27 Agosto 2013
Casi dos semanas pasaron desde que las 227 viviendas del barrio Judicial en Los Pocitos fueron entregadas. Sin embargo, los más de 100 presuntos adjudicatarios que quedaron fuera del convenio de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) con el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados.
Carlos Garmendia llevará adelante la demanda contra el gremio.
El miércoles pasado, al menos 80 personas se manifestaron en el ingreso vehicular del Palacio de Tribunales, citados por la referente de los empleados judiciales.
La reunión nunca se produjo, puesto a que Altuve se encontraba en Buenos Aires. Los reclamantes, que denuncian desde 2010 una supuesta estafa por reventa de parte del gremio, se mostraron indignados ya que, tras una hora de espera, nadie había salido a recibirlos. Recién a las 21.20, el empleado gremial Néstor José Guerrero salió hasta el puesto de seguridad de la sede de la Justicia provincial para confirmar lo que los manifestantes ya conocían: las viviendas del flamante barrio se entregaron el fin de semana anterior. El jueves, Altuve respondió por teléfono a este diario que la defraudación no existía, y que no toleraría "difamaciones gratuitas". "Estamos averiguando para conocer quién manda a esta gente. Nosotros solucionamos problemas de vivienda. No hemos engañado a nadie. Esta gente fue sólo a agraviar", declaró -enfática- la titular del gremio.
El viernes, los presuntos adjudicatarios realizaron una marcha frente al Instituto de Vivienda. Antes de cortar la calle, fueron recibidos por el subinterventor Miguel Jiménez Augier, quien les indicó que el gremio, como entidad intermedia, es el responsable de la elaboración de la lista de adjudicatarios definitivos.
Carlos Garmendia llevará adelante la demanda contra el gremio.
El miércoles pasado, al menos 80 personas se manifestaron en el ingreso vehicular del Palacio de Tribunales, citados por la referente de los empleados judiciales.
La reunión nunca se produjo, puesto a que Altuve se encontraba en Buenos Aires. Los reclamantes, que denuncian desde 2010 una supuesta estafa por reventa de parte del gremio, se mostraron indignados ya que, tras una hora de espera, nadie había salido a recibirlos. Recién a las 21.20, el empleado gremial Néstor José Guerrero salió hasta el puesto de seguridad de la sede de la Justicia provincial para confirmar lo que los manifestantes ya conocían: las viviendas del flamante barrio se entregaron el fin de semana anterior. El jueves, Altuve respondió por teléfono a este diario que la defraudación no existía, y que no toleraría "difamaciones gratuitas". "Estamos averiguando para conocer quién manda a esta gente. Nosotros solucionamos problemas de vivienda. No hemos engañado a nadie. Esta gente fue sólo a agraviar", declaró -enfática- la titular del gremio.
El viernes, los presuntos adjudicatarios realizaron una marcha frente al Instituto de Vivienda. Antes de cortar la calle, fueron recibidos por el subinterventor Miguel Jiménez Augier, quien les indicó que el gremio, como entidad intermedia, es el responsable de la elaboración de la lista de adjudicatarios definitivos.
Lo más popular
