"El Tribunal no puede alegar irregularidades"

Roberto Bianchi, jubilado ex subdirector de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y docente universitario, asegura que no está acostumbrado a la exposición mediática. Pero tras la difusión de una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) que dio cuentas de anomalías en la gestión de Miguel Ángel Brito, a quien secundaba en la DAU, Bianchi decidió pedir la palabra para dar su versión de los hechos.

- Uno de los expedientes cuestionados por el TC habla de la instalación de 50 rampas para discapacitados en la esquina de calle Corrientes y pasaje Padre Roque Correa. ¿Cómo pasó esto?

- Por lo general, los pedidos de estos trabajos surgen desde los vecinos, que son apoyados por algún funcionario, legislador o comisionado rural. Se trata de necesidades que tiene la ciudad para poder funcionar. Un artículo de LA GACETA habla de ese expediente, y menciona que son 50 rampas para una esquina. Pero esas carpetas tienen un nombre propio; cuando uno va a hacer un trabajo de rampas, no hay un lugar específico (predeterminado). Esto va creciendo de acuerdo a las necesidades que surjan, y va acompañado de un proceso de construcción de cordón cuneta, que se van fabricando por expedientes separados, y eso es otro problema. Por eso, pensar que uno autoriza 50 rampas para discapacitados en una sola esquina es una utopía. Yo no sé porqué el TC hace ese tipo de mención.

- ¿Estas tareas fueron realizadas sobre la base de la ley 7.960, que permite a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo contrataciones directas por hasta $ 150.000 en casos de urgencia?

- Sí, manejar un expediente de estas características, fuera el monto que fuera, no es como las demás trabajos. Y esto es porque aplicamos la ley 7.960. Todos sabemos que las obras públicas por licitación tienen un comienzo y un final preestablecidos, y se certifica el avance en un cronograma. Así, se desembolsa parcialmente hasta totalizar el monto. La ley 7.960, en tanto, tiene un solo desembolso. En el caso particular de las rampas, estamos hablando de 840 rampas, que son unas 100 de esquinas (van ocho plataformas por intersección). Lógicamente, no puede estar en un programa de colocación, porque las rampas van por un lado y el cordón cuneta por otro; tampoco está definido el (curso de la edificación del) cordón cuneta. Entonces no es un expediente normal, que se pueda definir en el tiempo. Queda abierto. Eso no quiere decir ni que el contratista que debía proveer los materiales ni el que debía construir la obra hayan culminado su obligación. El Estado tiene resortes para embretarlos, para hacerlos que terminen.

- ¿Piensa que toda esta polémica merece alguna intervención por parte de la DAU como institución?

- Por el momento, tenemos el informe del Tribunal de Cuentas, que puede ser válido o no, eso no se discute. Pero sí deberíamos tener un informe de la Dirección de Arquitectura como organismo. Acá no se trata del arquitecto Bianchi como ejecutor de un expediente que no existe; se trata en parte de toda una institución que participó en los trabajos, y amerita una participación. A mi parecer, es una obligación de la DAU aclarar, con sus instrumentos y profesionales, cuál es la real situación de la obra. Porque si no puede pasar que tengamos una sola versión, que será la del TC, y quizás allí se den por ciertas verdades a medias.

- ¿Pudo acceder a los expedientes para ver dónde estaban las rampas?

- No. Me cuesta mucho armar mi defensa porque no tengo el expediente a la vista. Hay que analizar cómo ha sido gestionado el proyecto, quién lo ha pedido, y cómo se le dio forma. Entonces, es importante que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo tome parte en la situación de forma activa, haciendo un informe de parte; es importante, porque es una institución del Estado.

- ¿Qué opina de la auditoría del Tribunal de Cuentas?

- No la tengo a la vista. Pero surge una incongruencia, porque el Tribunal de Cuentas interviene desde que nace el expediente. Tiene cuatro instancias de control, y no puede alegar irregularidades manifiestas en esta instancia, sobre todo cuando no se trata de controles preventivos. Es un mecanismo válido, por supuesto, pero no pueden decir livianamente las cosas de esta forma. En Tucumán hay unas 64.000 esquinas. ¿Han inspeccionado todas, o es una suposición que no están todas las rampas? No estoy en condiciones de asegurar que están colocadas al 100%, porque no tengo el expediente a la vista.

- ¿Usted también autorizó el proyecto de restauración de la fachada de Casa de Gobierno, el año pasado, que derivó en la renuncia de Brito?

- Esa es otra fantasía, porque el expediente nunca nació. Fue como un pedido de anhelo, que surgió de Casa de Gobierno para festejar el Bicentenario de la sede. Cuando se hizo aquí la Cumbre del Mercosur (en 2008), la empresa Phillips International puso la plata y toda la iluminación del edificio. Puso las luminarias importadas, que eran carísimas. Costaban unos $ 3.000 cada una. Y una de las cláusulas que había puesto la firma era que cuando una de las luminarias se quemara había que reemplazarla por otra idéntica. En ese momento yo estaba a cargo de la DAU (Brito se encontraba en EEUU, de vacaciones) y por la urgencia de la situación elevamos el presupuesto al TC. Se devolvió la carpeta, y Brito la ratificó. Pero los auditores insistían que había un sobreprecio de casi 125%, cuando comparaban esas luminarias importadas con otras locales.

- ¿Piensa que puede encontrar todas las rampas colocadas?

- Quiero solicitar a título personal a los vecinos que, al no tener a la vista la documentación de esa obra, por favor me acerquen información acerca de dónde hay rampas, sobre todo aquellas que llevan la inscripción de la DAU. Mi correo electrónico para que remitan esa información es [email protected].

Piden a la Justicia que investigue a un funcionario por obras en el club Natación

Las declaraciones del ex director de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Brito, dieron pie a una denuncia penal en contra de un funcionario alperovichista. El peronista disidente Enrique Fernando Romero presentó un escrito en la mesa de entradas de los Tribunales, en el que señala a Raúl Basilio, titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, malversación de fondos y otros". Según el dirigente del partido "Perón", estos hechos se produjeron en la ejecución del proyecto para construir un estadio de hockey de Natación y Gimnasia en el parque 9 de Julio. En 2011, la Legislatura aprobó (Ley N° 8.475) un subsidio de $ 10 millones para que el club llevara a cabo la obra, en un sector donado por el Estado. Luego, el Concejo Deliberante capitalino avaló este plan. "Al ser el club Natación y Gimnasia una persona jurídica de carácter privado, los únicos que pueden hacer uso de sus instalaciones son sólo sus socios (...). Estamos frente a un beneficio privado, y no ante el bien común de los ciudadanos", indicó Romero. El peronista disidente objetó luego que la norma permita la contratación directa para esos trabajos. "Basilio no sólo es titular de la DPV, también es vicepresidente de Natación y Gimnasia, y su hermana es abogada del Tribunal de Cuentas (TC). Miguel (Chaibén) Terraf es presidente (del ente de control), e integra la Junta Electoral establecida en el mismo club, que proclamó a Basilio como vice", indicó Romero. Y agregó: "aparte de que el TC no puede intervenir, estaríamos frente al típico caso del jugador de fútbol que patea el córner y quiere cabecear la pelota, o ser juez y parte, ya que Basilio es el que gasta los $ 10 millones y a la vez controla el gasto del club", indicó. Además, apuntó que se usaron máquinas de la repartición para hacer trabajos.

Brito había solicitado al TC que hiciera un informe en la obra del club Natación y Gimnasia. "No hay problema", replicó Basilio.