22 Septiembre 2013
PLEITO. Romero Lascano confía en que se le dará el recurso extraordinario. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHEWZ NOLI (ARCHIVO)
Eduardo Romero Lascano, uno de los jueces denunciados por presunto mal desempeño por Susana Trimarco, acudirá en los próximos 10 días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con el objetivo de frenar el proceso de destitución en su contra.
El vocal de la Sala II del fuero penal, en diálogo con LA GACETA, evitó las críticas hacia el alto tribunal local, conformado por camaristas en lo Contencioso Administrativo, por la sentencia que echó por tierra su planteo de amparo. "Cada tribunal falla de acuerdo a su criterio; en ese sentido, voy a ser respetuoso de mis colegas", aseveró Romero Lascano. A la vez, aclaró que no cambió su opinión respecto al trámite de remoción.
"(La normativa) que impide al señor gobernador (José Alperovich) a integrar el Jurado de Enjuiciamiento es clara, pero hay una contradicción al darle un representante al mandatario, a través del fiscal de Estado; este actuará según las instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, y eso para mí es inconstitucional", enunció el magistrado, respecto al primer punto de su queja.
Además, insistió en que la designación de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) Daniel Posse y René Goane como representantes del alto tribunal en el Jury, cuando integraban el Consejo Asesor de la Magistratura -cargos excluyentes entre sí, según la ley- no puede ser subsanado. "Esto es una abierta violación a la Constitución. Cuando salió este tema en LA GACETA, la Corte se reunió, se anuló la acordada, (Posse y Gandur) renunciaron al CAM y volvieron a repetir la acordada. Pero eso es insanable", protestó Romero Lascano.
En diciembre, los vocales Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Romero Lascano absolvieron a 13 acusados del caso "Verón" por falta de pruebas. La madre de la víctima, tras esto, inició el trámite de destitución. "(Tras el fallo) se escuchó a la señora Trimarco y a sus abogados decir: 'juicio político para los jueces' y 'al tribunal lo han comprado'. Luego, se dio esa reunión entre ella y el gobernador en la Fundación (María de los Ángeles). Allí, la señora Trimarco pidió la cabeza del entonces ministro de Seguridad (Mario López Herrera), que se la dieron; los subsidios, que ya se los dieron; y las cabezas de los jueces, que es lo que le falta", indicó Romero Lascano. Además, recalcó que presentó auditorías de sus bienes en dos fiscalías de Instrucción para desestimar la denuncia de cohecho de Trimarco. "No puedo aceptar una versión 'Heidi' de los acontecimientos", destacó.
El vocal de la Sala II del fuero penal, en diálogo con LA GACETA, evitó las críticas hacia el alto tribunal local, conformado por camaristas en lo Contencioso Administrativo, por la sentencia que echó por tierra su planteo de amparo. "Cada tribunal falla de acuerdo a su criterio; en ese sentido, voy a ser respetuoso de mis colegas", aseveró Romero Lascano. A la vez, aclaró que no cambió su opinión respecto al trámite de remoción.
"(La normativa) que impide al señor gobernador (José Alperovich) a integrar el Jurado de Enjuiciamiento es clara, pero hay una contradicción al darle un representante al mandatario, a través del fiscal de Estado; este actuará según las instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, y eso para mí es inconstitucional", enunció el magistrado, respecto al primer punto de su queja.
Además, insistió en que la designación de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) Daniel Posse y René Goane como representantes del alto tribunal en el Jury, cuando integraban el Consejo Asesor de la Magistratura -cargos excluyentes entre sí, según la ley- no puede ser subsanado. "Esto es una abierta violación a la Constitución. Cuando salió este tema en LA GACETA, la Corte se reunió, se anuló la acordada, (Posse y Gandur) renunciaron al CAM y volvieron a repetir la acordada. Pero eso es insanable", protestó Romero Lascano.
En diciembre, los vocales Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Romero Lascano absolvieron a 13 acusados del caso "Verón" por falta de pruebas. La madre de la víctima, tras esto, inició el trámite de destitución. "(Tras el fallo) se escuchó a la señora Trimarco y a sus abogados decir: 'juicio político para los jueces' y 'al tribunal lo han comprado'. Luego, se dio esa reunión entre ella y el gobernador en la Fundación (María de los Ángeles). Allí, la señora Trimarco pidió la cabeza del entonces ministro de Seguridad (Mario López Herrera), que se la dieron; los subsidios, que ya se los dieron; y las cabezas de los jueces, que es lo que le falta", indicó Romero Lascano. Además, recalcó que presentó auditorías de sus bienes en dos fiscalías de Instrucción para desestimar la denuncia de cohecho de Trimarco. "No puedo aceptar una versión 'Heidi' de los acontecimientos", destacó.
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