito, y con éste, de los justificativos de la morosidad judicial. Cuando los ciudadanos integran jurados populares participan directamente del gobierno judicial, sin intermediarios que buscan convertirse en los "intérpretes" de su soberana voluntad.
Carlos Díaz Lannes
[email protected]
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