El Gobierno busca en la Justicia una solución para los incendios

Tras las declaraciones del propio gobernador, José Alperovich, que reflejaron la limitación estatal frente a un problema complejo, como la quema desenfrenada de campos, el Gobierno decidió dejar de lado la postura preventiva y optar por el brazo de la Justicia provincial para poder hacer cumplir la Ley de Medio Ambiente y frenar la polución en la provincia. "No podemos seguir con la acción preventiva, vamos a actuar desde la Justicia", fue el mensaje que dio Alfredo Montalván, titular de la secretaría ambiental oficial, en la reunión con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, César Nieva, el jefe de Policía, Jorge Racedo, y representantes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, EDET, Transnoa y Transener, y otros funcionarios de diferentes reparticiones gubernamentales.

El cambio de dirección, en momentos en que las críticas a la política ambiental oficial crecen, tuvo su efecto a las pocas horas. En la localidad de Ranchillos, se detuvo a un joven de 19 años por ser el presunto autor de la quema de una finca llamada "La Romana", en la zona sur tucumana. Así lo confirmó la Jefatura de la Policía de Tucumán, que informó que el individuo fue "sorprendido" por el capataz del campo que pertenece a la firma agrícola RS y Budeguer. El encuentro entre funcionarios y directivos de las empresas de distribución y transporte de electricidad se llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Allí, Montalván explicó que las actuaciones administrativas de Medio Ambiente serán trasladadas al "orden judicial".

"Vamos a efectuar todas las medidas en el lugar del hecho: al ser sorprendido en flagrante delito, la detención de las personas. Luego se llevarán adelante las actuaciones conforme a las instrucciones (judiciales) que se den a efecto de determinar la autoría", dijo el subsecretario de Seguridad Ciudadana. Según Nieva, la Policía de Tucumán también colabora con la Justicia Federal en casos de investigaciones ante la quema de cañaverales. En la actualidad, existen 40 denuncias por esta práctica en la provincia. "En algunas actuaciones se conocen el nombre del propietario del campo y en otras, se solicitó a (la Dirección de) Catastro provincial que confirme la titularidad del lugar", agregó. Oscar Mealla, gerente operativo de Transnoa, afirmó que el Gobierno "tiene que tomar medidas para resolver el fuego" en los campos, aunque remarcó que la reunión ha generado expectativas ante el problema. "Hace 20 años que estamos (por la empresa) en Tucumán y se sigue con la quema cuando afecta la línea. Hicimos denuncias pero no tuvimos respuestas luego sobre el avance de las causas", agregó el directivo respecto de las presentaciones en la Justicia Federal.

Por otro lado, el fiscal Federal, Gustavo Gómez, hizo hincapié ayer en una entrevista en radio Q que el Poder Ejecutivo provincial puede actuar como querellante en las causas de quema, en el fuero Federal, ante el "grave perjuicio" en la salud de la población. En tanto, Hugo Cabral, defensor del Pueblo, anunció que hoy formulará denuncia en los Tribunales por la quema de caña en la zona de Bella Vista.

El fiscal Gómez ratifica la potestad de la Justicia Federal

El fiscal Federal, Gustavo Gómez, ratificó la competencia de la Justicia Federal en la quema de cañaverales, al explicar que esa potestad legal está establecida en el artículo 58 de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051. "En 10 años abrí causas penales por la quema en zafra; algunas veces con más y otras con menos éxito. Hemos llegado a procesar y a elevar a juicio algún caso (...) La quema de cañaverales se redujo años atrás por una reacción judicial. Pero a partir de que estos temas no prosperaron en el ámbito de la Justicia Federal porque el juez de primera instancia no estuvo de acuerdo, al igual que el juez Federal, se ha incrementado la cantidad de quema", remarcó en una entrevista a radio Q. Según Gómez, hasta hace dos años hubo una "gran actividad" de control a partir del trabajo de la división Medio Ambiente de la Policía provincial. "Los oficiales del área hasta abrieron causas penales de oficio", recordó. Comentó, sin embargo, que la Policía no remitió en lo que va del año ningún caso en el que se haya iniciado una investigación por quema de cañaveral, a pesar que el artículo 184 del Código Procesal Penal obliga a la fuerza a actuar en caso de delito in fraganti.

PUNTO DE VISTA

Los peligros de los incendios y su tipificación

Por Luis Iriarte - Abogado constitucionalista

El Código Penal tipifica como delito la quema de caña (art.186), fijando penas de reclusión o prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes. El incendio sólo se pune como delito contra la seguridad común, si es un medio empleado o que haya repercutido en la creación de un peligro común. 

El incendio del artículo 186 es un fuego peligroso, a raíz de su expandibilidad. En nuestra provincia, la reiteración y agudización de la quema de caña en época de zafra reveló extrema peligrosidad por afectar bienes privados, la salud de la población y cables de alta tensión, provocando apagones masivos de luz. 

En Tucumán, rige la ley 6.253 que prohibe en todo el territorio provincial la quema de vegetación enraizada, para evitar la degradación de los suelos, de la atmósfera, la salud y el desequilibrio del ecosistema, prohibiéndose a los ingenios recibir caña quemada para consolidar la efectividad de esta prohibición y evitar su consumación. Ningún gobernador está habilitado para "reglamentar" una norma del Código Penal, competencia que solo tiene el Ejecutivo Federal (art.99, inc.2º, CN). 

El gobernador José Alperovich dictó un decreto groseramente inconstitucional (el que lleva el Nº 795/ 3 (MDP) de fecha 15 de abril de 2005) por el cual autoriza, con carácter "transitorio", esta práctica delictiva, ordenando que se habilite un Registro de Productores Cañeros, donde deben inscribirse los productores que utilicen la quema de caña como método de cosecha, reduciendo esta práctica a un ritmo del 5% del área cada año, "de tal manera que al final de 20 años la práctica esté totalmente eliminada. 

El porcentaje de disminución se aplicará a cada fundo cañero considerado individualmente (artículo 4º, decreto citado). Alperovich, con este decreto, evidenció violación a sus deberes de funcionario público, habilitando la comisión de hechos delictivos, por lo cual debe ser juzgado y condenado por la Justicia, por ser el único responsable del daño a la salud y bienes de los tucumanos". 

Alperovich, en los considerandos de su decreto, hace referencia a que eliminar el fuego en los cultivos de caña importa "una desventaja operativa que incide sobre los costos de producción, procesamiento y competitividad" de esta explotación. 

Alperovich habilita delinquir por la ventaja de sus costos económicos. Una barbaridad aterradora.