Suasnábar es el tercer fiscal en recibir el candente caso "DAU" puntos clave del caso

El expediente iniciado tras una denuncia sobre presuntas irregularidades producidas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), bajo la dirección del ex bussista Miguel Ángel Brito, sigue recorriendo los pasillos de la sede penal de Tribunales.

Esta vez, la causa fue enviada por la fiscala de Instrucción en lo Penal de la VI Nominación, Adriana Reinoso Cuello, a su par Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción en lo Penal de la VII Nominación. Según fuentes judiciales, la investigadora adujo "violencia moral" para inhibirse en el caso, luego de una serie de quejas de la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, quien considera que la pesquisa no avanzó en el tiempo y la forma que ameritaba la denuncia.

Suasnábar, de esta manera, se convirtió en el tercer fiscal que recibe el expediente. Antes, Washington Navarro Dávila, titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la V Nominación, había rechazado hacerse cargo del caso, ya que Reinoso Cuello se lo había enviado por el sistema de compensación, y el esposo de la camarista penal Liliana Vitar consideró que la complejidad de la pesquisa no se correspondía con las causas que él había derivado antes a la Fiscalía de Instrucción de la VI Nominación.

Ahora, resta esperar si Suasnábar acepta la misión de dilucidar si se cometieron delitos en el manejo de fondos del Estado por parte de la DAU.

En agosto del año pasado, Brito renunció al frente de esa repartición luego de que LA GACETA publicara una nota en la que el Tribunal de Cuentas advertía que se iban a pagar sobreprecios en obras de restauración en la fachada de Casa de Gobierno.

El ex legislador bussista afirmó que esos trabajos habían sido iniciados en su ausencia. Sin embargo, comenzaron a surgir versiones sobre otras supuestas irregularidades, que luego sustentaron la denuncia penal realizada por Elías de Pérez.

Quejas

La legisladora radical se quejó ante el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, porque consideraba que la investigación no avanzaba con celeridad. De hecho, la causa aún no tiene imputados. Por eso, pidió que se separara de la pesquisa a Reinoso Cuello. La fiscala optó por inhibirse argumentando "violencia moral" y derivó el expediente a su par Navarro Dávila. Sin embargo, el fiscal se lo devolvió.

Ahora, Reinoso Cuello envió el caso a Suasnábar. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que están en trámite algunas medidas que podrían resultar de relevancia, como una pericia contable realizada por una experta del Ministerio Público Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y pedidos de informes dirigidos a reparticiones estatales.

Ahora, según explicaron fuentes de Tribunales, Suasnábar debe decidir si acepta la "brasa" caliente que parece ser el caso DAU. En caso de negarse, expresaron los informantes, deberá resolver un juez de Instrucción.

Elías de Pérez, ante una consulta de este diario, se refirió al polémico pase del expediente en las oficinas judiciales. "Como legisladora no me corresponde opinar sobre las cuestiones procesales suscitadas entre los señores fiscales en relación a la causa 'DAU'. Sin embargo, la llamativa excusación de la señora fiscal (por Reinoso Cuello), que invoca 'violencia moral', es claramente tardía y sólo beneficia la ausencia de justicia", remarcó la parlamentaria.

Según su parecer, también "resulta curioso el curso de excusaciones que se desata". "(Esto) le agrega más morosidad a un caso que la UCR, por mi intermedio, hizo llegar al despacho judicial que se excusa, con el consiguiente aporte de pruebas sobre existencia de empresas fantasmas, entre otras irregularidades", indicó. A la vez, remarcó la serie de notas periodísticas elaboradas por LA GACETA respecto de los hechos denunciados.

"Estoy segura de que si la imputación hubiera recaído sobre un ciudadano común, ya estaría procesado. Sólo pido que se respete a la ley, y no a la corrupción. Pero en Tucumán hay cierto temor a investigar la corrupción oficial, razón por la cual el caso 'DAU' no ha avanzado un centímetro", analizó Elías de Pérez. Y agregó que "quizás la violencia moral que algunos funcionarios invocan se trate sólo de eso: temor a confrontar a los que mandan". La opositora, que todavía no recibió información sobre quién se hará cargo del caso, presentó en varias ocasiones carpetas a la Justicia penal en las que había supuestas pruebas de las irregularidades.