04 Septiembre 2013
La auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) a la gestión de Miguel Ángel Brito al frente de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) sorprendió al ex funcionario, que renunció el año pasado a ese cargo, justamente, tras observaciones del ente de control en obras previstas para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno.
El informe, que señala irregularidades en 86 trabajos sobre 423 inspeccionados, fue cuestionado ayer por Brito, en diálogo con LA GACETA. "Me asombra que ahora se salga con todo esto. Estoy tranquilo, porque estaba todo aprobado por ellos mismos. ¿Cómo van a decir que había obras inconclusas?", sostuvo el ex jefe de la DAU.
"Ha tomado estado público el informe que elevó el Honorable Tribunal de Cuentas a la Justicia sobre el período en que fui director de esa repartición. Y lo que se desprende de todo esto es que yo no he iniciado ninguna obra, ni he comprado material, ni contratado servicios sin el previo consentimiento del organismo de control", destacó Brito. Y afirmó que cuando la Legislatura sancionó la ley 7.960, que habilita a la DAU a hacer contratos directos por hasta $ 150.000 en casos de urgencia, lo hizo teniendo en cuenta los controles del TC. "No se evita la Ley de Obras Públicas", aseguró.
El actual asesor del senador Sergio Mansilla (PJ) afirmó que el ente de contralor tiene cuatro instancias revisoras. La primera, al analizar la urgencia del pedido, el proyecto y el presupuesto. "El pedido tenía que venir de una jerarquía mayor. Las obras que se hicieron al amparo de la ley 7.960 nacen por pedido de legisladores, concejales o funcionarios", indicó. Luego, se procedía al cotejo de precios. "Es la segunda intervención del TC. La ley exige tres casas del medio, pero yo agregaba dos más para tratar de minimizar costos", añadió. Además, indicó que los ingenieros fiscales tenían "presencia permanente en las obras". "La orden de pago también era intervenida por el TC. Es su tercera participación en el proceso", indicó. Luego, resaltó que la Secretaría de Obras Públicas, que depende de Oscar Mirkin, y el Ministerio de Economía, a cargo de Jorge Jiménez, también debían dar el visto bueno. Finalmente, según Brito, el TC debía autorizar todo el expediente, en el cuarto y último paso. "Como director, yo intervenía al declarar la urgencia de la obra y, luego, en el cotejo de precios. Ellos tenían cuatro ocasiones. ¿Dónde están las observaciones?", apuntó.
El informe, que señala irregularidades en 86 trabajos sobre 423 inspeccionados, fue cuestionado ayer por Brito, en diálogo con LA GACETA. "Me asombra que ahora se salga con todo esto. Estoy tranquilo, porque estaba todo aprobado por ellos mismos. ¿Cómo van a decir que había obras inconclusas?", sostuvo el ex jefe de la DAU.
"Ha tomado estado público el informe que elevó el Honorable Tribunal de Cuentas a la Justicia sobre el período en que fui director de esa repartición. Y lo que se desprende de todo esto es que yo no he iniciado ninguna obra, ni he comprado material, ni contratado servicios sin el previo consentimiento del organismo de control", destacó Brito. Y afirmó que cuando la Legislatura sancionó la ley 7.960, que habilita a la DAU a hacer contratos directos por hasta $ 150.000 en casos de urgencia, lo hizo teniendo en cuenta los controles del TC. "No se evita la Ley de Obras Públicas", aseguró.
El actual asesor del senador Sergio Mansilla (PJ) afirmó que el ente de contralor tiene cuatro instancias revisoras. La primera, al analizar la urgencia del pedido, el proyecto y el presupuesto. "El pedido tenía que venir de una jerarquía mayor. Las obras que se hicieron al amparo de la ley 7.960 nacen por pedido de legisladores, concejales o funcionarios", indicó. Luego, se procedía al cotejo de precios. "Es la segunda intervención del TC. La ley exige tres casas del medio, pero yo agregaba dos más para tratar de minimizar costos", añadió. Además, indicó que los ingenieros fiscales tenían "presencia permanente en las obras". "La orden de pago también era intervenida por el TC. Es su tercera participación en el proceso", indicó. Luego, resaltó que la Secretaría de Obras Públicas, que depende de Oscar Mirkin, y el Ministerio de Economía, a cargo de Jorge Jiménez, también debían dar el visto bueno. Finalmente, según Brito, el TC debía autorizar todo el expediente, en el cuarto y último paso. "Como director, yo intervenía al declarar la urgencia de la obra y, luego, en el cotejo de precios. Ellos tenían cuatro ocasiones. ¿Dónde están las observaciones?", apuntó.
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