02 Agosto 2013
Abelardo Cajal es un paciente enfermo de Chagas. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, los médicos le recomendaron que tramitara una pensión del Estado. Así, según relató, inició los trámites administrativos para acceder a ese beneficio y, llamativamente, se topó con habrían estado utilizando su identidad en una cooperativa del programa "Argentina Trabaja".
Según Cajal, esta situación habría comenzado el 18 de abril de 2011, cuando le dieron el alta como miembro de la cooperativa "Caminemos Juntos". Sin embargo, el hombre aseguró a LA GACETA que nunca se inscribió para ingresar en ese programa laboral que financia el Gobierno nacional. Esta situación -según añadió- también perjudica a su esposa, Daniela Flores, a la que le diagnosticaron artrosis. La mujer explicó que cuando intentó hacer un trámite administrativo en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán para que le entregaran los medicamentos que requiere, le informaron que no se podía continuar con ese requerimiento porque su marido figuraba inscripto como "Monotributista Social".
Esa figura legal es generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para todos los cooperativistas que ingresan al programa "Argentina Trabaja". De esta manera, quedan exentos del pago de impuestos y pueden recibir el subsidio que les otorga la Nación, sin ningún tipo de descuento.
Según la documentación que presentó Cajal a este diario, un informe de antecedentes institucionales, provisto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el 11 de julio pasado, consigna que el Ministerio de Desarrollo Social informó que Cajal está efectivamente inscripto como monotributista social.
Los detalles
El matrimonio vive en el barrio San Alberto, en Alderetes. Sin embargo, la cooperativa en la que estaría inscripto Cajal tiene domicilio legal en San Miguel de Tucumán.
"Nunca trabajé en una cooperativa. El único beneficio del Gobierno que recibí fue el plan Jefas y Jefes de Hogar. Pero eso fue a principios de 2005 y me dieron de baja a mediados de 2007. Soy albañil y lo último que cobré fue un fondo de desempleo que me otorgaron cuando me despidieron de una empresa", remarcó el hombre.
Según el denunciante, la cooperativa en la que figura inscripto se llama "Caminemos Juntos". Y, de acuerdo con los datos que figuran en la AFIP, este grupo de trabajo permanece activo en la capital para "la realización de trabajos de construcción, reformas o reparaciones en edificios".
"Con mi esposa fuimos a una repartición de Desarrollo Social ubicada en calle San Martín al 1.900, pero no nos atendieron. Después fuimos al Banco Nación para ver si estaba inscripto y nos dijeron que hay una cuenta que figura a mi nombre pero que, para poder darle de baja, tengo que enviar un pedido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero yo nunca cobré un peso de esa cuenta y en el banco no me informaron si se había sacado el dinero que está a mi nombre. Usaron mi nombre y me están perjudicando", agregó.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia informaron que la repartición a la que Cajal dijo haber concurrido es una unidad operativa que responde a la Nación. Además, señalaron que hay vías habilitadas para denunciar este tipo de irregularidades en el sitio oficial del Ministerio y a través de una línea de teléfono gratuita, que está destinada a recibir este tipo de reclamos. Consultada por LA GACETA, la ministra Beatriz Mirkin prefirió no efectuar declaraciones sobre la denuncia, y remarcar que no estaba al tanto de esta supuesta irregularidad.
Cajal aclaró que no está afiliado a ningún partido político. "Esta situación perjudica a mi familia y quiero que se aclare", insistió.
No es la primera vez que surgen dudas respecto de la ejecución del plan Argentina Trabaja. Verónica Pedernera, una cooperativista de Banda del Río Salí, habló con LA GACETA en enero de 2010 y aseguró en ese momento que una puntera política de la zona le había quitado la tarjeta con la que debía cobrar los $ 1.200 mensuales por sus tareas desarrolladas dentro de la cooperativa. La Justicia ordenó allanamientos y detenciones en aquella oportunidad.
Según Cajal, esta situación habría comenzado el 18 de abril de 2011, cuando le dieron el alta como miembro de la cooperativa "Caminemos Juntos". Sin embargo, el hombre aseguró a LA GACETA que nunca se inscribió para ingresar en ese programa laboral que financia el Gobierno nacional. Esta situación -según añadió- también perjudica a su esposa, Daniela Flores, a la que le diagnosticaron artrosis. La mujer explicó que cuando intentó hacer un trámite administrativo en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán para que le entregaran los medicamentos que requiere, le informaron que no se podía continuar con ese requerimiento porque su marido figuraba inscripto como "Monotributista Social".
Esa figura legal es generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para todos los cooperativistas que ingresan al programa "Argentina Trabaja". De esta manera, quedan exentos del pago de impuestos y pueden recibir el subsidio que les otorga la Nación, sin ningún tipo de descuento.
Según la documentación que presentó Cajal a este diario, un informe de antecedentes institucionales, provisto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el 11 de julio pasado, consigna que el Ministerio de Desarrollo Social informó que Cajal está efectivamente inscripto como monotributista social.
Los detalles
El matrimonio vive en el barrio San Alberto, en Alderetes. Sin embargo, la cooperativa en la que estaría inscripto Cajal tiene domicilio legal en San Miguel de Tucumán.
"Nunca trabajé en una cooperativa. El único beneficio del Gobierno que recibí fue el plan Jefas y Jefes de Hogar. Pero eso fue a principios de 2005 y me dieron de baja a mediados de 2007. Soy albañil y lo último que cobré fue un fondo de desempleo que me otorgaron cuando me despidieron de una empresa", remarcó el hombre.
Según el denunciante, la cooperativa en la que figura inscripto se llama "Caminemos Juntos". Y, de acuerdo con los datos que figuran en la AFIP, este grupo de trabajo permanece activo en la capital para "la realización de trabajos de construcción, reformas o reparaciones en edificios".
"Con mi esposa fuimos a una repartición de Desarrollo Social ubicada en calle San Martín al 1.900, pero no nos atendieron. Después fuimos al Banco Nación para ver si estaba inscripto y nos dijeron que hay una cuenta que figura a mi nombre pero que, para poder darle de baja, tengo que enviar un pedido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero yo nunca cobré un peso de esa cuenta y en el banco no me informaron si se había sacado el dinero que está a mi nombre. Usaron mi nombre y me están perjudicando", agregó.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia informaron que la repartición a la que Cajal dijo haber concurrido es una unidad operativa que responde a la Nación. Además, señalaron que hay vías habilitadas para denunciar este tipo de irregularidades en el sitio oficial del Ministerio y a través de una línea de teléfono gratuita, que está destinada a recibir este tipo de reclamos. Consultada por LA GACETA, la ministra Beatriz Mirkin prefirió no efectuar declaraciones sobre la denuncia, y remarcar que no estaba al tanto de esta supuesta irregularidad.
Cajal aclaró que no está afiliado a ningún partido político. "Esta situación perjudica a mi familia y quiero que se aclare", insistió.
No es la primera vez que surgen dudas respecto de la ejecución del plan Argentina Trabaja. Verónica Pedernera, una cooperativista de Banda del Río Salí, habló con LA GACETA en enero de 2010 y aseguró en ese momento que una puntera política de la zona le había quitado la tarjeta con la que debía cobrar los $ 1.200 mensuales por sus tareas desarrolladas dentro de la cooperativa. La Justicia ordenó allanamientos y detenciones en aquella oportunidad.
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