21 Agosto 2013
Hace casi tres años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó un fallo en el que marcó que el proceso previsto por el Código de Contravenciones Policiales (CCP) tucumano no respetaba los estándares mínimos previstos en la Constitución nacional.
Pero, en otro párrafo, el alto tribunal argentino instó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a que dictara una nueva sentencia respecto a esa causa, iniciada en 2005, ya que en el fallo original, los jueces supremos locales le habían dado la razón a la Provincia en la disputa judicial.
Como desde el Palacio de Tribunales todavía no emitieron la nueva resolución, la Asociación de Pensamiento Penal (ONG integrada por operadores del sistema penal de todo el país) presentó un amicus curiae para apurar ese trámite. Además, se instó a los tres poderes del Estado "a adecuar la normativa contravencional, ya que la actual vulnera derechos básicos de raigambre constitucional y convencional".
El escrito fue elevado la semana pasada a la CSJT, y lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Alberto Juliano (presidente) y Nicolás Laino (secretario general).
Los letrados valoraron el instituto del amicus curiae ("amigos del tribunal"), que permite a "sujetos ajenos a un proceso judicial pero con un interés legítimo en la cuestión (...) expresar sus opiniones al respecto con el fin de brindar aportes trascendentes para la dilucidación del caso".
La ONG intervino por la causa "Núñez", abierta en 2005, cuando un joven fue arrestado en el barrio Juan XXIII ("La Bombilla") luego de pelear durante un partido de fútbol. La Policía lo llevó a un calabozo utilizando las potestades del Código de Contravenciones Policiales, normativa creada durante la última dictadura para regular y sancionar las faltas sociales.
La ONG Andhes asumió la defensa del joven, y recibió un fallo favorable del entonces juez de Instrucción, Alfonso Zottoli (hoy camarista). Sin embargo, la CSJT dio vuelta el fallo, y le dio la razón al Gobierno de la Provincia. Por fin, el 5 de octubre de 2010, la CSJN cuestionó el proceso contravencional vigente, en el que el jefe de Policía es juez y parte, y el imputado es privado de la libertad sin la inmediata intervención judicial. En esa sentencia, el alto tribunal de la Nación también instó a los magistrados tucumanos "a que dictaran una nueva sentencia conforme a derecho", recordó Andhes.
En el amicus curiae, la Asociación de Pensamiento Penal destacó que "el subsistema contravencional se ha transformado en una suerte de reserva peligrosista y autoritaria del sistema penal". "Máxime cuando queda desprovista de todo control judicial inmediato y eficaz. Es imprescindible revestir de adecuadas garantías a la actuación de la agencia policial. Sabido es que dicha agencia ejerce en forma cotidiana la violencia, más allá de la legitimidad o de la ilegitimidad de su actuación", agregó la ONG.
En Andhes celebraron el apoyo de la institución de penalistas. "La presentación de la Asociación de Pensamiento Penal es un nuevo llamado de atención para los tres poderes del Estado provincial, que durante este tiempo no realizaron acciones tendientes a adecuar la legislación contravencional. Esta, sin embargo, sí sufrió cambios para incorporar nuevas conductas reprochables", afirmó Lucía Doz Costa, de área de Seguridad de Andhes.
Pero, en otro párrafo, el alto tribunal argentino instó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a que dictara una nueva sentencia respecto a esa causa, iniciada en 2005, ya que en el fallo original, los jueces supremos locales le habían dado la razón a la Provincia en la disputa judicial.
Como desde el Palacio de Tribunales todavía no emitieron la nueva resolución, la Asociación de Pensamiento Penal (ONG integrada por operadores del sistema penal de todo el país) presentó un amicus curiae para apurar ese trámite. Además, se instó a los tres poderes del Estado "a adecuar la normativa contravencional, ya que la actual vulnera derechos básicos de raigambre constitucional y convencional".
El escrito fue elevado la semana pasada a la CSJT, y lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Alberto Juliano (presidente) y Nicolás Laino (secretario general).
Los letrados valoraron el instituto del amicus curiae ("amigos del tribunal"), que permite a "sujetos ajenos a un proceso judicial pero con un interés legítimo en la cuestión (...) expresar sus opiniones al respecto con el fin de brindar aportes trascendentes para la dilucidación del caso".
La ONG intervino por la causa "Núñez", abierta en 2005, cuando un joven fue arrestado en el barrio Juan XXIII ("La Bombilla") luego de pelear durante un partido de fútbol. La Policía lo llevó a un calabozo utilizando las potestades del Código de Contravenciones Policiales, normativa creada durante la última dictadura para regular y sancionar las faltas sociales.
La ONG Andhes asumió la defensa del joven, y recibió un fallo favorable del entonces juez de Instrucción, Alfonso Zottoli (hoy camarista). Sin embargo, la CSJT dio vuelta el fallo, y le dio la razón al Gobierno de la Provincia. Por fin, el 5 de octubre de 2010, la CSJN cuestionó el proceso contravencional vigente, en el que el jefe de Policía es juez y parte, y el imputado es privado de la libertad sin la inmediata intervención judicial. En esa sentencia, el alto tribunal de la Nación también instó a los magistrados tucumanos "a que dictaran una nueva sentencia conforme a derecho", recordó Andhes.
En el amicus curiae, la Asociación de Pensamiento Penal destacó que "el subsistema contravencional se ha transformado en una suerte de reserva peligrosista y autoritaria del sistema penal". "Máxime cuando queda desprovista de todo control judicial inmediato y eficaz. Es imprescindible revestir de adecuadas garantías a la actuación de la agencia policial. Sabido es que dicha agencia ejerce en forma cotidiana la violencia, más allá de la legitimidad o de la ilegitimidad de su actuación", agregó la ONG.
En Andhes celebraron el apoyo de la institución de penalistas. "La presentación de la Asociación de Pensamiento Penal es un nuevo llamado de atención para los tres poderes del Estado provincial, que durante este tiempo no realizaron acciones tendientes a adecuar la legislación contravencional. Esta, sin embargo, sí sufrió cambios para incorporar nuevas conductas reprochables", afirmó Lucía Doz Costa, de área de Seguridad de Andhes.
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