31 Agosto 2013
ACUSADO. Manlio Martínez fue juez federal durante la dictadura. LA GACETA / FOTO DE A. JARAMILLO (ARCHIVO)
El ex juez federal Manlio Torcuato Martínez fue procesado por presunta asociación ilícita, en el marco de la investigación por la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, según dio a conocer el sitio web oficial www.fiscales.gob.ar.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (CFAT) confirmó la medida judicial sobre el ex juez por los supuestos delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada; todo ello como autor material. Además, lo procesó como presunto miembro de la asociación ilícita que actuó en el último gobierno militar.
"No me sorprendió esta decisión. Yo la había recusado a la vocal (de la CFAT, Graciela) Fernández Vecino, pero ella no quiso excusarse. Todo esto es obra de ella, y no resiste el menor análisis", aseguró el ex magistrado, en diálogo con LA GACETA, respecto a la decisión judicial. Martínez aseguró que se pretende "imponer una brutal hegemonía de la mentira, en desmedro de documentos que acreditan lo contrario a lo que se está diciendo (sobre mí)". "Lo más grave es que califica a las Fuerzas Armadas en asociación ilícita, y no se especifica nada. ¿Quiénes son mis supuestos socios? Nadie lo dice", protestó el ex juez federal.
Desde la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público provincial indicaron que, con la confirmación y ampliación de este procesamiento, "el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente".
De acuerdo al tribunal, Martínez actuó "garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores".
La resolución de la CFAT fue adoptada en la causa "Romero Niklison", sobre la ejecución -el 20 de mayo de 1976- de los militantes de Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, en una casa en Azcuénaga al 1.800.
La Cámara Federal -con los votos de los jueces Ernesto Clemente Wayar, Juan Carlos Reynaga y Graciela Fernández Vecino- puntualizó que esa conducta del ex magistrado "fue realizada con el propósito de consolidar el hecho de que los autores de los homicidios (delitos de lesa humanidad) permanezcan fuera del alcance de la justicia". A su vez, señalaron, esto configuraría el delito de encubrimiento.
Por esta causa se condenó en un juicio anterior a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz, en 2010. María Alejandra Romero Niklison, hija de María Alejandra Niklison y querellante en la causa, dijo que aún no recibió la notificación correspondiente, y que se enteró por los medios de comunicación.
Al ex juez también se lo imputa por haber dispuesto la presunta persecución penal del propietario de la vivienda en la que sucedieron las ejecuciones, Miguel Romano.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (CFAT) confirmó la medida judicial sobre el ex juez por los supuestos delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada; todo ello como autor material. Además, lo procesó como presunto miembro de la asociación ilícita que actuó en el último gobierno militar.
"No me sorprendió esta decisión. Yo la había recusado a la vocal (de la CFAT, Graciela) Fernández Vecino, pero ella no quiso excusarse. Todo esto es obra de ella, y no resiste el menor análisis", aseguró el ex magistrado, en diálogo con LA GACETA, respecto a la decisión judicial. Martínez aseguró que se pretende "imponer una brutal hegemonía de la mentira, en desmedro de documentos que acreditan lo contrario a lo que se está diciendo (sobre mí)". "Lo más grave es que califica a las Fuerzas Armadas en asociación ilícita, y no se especifica nada. ¿Quiénes son mis supuestos socios? Nadie lo dice", protestó el ex juez federal.
Desde la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público provincial indicaron que, con la confirmación y ampliación de este procesamiento, "el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente".
De acuerdo al tribunal, Martínez actuó "garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores".
La resolución de la CFAT fue adoptada en la causa "Romero Niklison", sobre la ejecución -el 20 de mayo de 1976- de los militantes de Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, en una casa en Azcuénaga al 1.800.
La Cámara Federal -con los votos de los jueces Ernesto Clemente Wayar, Juan Carlos Reynaga y Graciela Fernández Vecino- puntualizó que esa conducta del ex magistrado "fue realizada con el propósito de consolidar el hecho de que los autores de los homicidios (delitos de lesa humanidad) permanezcan fuera del alcance de la justicia". A su vez, señalaron, esto configuraría el delito de encubrimiento.
Por esta causa se condenó en un juicio anterior a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz, en 2010. María Alejandra Romero Niklison, hija de María Alejandra Niklison y querellante en la causa, dijo que aún no recibió la notificación correspondiente, y que se enteró por los medios de comunicación.
Al ex juez también se lo imputa por haber dispuesto la presunta persecución penal del propietario de la vivienda en la que sucedieron las ejecuciones, Miguel Romano.
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