23 Junio 2013
DENUNCIAS. Ramos enfrenta acusaciones por incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otras. FOTO ARCHIVO
SALTA.- El intendente de la ciudad salteña de Rosario de Lerma, Sergio Omar Ramos, fue denunciado ante la Justicia provincial de pagar sobornos a concejales para lograr la aprobación del presupuesto 2013 de la comuna.
La acusación fue realizada por la ex presidente del Concejo Deliberante local, Alicia Nebreda, quien tiempo atrás había sido destituida del cargo tras señalar a Ramos y algunos ediles de los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo.
Nebreda lo acusó de haber pagado sobornos a los concejales oficialistas a través de locaciones de servicios con personas que no cumplen ninguna función en el municipio.
En su presentación ante la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público, Nebreda aseguró que durante los primeros tres meses del año los concejales percibieron la suma de 5.000 pesos mensuales que, supuestamente, "eran parte de la dieta" aunque "en calidad de partida extra presupuestaria". Esta versión, según la denunciante, "fue modificada posteriormente para luego convertirse en sumas provenientes de un fondo de incentivo propuesto por el mismo intendente".
Según dijo haber constatado a través de cotejos presupuestarios, los pagos se realizaban con cheques a nombre de personas que no cumplían ninguna tarea, sino que eran "prestanombres" y que sólo percibían "pequeñas sumas de dinero".
La entrega de dinero, según la denuncia, fue "destinada a la compra de la voluntad popular representada por funcionarios públicos". Nebreda refirió concretamente al tratamiento del presupuesto para 2013, que entre otras puntos discutidos incluia aumentos tributarios de entre 70 y 80%.
Para lograr su aprobación, "la intendencia utilizó mecanismos de convencimiento satisfactorios al interés personal de cada uno de los concejales que conforman la mayoría", concluyó la presentación judicial.
Ramos está procesado por presuntos delitos cometidos en perjuicio de la cooperadora asistencial. Entre otros, el jefe comunal enfrenta cargos por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según una denuncia que se inició en 1997.
En su momento, fue destituido por el Concejo Deliberante, decisión rubricada por la Corte de Justicia. Sin embargo, antes de que el tribunal emitiera su fallo, se presentó a elecciones y fue reelecto. En noviembre, la defensa pidió el sobreseimiento de Ramos por prescripción de la causa por el tiempo transcurrido. El pedido fue denegado en primera y segunda instancia, con el argumento de que fue que no existe prescripción porque el acusado continúa en funciones.
En abril último se presentó una nueva apelación ante el Tribunal de Casación, que aún está a la espera de su resolución. Paralelamente, fue acusado por desobediencia judicial y obstrucción a la Justicia. (DYN)
La acusación fue realizada por la ex presidente del Concejo Deliberante local, Alicia Nebreda, quien tiempo atrás había sido destituida del cargo tras señalar a Ramos y algunos ediles de los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo.
Nebreda lo acusó de haber pagado sobornos a los concejales oficialistas a través de locaciones de servicios con personas que no cumplen ninguna función en el municipio.
En su presentación ante la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público, Nebreda aseguró que durante los primeros tres meses del año los concejales percibieron la suma de 5.000 pesos mensuales que, supuestamente, "eran parte de la dieta" aunque "en calidad de partida extra presupuestaria". Esta versión, según la denunciante, "fue modificada posteriormente para luego convertirse en sumas provenientes de un fondo de incentivo propuesto por el mismo intendente".
Según dijo haber constatado a través de cotejos presupuestarios, los pagos se realizaban con cheques a nombre de personas que no cumplían ninguna tarea, sino que eran "prestanombres" y que sólo percibían "pequeñas sumas de dinero".
La entrega de dinero, según la denuncia, fue "destinada a la compra de la voluntad popular representada por funcionarios públicos". Nebreda refirió concretamente al tratamiento del presupuesto para 2013, que entre otras puntos discutidos incluia aumentos tributarios de entre 70 y 80%.
Para lograr su aprobación, "la intendencia utilizó mecanismos de convencimiento satisfactorios al interés personal de cada uno de los concejales que conforman la mayoría", concluyó la presentación judicial.
Ramos está procesado por presuntos delitos cometidos en perjuicio de la cooperadora asistencial. Entre otros, el jefe comunal enfrenta cargos por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según una denuncia que se inició en 1997.
En su momento, fue destituido por el Concejo Deliberante, decisión rubricada por la Corte de Justicia. Sin embargo, antes de que el tribunal emitiera su fallo, se presentó a elecciones y fue reelecto. En noviembre, la defensa pidió el sobreseimiento de Ramos por prescripción de la causa por el tiempo transcurrido. El pedido fue denegado en primera y segunda instancia, con el argumento de que fue que no existe prescripción porque el acusado continúa en funciones.
En abril último se presentó una nueva apelación ante el Tribunal de Casación, que aún está a la espera de su resolución. Paralelamente, fue acusado por desobediencia judicial y obstrucción a la Justicia. (DYN)
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