Fondos para derechos humanos

BUENOS AIRES.- El Estado nacional comprometió un aporte de hasta $ 240.000 anuales para la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas para solventar el desarrollo de estudios e investigaciones y la difusión de información sobre la represión ilegal y las violaciones a los derechos humanos. Para ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, suscribió un convenio con la titular de la Asociación Civil de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela Boitano. Según explicó Alak, "para el Gobierno nacional no hay vuelta atrás en la búsqueda de Justicia, porque omitirla significaría ser cómplice del Estado terrorista de la dictadura militar, que puso en práctica una sanguinaria maquinaria represiva ilegal que dejó como legado una generación diezmada y un país devastado". Consideró que el acuerdo significa también "reconocer y valorar el trabajo de la organización surgida en 1976 en Córdoba". (Télam)

Jaime se declara inocente

CÓRDOBA.- El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime negó ayer cualquier relación laboral con la empresa Cerro Motos, que estaría vinculada a uno de los hijos del ministro de Planificación, Julio De Vido, al tiempo que ratificó que es inocente del cargo que se le imputa. Jaime asistió como imputado en la primera jornada del juicio oral en Córdoba por el Tribunal Oral Federal 2, por el delito de tentativa de sustracción de documentos destinados a servir como prueba (habría escondido tarjetas personales de director gerente de Cerro Motos), que prevé una pena máxima de tres años de cárcel. (DyN)

Yoma en la mira de la Justicia

BUENOS AIRES.- La Justicia Federal porteña reclamó a su par riojana el envío de un expediente judicial en el que supuestamente se sobreseyó por enriquecimiento ilícito al diputado nacional Jorge Yoma (foto) y que, según se informó, se habría extraviado tras prestárselo a un defensor del imputado. El reclamo provino del Juzgado Federal 7 de Capital Federal, que tramita una denuncia por supuesto enriquecimiento presentada contra Yoma por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, según fuentes judiciales. La denuncia penal contra Yoma se efectuó en 2004 a través de la FIA e inicialmente estuvo a cargo del juez Norberto Oyarbide, que subrogó el juzgado que ahora ocupa Casanello. (Télam)